Europa financió con cuatro millones de euros el puente sin uso del Puerto de València
El puente giratorio del puerto de València que ha supuesto un coste total de 36 millones de euros ha estado en el punto de mira de la Comisión Europea.
Como ha informado eldiario.es, la infraestructura permanece la práctica totalidad del año con sus brazos abiertos y por tanto sin uso, salvo cuando hay algún concierto multitudinario para dar acceso a la zona de eventos en la Marina Sur.
La construcción del puente, inaugurado a finales de 2001 por el entonces presidente del Gobierno valenciano, Eduardo Zaplana (PP), imputado en el caso Erial, tuvo un coste inicial de 14 millones euros de los cuales, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aportó 6 millones de euros, la Generalitat Valenciana 4 millones y la Unión Europea otros 4 a través de fondos FEDER.
El proyecto para el que se concedió esta subvención europea consistía en un puente levadizo de 98 metros de longitud que debía facilitar el paso de convoyes ferroviarios entre los transversales de los muelles de levante y poniente.
Esto cambió con la designación de València como sede de la 32 Copa América en 2005 momento en el que el puente levadizo se hizo fijo. En 2007, fue trasladado a la dársena del puerto y convertido en giratorio para satisfacer las necesidades del circuito urbano de Fórmula 1, perdiendo además el uso ferroviario.
Todas estas operaciones supusieron un coste adicional de 13 millones por la reubicación y de 9,5 millones por las obras complementarias, lo que junto a los 14 millones de la construcción suma un total de 36,5 millones de euros, tal y como refleja un reciente informe del Tribunal de Cuentas de los años 2007 a 2010, con el PP al frente de las administraciones valencianas y Rafael Aznar como presidente de la APV. El citado documento pone de relieve irregularidades y sobrecostes en las diferentes obras relacionadas con el puente.
En este contexto, la eurodiputada socialista, Inmaculada Rodríguez Piñero, preguntó a la Comisión Europea en mayo de 2015 si consideraba que la Generalitat Valenciana cometió entonces alguna irregularidad al destinar el puente a usos diferentes del fin para el cual recibió financiación europea.
La Comisión contestó que había abierto una investigación al respecto y meses más tarde, ante una nueva pregunta de Rodríguez Piñero, afirmó que finalmente no se apreciaba “base jurídica para aplicar una corrección financiera de los cambios introducidos en el proyecto en marzo de 2006”, puesto que como norma general las condiciones de los proyectos se deben mantener al menos cinco años desde que se conceden las ayudas.
“El plazo de cinco años a partir de la fecha de aprobación de la ayuda al proyecto expiró en 2004, dos años antes del cambio de las condiciones de ejecución del proyecto”, explica la Comisión en su respuesta.
