Famílies pel valencià denuncia censura y presiones de Educación a los centros que promueven el valenciano como lengua base

El colectivo 'Famílies pel valencià', que cuenta con más de siete mil familias adheridas, ha denunciado la orden de la inspección educativa de la Conselleria que dirige el popular José Antonio Rovira de retirar las pancartas en favor del valenciano de los centros educativos de la localidad de Oliva “a partir de la denuncia de una entidad valencianófoba”. La entidad ha querido enviar su solidaridad y respaldo a las comunidades educativas que ven como “se les ataca su libertad de expresión”.

'Famílies pel valencià' califica estos hechos de “censura” y como un “ataque frontal a la libertad de expresión”. Además, consideran que no se trata de un hecho aislado, ya que las “presiones” de la inspección educativa, “siguiendo órdenes de la conselleria, son constantes desde que los centros y las AMPA de todo el territorio se han posicionado mayoritariamente en defensa del valenciano”.

La conselleria “sólo está preocupada por coartar la libertad de expresión, cuando son acciones que van encaminadas a promocionar el valenciano en los centros educativos cuando debería ser la propia administración autonómica la que debería realizar esta tarea”. Además, acusa al departamento de Rovira de incumplir el Estatut d'Autonomia y la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencia.

Del mismo modo, la entidad critica el “cinismo” de la Conselleria de Educación que, a la vez que “presiona” a estos centros para que no se posicionen en defensa del valenciano, “envía a sus altos cargos a participar como ponentes en los actos de las entidades que defienden el voto al castellano en la consulta sobre la lengua base”.

Famílies pel valencià ha anunciado que en los próximos días presentará una reclamación a la conselleria para exigir el derecho de las familias a ser informadas por parte de los equipos directivos y del profesorado sobre su posicionamiento ante esta consulta que, en muchos casos, advierten, “supondrá un cambio significativo en el proyecto educativo de los centros, además de reivindicar la libertad de expresión en el seno de los centros educativos, así como para acabar con esta persecución contra las AMPA y los equipos de dirección de los centros”.

La comunidad educativa “tiene que estar muy tranquila”

“Los equipos directivos, el profesorado y las AMPA tienen que estar muy tranquilos de explicar las ventajas esta opción, a pesar de las advertencias que se están dando desde la conselleria y en algunos casos, las amenazas directas, que intentan censurarlos en su tarea pedagógica e informativa”. Así se explicaba el diputado de Compromís en las Corts, Gerard Fullana, que este viernes ha visitado Oliva para mostrar el apoyo de la coalición valencianista a los centros afectados.

Fullana, que ha calificado de “ilegales” las presiones de Educación, ha remarcado “que a menudo estas presiones y amenazas las trasladan entidades vinculadas y financiadas por la extrema derecha y el Partido Popular desde las instituciones”. “Es indignante que Mazón y Rovira, que se saltaron todos los protocolos y normativas de emergencias el 29 de octubre, vengan ahora a amenazar con denuncias a docentes que cuelguen un cartel de promoción del valenciano en su centro”, sostiene.

“Obligación de guardar imparcialidad”

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha recordado que los centros educativos “tienen la obligación de guardar imparcialidad ante cualquier proceso”, como el que se desarrollará para elegir la lengua base, al tiempo que ha negado que haya “presiones” desde su departamento.

El titular de Educación ha aseverado: “Ni hay coacciones ni hay amenazas ni hay presiones. Eso pertenece a épocas pasadas. La conselleria es absolutamente neutral en un proceso en el que lo importante es que las familias voten en libertad la lengua que quieran”.

Rovira ha señalado que la neutralidad en los centros educativos “no es de ahora, está contemplada desde hace muchos años”. Así, ha recordado que la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del derecho a la educación, en su artículo 18, señala que “todos los centros públicos desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución”.

“Los centros educativos públicos son administración y los docentes son funcionarios, por lo que están sujetos al deber de guardar neutralidad. Así lo señala también el Decreto Legislativo 5/2015, Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 52 que recoge los deberes de los empleados públicos y el Código de Conducta”, ha señalado.