La Fiscalía abre diligencias de investigación penal por un presunto expolio de agua en el Marjal de Pego-Oliva

En plena polémica por la gestión de los recursos hídricos en el parque andaluz de Doñana, donde el PP y Vox impulsan una ley autonómica para ampliar la superficie regable y por tanto regularizar pozos ilegales que están esquilmando el humedal, la Fiscalía provincial de València ha incoado diligencias de investigación penal por un presunto expolio de agua mediante dos pozos que abastecen al Marjal de Pego-Oliva.

En concreto, según el escrito con fecha del pasado 13 de febrero del ministerio público al que ha tenido acceso elDiario.es, la investigación surge como consecuencia de un escrito remitido por el representante de Acció Ecologista-Agró, Víctor Navarro, en el que “se relatan hechos que, a juicio del denunciante, serían constitutivos de infracción penal medioambiental, relacionados con la afección de bombeos de Aguas del Bullent al parque natural del Marjal Pego-Oliva”.

Por este motivo, “se acuerda incoar diligencias de investigación preprocesales al objeto de practicar cuantas actuaciones sean necesarias para determinar la eventual tipicidad de los hechos denunciados”.

Los hechos relatados en el escrito de denuncia ponen de relieve que “Aguas del Bullent, S.A. suministra agua potable para la zona de la playa de Oliva (Valencia) entre los ríos Bullent y Racons aprovechando dos pozos objeto de una concesión al Ayuntamiento de Oliva”, cuyo volumen máximo anual es de 440.000 metros cúbicos al año.

En el expediente, añade la denuncia, “consta un informe de la Oficina de Planificación Hidrográfica fechado el 25 de abril de 2006 en el que se dice que la compatibilidad de la concesión viene condicionada a (…) que no suponga afección negativa al marjal, debiendo estudiarse el cambio de ubicación de los sondeos en el caso de que así fuera”.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Oliva a instancias del Síndic de Greuges, “en 2013 se extrajeron 1.278.940 metros cúbicos, lo que supone casi el triple del volumen objeto de la concesión, y en los años siguientes los bombeos suponen más del doble de la concesión”. Además, “a pesar de no tener una disponibilidad legal de agua, el número de abonados de Aguas del Bullent ha ido aumentando desde 3.353 en 2012 hasta los 3.876 en 2021”.

¿Qué consecuencias ambientales puede ester este presunto expolio de agua? Según la denuncia, “el Estudio Hidrológico y Agronómico del Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva, Centro Valenciano de Estudios del Riego, Universidad Politécnica de Valencia de Febrero de 2002, los referidos bombeos, situados junto a los manantiales del río Bullent, agotan el caudal del río durante dos meses a partir de julio y, en consecuencia, el marjal de Pego-Oliva recibe menos agua de la que podría recibir”.

Además, “la masa de agua subterránea Oliva-Pego se considera, por la Confederación Hidrográfica del Júcar, en mal estado cuantitativo porque el bombeo total supera el recurso disponible”.

De esta forma, añade el escrito, lo referido supone un incumplimiento de la normativa del Parque Natural, según la cual, “con carácter general, quedan prohibidos aquellos usos y actividades que contribuyan a deteriorar la calidad de las aguas y disminuir su cantidad en los ecosistemas acuáticos, así como aquellas actuaciones, obras e infraestructuras que puedan dificultar el flujo hídrico o supongan manifiestamente un manejo no racional del mismo y de sus recursos naturales”.

Sobre la protección de aguas subterráneas advierte la normativa de que “la explotación de los acuíferos deberá ajustar las extracciones totales en el año medio con los recursos renovables estimados, con el objetivo de mantener lo más estable posible el nivel piezométrico. A tales efectos no se podrán realizar nuevas extracciones en un radio de 500 metros de las fuentes de los ríos Bullent y Racons; las nuevas captaciones en la Zona de Amortiguación de Impactos requerirán de evaluación de impacto ambiental”.

Según el denunciante, recientemente la Confederación Hidrográfica del Júcar ha abierto un expediente sancionador contra la empresa Aguas del Bullent por superar el volumen de agua potable autorizada.