La Fiscalía pide a la juez que archive la causa por el contrato de Vivienda con la empresa sospechosa de financiar al PSPV

La Fiscalía ha solicitado a la juez que investiga las presuntas irregularidades en el contrato de publicidad concedido por el Ministerio de Vivienda a la empresa Crespo Gomar, agencia que está siendo investigada por la presunta financiación ilegal al PSOE valenciano (PSPV), que acuerde su archivo. Una instrucción que a finales de agosto fue declarada compleja, por lo que su duración se amplió otros 18 meses.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, a la petición se ha adherido a la Abogacía del Estado, que ya solicitó el sobreseimiento de esta causa al no apreciar la comisión de algún delito en la adjudicación de la campaña de difusión del Plan de Vivienda 2009-2012 por el importe de 126.208 euros.

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, Mercedes Pérez Barrios, investiga a altos cargos del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el Ministerio de Vivienda y a funcionarios de este departamento, entre ellos el que fuera jefe de Gabinete de la exministra Beatriz Corredor, Nicolás Mateos; la jefa de prensa, Eva Cuesta y el exsubsecretario del Ministerio y expresidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer.

También están imputados la abogada del Estado Irene Domínguez-Alcahud --destinada en el Ministerio de Vivienda durante la etapa de Corredor-- y Alberto Crespo Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia y responsable de la agencia de comunicación. Todos ellos están investigados por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos.

Falta de documentación

Se da la circunstancia que la magistrada instructora declaró compleja esta causa el 31 de agosto, aceptando la petición de la fiscal sobre prolongar hasta un año y medio más la instrucción debido a “las especiales características de los hechos punibles, el número de investigados, así como el resultado de diligencias ya acordadas, que hacen previsible que la causa no pueda concluirse en el plazo de seis meses”, tal y como establece la LECrim.

Según el vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, la prorroga de la investigación se debía a que se pidieron unos certificados al anterior gobierno de Mariano Rajoy que no había llegado y al llegar a los seis meses de instrucción se había tenido que dar este paso.

El juzgado de Instrucción número 24 arrancó la investigación tras recibir la inhibición de un juzgado valenciano, que comenzó a estudiar la causa a raíz de un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación irregular de los partidos políticos entre los años 2007 y 2011. Los investigadores explican que la sociedad Crespo Gomar facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

Campaña “incoherente” e “imposible”

Una vez la causa llegó a Madrid, la juez comenzó a interrogar a las personas antes mencionadas y a un perito que concluyó que la cronología de hechos recogida en el expediente de contratación 'Realización de la creatividad y producción de la campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012' resulta “incoherente e imposible”. Este informe fue ratificado después en sede judicial.

Paralelamente, otro juzgado madrileño, el de Instrucción número 43, abrió causa por otro concurso de publicidad adjudicado a Crespo Gomar por parte del Ministerio de Sanidad en 2008 por el valor de 184.138 euros, en la que se investigó a Etelvina Andreu, directora general de Consumo en 2008, que un año antes había sido candidata a la Alcaldía de Alicante. Finalmente se archivó a principios de julio, decisión que el PP --acusación en este caso-- recurrió y que la propia instructora rechazó.