Gobierno y Consell han mantenido discrepancias menores sobre ocho normas valencianas

Palau de la Generalitat Valenciana.

El planteamiento de sendas discrepancias a la Ley LGTBI valenciana por parte del Gobierno central es una de las ochos cuestiones planteadas a otras tantas normas autonómicas entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Consell de la Generalitat en los últimos meses por cuestiones menores relacionadas en la mayoría de los casos, no con el fondo, sino con la posible invasión de competencias.

En todos los casos se formulan las discrepancias en la comisión bilateral Gobierno-Generalitat y suele llegarse a acuerdos. Es lo que ocurrió con la Ley de l'Horta, sobre la que se resolvió el pasado febrero. También se archivó, porque dejó de tener vigencia a finales de 2018, la que afectaba al decreto de policías locales, en la que el Gobierno señaló que no podía atribuirse el papel de funcionarios a policías interinos.

Las otras seis normas que se tratan en la comisión bilateral porque existen discrepancias son la Ley de la Infancia, la ley de acompañamiento (porque no se incluía en uno de sus artículos la protección de la tórtola europea) y la de Presupuestos, la de Mediación y, ahora, la ley LGTBI valenciana.

Por otra parte, la Generalitat ha planteado en el seno de la comisión bilateral una cuestión al Gobierno sobre a quién compete la inspección de almacenes de material pirotécnico.

Sobre la Ley LGTBI, aprobada en las Corts Valencianes sin votos en contra (el PP se abstuvo), las discrepancias, que han levantado cierta polémica, se reducen al artículo 26.2, que habla de la obligación de las empresas de no discriminar a las personas LGTBI, porque el abogado del Estado dice que esto ya está en Constitución y no corresponde a la Comunidad Valenciana al tratarse de una competencia estatal.

Y al artículo 60.3, que tipifica como infracción la implantación o tolerancia de prácticas discriminatorias y el abogado del Estado dice que esto ya está en el decreto del Gobierno que aprobó el procedimiento para la imposición de sanciones, donde se refleja la competencia al respeto de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

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