El Gobierno recurre al Constitucional la reforma de Mazón y Vox que derogó la ley valenciana de memòria democràtica

El Gobierno central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la 'Ley de Concordia' pactada por el PP de Carlos Mazón y la extrema derecha de Vox que supone la derogación de la Ley de Memoria Democrática valenciana.

Así fue acordado en el Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de abril, actuando así contra una ley que equipara el franquismo con el periodo democrático de la Segunda República Española. Bajo la premisa de que “todas las víctimas son iguales”, la ley fulmina la memoria democrática y sustituye sus conceptos, en contra de la historiografía, y estirando el periodo analizado desde 1931 hasta la actualidad, como exigía Vox

De este modo el ejecutivo de Pedro Sánchez impulsa una medida que ya fue anunciada de forma genérica para todas aquellas autonómicas que PP y Vox impulsan en la misma línea. Pese al anuncio los dos socios valencianos lo obviaron y prosiguieron el recorrido legal para su tramitación en las Corts Valencianes.

En su argumentación el Gobierno explica que la llamada 'Ley de Concordia' “conlleva la restricción de los derechos de las víctimas y las actuaciones dirigidas a su protección, reparación y garantías de no repetición, establecidas en la legislación autonómica derogada”. Además señalan que incurre en una vulneración del artículo 149.1.6ª de la Constitución , que atribuye al Estado la competencia exclusiva en las materias de legislación procesal y penal, así como la afectación a la derogación de las previsiones de la Ley de memoria valenciana en relación con los currículos educativos.

Señala el ejecutivo central que la ley impugnada “limita el deber de memoria para las administraciones públicas valencianas excluyendo del mismo la reparación pública, con las consecuentes excusas y restitución del honor, y las garantías de no repetición, lo que imposibilita y menoscaba el cumplimiento de los deberes de colaboración y aplicación de las previsiones de la Ley de Memoria Democrática, y determina la vulneración de los mandatos de la Ley incumpliendo sus exigencias en cuanto a las actuaciones de competencia de las administraciones públicas valencianas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 14 de la Ley”.

Paralelamente, advierte que “sustituye el régimen jurídico de la memoria democrática que deroga por otro de 'concordia', en que se pretenden limitar y restringir los derechos de las víctimas respecto a los establecidos en los instrumentos de Derecho Internacional y en la Ley de Memoria Democrática estatal”.

Según la diputada socialista en les Corts, Mercedes Caballero, “volvemos a reivindicar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, porque la ley de PP y Vox iguala víctimas y verdugos, blanquea el franquismo, borra a las mujeres, a los bebés robados, a las personas LGTBI y borra la memoria de la educación”. De este modo los socialistas afirman que “vamos a seguir siendo la voz de los exiliados, los fusilados, de los huérfanos, de los secuestrados, de las mujeres rapadas, las señaladas... Para que nadie se olvide de ellos y ellas, para defender su justicia y proteger los derechos humanos de todos los valenciano s y valencianas que el Consell de Mazón pone en peligro”.