El informe de Hacienda que oculta el Puerto de Valencia sobre selección de personal revela “puntos mejorables”

La Autoridad Portuaria de Valencia sigue sin querer hacer público el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que detectó irregularidades en la entidad pública que preside Mar Chao, una postura que ahora avala el Gobierno. Chao, que no entregó el documento a los consejeros del puerto pese a facilitar otros similares, ha dado exiguas explicaciones sobre el contenido del mismo, alegando siempre que hay casos vinculados en manos de la justicia.

Esta es la principal excusa que hace suya el ejecutivo central para negar al diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, una copia del citado informe solicitado a la vista de las diferentes informaciones que se han hecho eco de la gravedad de su contenido y de la negativa de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a hacerlo público.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es (completa al final de la información), el Gobierno confirma que “existe un informe de auditoría de cumplimiento y operativa sobre el área de gestión de personal de la Autoridad Portuaria de Valencia, APV, (ejercicios 2023 y 2024)” y explica que “dentro del alcance y objetivos de una auditoría operativa de personal se incluyen, entre otros, los procesos de selección de personal desarrollados en el ámbito temporal de referencia”.

Según la respuesta del Gobierno, el informe concluye que “la gestión que le es exclusivamente propia a la APV en relación con la Gestión del Personal resulta, en general correcta, con algunos puntos mejorables”.

Sobre la petición de hacer público el informe, el ejecutivo argumenta su negativa en que “existe un procedimiento judicial en curso en relación con algunos de los aspectos contenidos en el mencionado informe de la IGAE, por lo que el principio de tutela judicial efectiva consagrado constitucionalmente exige esperar el dictado de una sentencia judicial firme a fin de garantizar la igualdad de armas en el proceso”.

Al respecto, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha comentado que “nuevamente la APV intenta escondernos el informe que demostrarían diversos casos de enchufismo en el Puerto de Valencia” y ha recordado que en el Puerto de Tenerife “estuvieron obligados a facilitar los informes del área de recursos humanos por supuestas irregularidades en materia de selección de personal”.

Ibáñez ha advertido de que “ante esta situación de opacidad y de falta de colaboración no podemos más que exigir la dimisión a la presidenta de la APV Mar Chao por su política poco transparente más allá de nuestra conocida oposición a la ampliación del Puerto de Valencia” y ha añadido que la situación ahora mismo es “insostenible” y que “se debería buscar otra persona con otro perfil más transparente y que haga que no impere el miedo entre los trabajadores y trabajadoras de la APV”.

El Puerto de Valencia ya negó este documento a un periodista de elDiario.es que, a través del Ministerio de Transportes y amparándose en la ley de Transparencia, lo solicitó para conocimiento e información a la opinión pública al tratarse el puerto de una entidad de derecho público. Pero la actitud de la Autoridad Portuaria de València ha sido la misma, dar un portazo a la transparencia.

Pero no es esta la única polémica que rodea a Chao. Como ha avanzado en exclusiva esta redacción,  la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) investiga si la presidenta de la APV ha cobrado dietas o indemnizaciones derivadas de diferentes viajes de trabajo por encima de lo que le corresponde con arreglo a lo que establece la Ley 3/2015 de altos cargos y en materia de dietas, el artículo 8 del Real Decreto 462/2002. En la APV tan solo tienen la consideración de altos cargos la presidenta y el director general. La denuncia sugiere que a la presidenta se le habría aplicado el mismo régimen que al personal excluido del convenio, más ventajoso.

Los casos judicializados por posible enchufismo

Sobre los casos judicializados a los que hace referencia la respuesta del Gobierno, la APV se sentará en el banquillo de los acusados en los próximos meses por el supuesto amaño de un proceso selectivo por el nombramiento de Alicia Gimeno como jefa de Gestión Económico-Financiera, tras una denuncia del sindicato UGT. Y no es el único que tendrá lugar, puesto que, si no hay cambios, el 1 de octubre de 2026 habrá otra vista por el mismo motivo por la selección de Manuela Gras, actual subdirectora de Infraestructuras.

Ambas fueron rescatadas del Consorcio Valencia 2007, ente público que gestionaba la Marina de València, hasta su liquidación. El resto de personal despedido acertó ante notario 20 días antes de que finalizara el plazo para presentarse al concurso convocado por la Autoridad Portuaria los nombres de las dos adjudicatarias. También está judicializado el nombramiento de Belén Fernández, exsubdirectora de Gestión de Dominio. Aunque abandonó su puesto, la causa judicial sigue vigente.