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La izquierda reactiva en Borriana el plan urbanístico más grande de España en la costa heredado del PP, con 6.000 viviendas, golf y un paseo de 2 km

Imagen virtual de la nueva urbanización.

Carlos Navarro Castelló

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“No he sido partidario nunca de este tipo de operaciones urbanísticas, pero ha sido algo que cuando entramos en 2015 estaba ya muy avanzado y revertirlo podía acarrear graves consecuencias jurídicas y económicas para el Ayuntamiento”.

Así se pronuncia Bruno Arnandis, concejal de urbanismo socialista de Borriana, sobre esta herencia envenenada del PP en forma macroproyecto. Y es que, en los próximos días arrancarán las obras de urbanización del PAI Golf Sant Gregori que desarrolla la firma High End como agente urbanizador, que a su vez ha adjudicado los trabajos (construcción de viales, acercas y paseo marítimo) a CHM y Durantia por 86 millones de euros.

Según informa Juan Lozano, director general de High End, se trata “del mayor proyecto urbanístico que hay en marcha actualmente en primera línea de playa en toda España”. Y es que las cifras recuerdan a otros tiempos previos a la crisis inmobiliaria. La superficie a urbanizar es de 2,5 millones de metros cuadrados (1,1 millones en zonas verdes), con capacidad para alrededor de 6.000 viviendas y contará con un campo de golf de 18 hoyos y un paseo marítimo de nueva construcción de 2 kilómetros.

Lozano explica que la aprobación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana (Pativel) que impide actuaciones de este tipo, paradójicamente supuso un impulso, puesto que otorga un plazo de cinco años para desarrollar planes que se hubieran empezado a tramitar antes de la aprobación de la normativa, por lo que finalmente sirvió de estímulo para no perder el proyecto de forma definitiva.

El responsable de High End comenta que actualmente toda la playa es de gravilla y su acceso es muy incómodo: “La ejecución del PAI incluye la regeneración de la playa con arena y contará con unos buenos accesos”.

Por su parte, Arnandis recuerda que “desde que empezó a tramitarse el proyecto en el año 2003 hasta las elecciones del 2015 ha estado el PP gobernando el Ayuntamiento”. Así, recuerda que la clave fue “la aprobación de la reparcelación en el año 2010, momento en que el suelo que era agrícola pasa a ser urbanizable”.

Sin embargo, el proyecto quedó paralizado por la crisis y hubo varios intentos de anular la condición de agente urbanizador a la compañía que inicialmente se la había adjudicado: “Cuando entramos a gobernar el Ayuntamiento en 2015 nos llega caducado ese expediente de resolución, por tanto se debe iniciar de nuevo el procedimiento, pero finalmente se contacta con un nuevo inversor que lo adquirió a la sociedad inicial y sacó el proyecto adelante”.

El edil añade que jurídicamente “no estaba claro que se pudiera eliminar al agente urbanizador, puesto que había unos terrenos urbanizables y unos derechos adquiridos que de eliminarlos, podían suponer un problema judicial y económico muy importante en concepto de indemnizaciones, por eso se busca una solución negociada”.

Ecologistas en Acción denuncia riesgo de inundaciones

La tramitación del proyecto no ha estado exento de polémica. De hecho, Ecologistas en Acción presentó alegaciones al considerar que no existen recursos hídricos suficientes para abastecer la nueva urbanización. Además, la entidad asegura que se encuentra en una zona con riesgo de inundación ya que está muy cerca de la desembocadura del río Anna.

Arnandis asegura que el proyecto prevé una canalización para solventar ese problema: “Es cierto que hoy en día muchas cosas no se podrían hacer con la actual legislación, por ejemplo, también se tuvo que trasladar a una población de tortugas a otra zona de playa, pero el problema aquí es que al ser el suelo urbanizable desde 2010 mucha normativa actual como el Patricova (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana) no es de aplicación”.

El proyecto, además, cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del año 2008, que es la que permite que los terrenos de cultivo pasen a convertirse en urbanizables.

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