La liberalización de 374 km de la AP-7, un “hito histórico” que supone un ahorro de 300 millones de euros a los usuarios
La liberalización de 374 kilómetros de la AP-7 entre Tarragona y Alicante supondrá que, a partir de enero, circular por la red de carreteras del Estado de la Comunitat Valenciana será un 93 % más barato y supondrá un ahorro anual de 300 millones de euros para los usuarios.
A partir de este miércoles se irá realizando de forma progresiva el desmantelamiento de las instalaciones de los peajes y la demolición de las playas de peaje, según el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha visitado el área de peaje de Sagunto (Valencia) con motivo de la gratuidad de la AP-7 desde el 1 de enero.
Ábalos ha destacado que es “un hito histórico” y marca el futuro de las infraestructuras, y ahora se tendrá que estudiar junto con la Generalitat la apertura de las conexiones necesarias para mejorar y ampliar los enlaces actuales entre la vía de alta capacidad y los municipios.
Con la conservación de la AP-7 por parte del Estado, el presupuesto para este servicio en el tramo correspondiente a la Comunitat Valenciana aumentará un 38 % y la inversión se acercará a los 21 millones de euros -30 millones si se incluye la provincia de Tarragona-, según el ministro.
El ministro ha asegurado que se ha recuperado a 177 trabajadores de la empresa concesionaria Abertis para la conservación de la autopista una vez liberalizada, de los 272 que tenía la compañía vinculados a estas tareas. Mientras se saca este nuevo concurso, las empresas adjudicatarias del contrato de emergencia se encargarán de la conservación, señalética y desmontaje de peajes.
Adicionalmente, se ha licitado también la conservación y explotación de las 9 áreas de servicio existentes entre Tarragona y Alicante en la AP-7 a través de un contrato de concesión de servicios dividido en 9 lotes.
La liberalización de la AP-7 dará como resultado la casi total eliminación de los peajes de una comunidad que hasta la fecha era la tercera en número de kilómetros de carreteras de pago.
El compromiso del Gobierno es que las concesiones cuyo plazo acabe en esta legislatura no se van a prorrogar ni a volver a licitar. La gestión de las infraestructuras pasará a corresponder directamente a la Administración General del Estado y no a concesionarias privadas.
Ábalos ha estado acompañado del president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha asegurado que la liberalización de la AP-7 supondrá un impulso de la movilidad y de la calidad de vida para toda la Comunitat Valenciana, y del conseller de Política Territorial, Arcadi España.
Puig ha señalado que el fin del peaje de la AP-7 “liberará recursos para las personas y, sobre todo, facilitará una movilidad, que debe ser la más razonable y cómoda para el conjunto de la ciudadanía”.
“Muchas veces no se le presta la suficiente atención a la pérdida de tiempo y de calidad de vida que supone una mala movilidad”, ha señalado Puig, quien ha afirmado que “muchas personas que no podían utilizar esta vía por razones económicas podrán tener una movilidad mucho más acorde a la de la calidad de vida que deseamos”.
