El 36% de los músicos españoles no percibe ningún tipo de ayuda tras quedarse sin trabajo por la COVID-19

La crisis de la COVID-19 ha golpeado duramente a la sociedad y uno de los sectores más afectados es el de los músicos, que han quedado en una situación de absoluto desamparo, más preocupados por poder tener un plato de comida que llevarse a la boca o poder pagar el recibo de la luz que de cuándo van a poder subirse de nuevo a los escenarios. Ante este panorama, desde AMPE (Asociación de Músicos Profesionales de España) están realizando una encuesta entre músicos de toda España -de la que ya se conocen los primeros resultados- para conocer cuáles son las circunstancias reales de los artistas.

La consulta, en la que más de la mitad de los participantes proceden de Comunitat Valenciana (27,1%) y Andalucía (23,1%), arroja que un gran número de músicos se encuentra en una situación de riesgo social por no disponer de ningún tipo de ayudas (36,25%). Apenas un 10,8% está cobrando el paro, un 11,58% el subsidio de desempleo o un 14,38% está percibiendo las ayudas para autónomos por la COVID-19. Únicamente el 12,34% reconoce que está trabajando, aunque la gran mayoría de ellos están inmersos en un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo).

De estos datos se desprende que la práctica habitual de contratación en el sector “ni es la adecuada ni se ajusta a la legalidad”, por lo que hacen un llamamiento a todas las administraciones y entidades públicas para caminar “en la senda de los derechos sociales y no en la de la precariedad laboral”.

Un 16,6% de los participantes en el sondeo compatibilizan su actividad profesional con la actividad docente en el sector privado: “Muchos de estos profesionales centran sus actividades en las actuaciones y trabajan unas pocas horas en las escuelas, siendo las retribuciones simbólicas. Y también con un alto grado de precariedad laboral, sin abono ni cotización de vacaciones, descansos semanales, porcentajes de jornada inferiores a los correspondientes al profesor, etc…”.

De la encuesta también se desprende que una cuarta parte de los músicos que llevan más de una década en la profesión no tienen en este momento ningún tipo de protección social, sin acceso a ningún tipo de ayudas: “No hay un trabajador, de cualquier sector productivo, que esté desamparado después de diez años en la profesión”.

Por lo que respecta a las actuaciones, la mayoría se han visto suspendidas -el músico independiente vive de eventos medianos o pequeños cuya continuidad se ha visto comprometida-. Algunos profesionales han protagonizado y están protagonizado en este período acciones en streaming, lo que consideran que puede ser contraproducente: “Puede alimentar la cultura del todo gratis que tanto daño hace a la profesión y que resta consideración social de los profesionales de la cultura”. Tan sólo una minoría ha percibido algún tipo de retribunción por sus actuaciones en la red, una gratificación “difícil de gestionar”.

Los profesionales reclaman la necesidad de priorizar la aprobación del Estatuto del Artista que regule la realidad del sector y garantice los derechos sociales; la necesidad de una oficina de atención al músico/artista por parte de las administraciones e información oficial; la posibilidad de acceder a una renta de subsistencia en tanto que no se puedan incorporar a la actividad profesional; la necesidad de realizar convocatorias públicas de conciertos y acciones culturales; establecer criterios sociales en esas convocatorias que den prioridad a aquellos músicos que más lo puedan necesitar y promover la defensa de los derechos de propiedad intelectual; y el mecenazgo.

Recomendaciones del sector

Los músicos y artistas confían en que las diferentes administraciones trabajen para garantizar el acceso a la cultura de la sociedad “a través de un trato digno que proteja a los profesionales y se haga autocrítica en cuanto a que la administración es corresponsable con la precariedad del sector al permitir que los trabajadores de la cultura no hayan sido contratados en el Régimen Especial de Artistas de la Seguridad Social”. Así, consideran que debe ser “requisito indispensable” para los contratantes públicos o privados el alta obligatoria en la Seguridad Social.

“Ahora más que nunca y en el marco de la crisis sanitaria, es necesaria esa oficina de atención al músico para hacer frente a la emergencia social en la que se encuentran muchos de ellos y para que se pueda establecer en la administración una atención adecuada a los trabajadores de la cultura”, sostienen.

Las medidas de reactivación, una vez atendida la emergencia social, insisten en que deben realizarse “en base a los criterios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación según establece la legislación española. Y al de legalidad, de sujetarse a las normas que obligan a cotizar a los trabajadores”.

“Sin una protección social del músico no es viable un sistema cultural a largo plazo tal y como ha demostrado esta crisis sanitaria y es responsabilidad de las autoridades públicas garantizar el acceso a la cultura de los ciudadanos a través de sus profesionales”, concluyen.