Agarrados al clavo ardiendo del “partido holandés”

Si por una de aquellas Mark Rutte llegara a pulsar el freno en la Unión Europea para tratar de retrasar la llegada de los fondos de recuperación en represalia porque España no recorta las pensiones de los jubilados, ¿no se pondría el PP al lado del Gobierno? ¿Estaría de acuerdo la derecha española en que se castigara a su país si fuera derogada la controvertida reforma laboral? Las concesiones arrancadas en la dura negociación de los 27 por el “partido holandés”, a las que las derechas y sus medios han dado la impresión de encomendarse con desesperación tras el enorme avance en la solidaridad fiscal y la Europa federal plasmado en el pacto del 21de julio, se han convertido en una especie de clavo ardiendo al que tratan de agarrarse unos sectores que han visto cómo se derrumbaban los esquemas de la llamada política de austeridad, que tanto sufrimiento y tanto malestar causó en la Gran Recesión hace apenas una década.

La supuesta “condicionalidad” de los 140.000 millones de euros que está previsto que lleguen a España, de ese paquete de 750.000 millones destinado a la transformación económica y social que hay que acometer para vencer la crisis causada por la COVID-19, es apenas un deseo sectario, una mala excusa para la perplejidad de una derecha reticente a asumir el giro que Angela Merkel, entre muchos otros pero de manera sobresaliente, ha protagonizado. En primer lugar porque no estamos hablando de un mecanismo de rescate, por mucho que intente confundir con ello el líder del PP, Pablo Casado, ni hay poder de veto, ni “hombres de negro”. Pero, sobre todo, porque el hecho de que la UE haya decidido endeudarse para movilizar un plan de transferencias y créditos de tal volumen (un Plan Marshall, se ha dicho) es fruto de un cambio estratégico de envergadura.

La ideología que hizo un dogma de la contención del déficit, de los recortes y la devaluación interna, con sus efectos de escaso crecimiento, supresión de derechos laborales y aumento de la desigualdad social en beneficio del capital financiero internacional, ha perdido la brutal hegemonía de que dispuso desde finales del siglo XX. Cuando Emmanuel Macron habla actualmente de que hay bienes y servicios que deben ser protegidos “al margen de las reglas del mercado” o el Fondo Monetario Internacional asume que hay que poner fin a la austeridad y adoptar políticas de crecimiento para evitar una crisis global, da la sensación de que el neoliberalismo se ha vuelto obsoleto de la noche a la mañana.

En ese contexto, la postura del primer ministro de los Países Bajos y de los denominados gobiernos “frugales” (Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia, además de Holanda) es de pura insolidaridad. Ya lo fue en 2008, cuando tal posición estaba liderada por Alemania y la troika, pero ahora lo es más porque resultan evidentes sus motivaciones meramente defensivas de un mercado común sin política fiscal. Y a la derecha española le ha pasado por encima, como una apisonadora, ese cambio de paradigma. Se ve en la tesitura de asumir lo que parecía un anatema hace apenas unos meses: que no se puede salvar con recortes el abismo abierto por la catástrofe sanitaria. Y busca refugio en la esperanza de que el aparato político de Bruselas mantenga inercias de la vieja etapa, con la sostenibilidad de las pensiones y la reforma laboral como puntos de presión, ahora que la Unión ha dejado de lado los límites de déficit y ha decidido incluso la implantación de impuestos propios.

Insisten los dirigentes del PP y de Ciudadanos (de sus aliados de extrema derecha habría que hablar aparte) en criticar el carácter “ideológico” de algunas medidas del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, como si no fuera ideológico, hoy de forma más descarada que nunca, propugnar la bajada de impuestos, la jibarización de la Administración y las privatizaciones de servicios públicos. Que es exactamente lo que todavía está haciendo la derecha española en la mayoría de los escenarios. Con todo, resulta llamativo que patronal y sindicatos estén llegando a acuerdos con gobiernos de izquierdas como esta semana ocurrió con la Confederación Empresarial Valenciana y las federaciones de UGT y CC OO del País Valenciano.Las tres organizaciones y el Ejecutivo tripartito que preside el socialista Ximo Puig firmaron un pacto de 383 medidas fundamentadas en la reforma de la financiación autonómica, la corresponsabilidad fiscal y el buen uso de los fondos europeos para impulsar un “new green deal” valenciano, el refuerzo de los servicios públicos y la digitalización. Una dinámica que en el ámbito estatal se ha plasmado, por ejemplo, en los acuerdos del Gobierno con los agentes sociales para subir el salario mínimo y para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Coincidía la presentación de este documento en Valencia con la votación en el Congreso de las conclusiones de la comisión de reconstrucción, que deparó el rechazo sobre el borrador dedicado a las políticas sociales, en un nuevo aviso de las dificultades para forjar mayorías parlamentarias. Dentro de la desgracia, hemos tenido suerte de que la pandemia haya pillado al mando a un Gobierno de izquierdas en España. Solo hay que imaginar qué hubiera pasado en la trascendental cumbre de los 27 con un aplicado discípulo de la FAES en la presidencia apoyado parlamentariamente por los ultras de Vox. Y qué pasaría en la tarea de salvamento social y de reconstrucción económica con un recetario como el de Casado.

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, si embargo, tiene la obligación de gestionar con inteligencia política y territorial esa posición crucial que ha deparado la historia al primer Ejecutivo de coalición desde la recuperación de la democracia, al que han intentado y seguirán intentando derribar. La conferencia de presidentes y la reforma de la financiación autonómica son instrumentos que deberá impulsar para profundizar en la gobernanza federal cuando precisamente Europa también avanza en el federalismo.

Desde luego, es lícito preguntarse si es irreversible este enorme movimiento de la política continental. ¿Quién sabe? Pero la transformación a la que el desastre global causado por la pandemia obliga en los sistemas de salud y el ámbito de los cuidados, en la ciencia y la tecnología, en la educación, la movilidad y el medio ambiente, sugiere que nada volverá a ser como antes.