El honor de la derecha

El honor de Rita Barberá no dejará de estar en entredicho porque la derecha haya decidido nombrarla alcaldesa honoraria de Valencia. Solo su condición póstuma ampara la maniobra del PP, que ha contado con el entusiasta apoyo de los ultras de Vox (olviden sus cínicas invocaciones a la regeneración de la patria). Barberá fue un formidable animal político de la derecha valenciana durante un extenso periodo de hegemonía que coincidió con la más alarmante etapa de corrupción en las instituciones desde la recuperación de la democracia. Con raíces familiares en la oligarquía que había dominado la ciudad durante el franquismo, supo reconvertir el bagaje de la casta de la que procedía en una forma de actuar que, según alegan quienes le han otorgado la máxima distinción de Valencia esta semana, llevó la ciudad “a cotas de relieve internacional y de bienestar urbano no conocidas, ni antes ni después de su mandato”.

Es fácil detectar la motivación sectaria del nombramiento en ese “ni antes ni después de su mandato”, si tenemos en cuenta que hubo antes alcaldes como el socialista Ricard Pérez Casado, que diseñó los grandes ejes de una modernización urbana de largo alcance, y que después la izquierda ha gobernado durante ocho años la capital valenciana, con Joan Ribó al frente, sin tanto énfasis ni exhibición de poder pero con mucha más sensibilidad social y democrática. Y lo que es más importante, aunque no se mencione para nada en la justificación de la distinción, sin que haya sacudido el Ayuntamiento caso de corrupción alguno como los que, con el liderazgo de Barberá de epicentro, se depuran todavía hoy en los tribunales. El hecho es que la nueva alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, ha convertido la máxima distinción de la ciudad en una alfombra de lujo bajo la que intenta esconder toda la suciedad que su partido acumuló durante los 24 años en que gobernó su predecesora en el Ayuntamiento.

Cuando en noviembre de 2016 murió en Madrid, a las puertas del Tribunal Supremo como quien dice, Rita Barberá, derrotada en Valencia y repudiada por el PP, era una exiliada en el grupo mixto de la Cámara alta a la que su partido de toda la vida exigía en las Corts Valencianes que dimitiera como senadora territorial “para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos”. Se lo pedía el Parlamento autonómico con el voto a favor, entre otros, de la propia María José Catalá. ¿Debía dimitir entonces la exalcaldesa para salvaguardar la dignidad de las instituciones y ahora merece todos los honores pese a que siguen vivas causas judiciales por corrupción que afectan a su equipo y a su familia más próxima? A veces, se hacen cosas en política tan obscenas como esta.

Pese a que en una resolución judicial bastante escandalosa sería archivada la causa del blanqueo derivado de la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia en la campaña de 2015, por la que Barberá tuvo que declarar ante el Tribunal Supremo, están vigentes las investigaciones judiciales de la presunta financiación irregular de sus campañas en 2007 y 2011, con el que fuera su vicealcalde Alfonso Grau y la exsecretaria del grupo municipal del PP, María del Carmen García Fuster, entre los acusados. En los casos Taula y Azud emergen mordidas y trapicheos con fundaciones municipales y empresas adjudicatarias del Ayuntamiento y nombres de políticos, empresarios y conseguidores cuyas responsabilidades se intenta determinar.

El cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, y sus sobrinas, como antes su hermana, Asunción Barberá, que fue su jefa de gabinete y ha desaparecido del sumario porque falleció hace solo unos meses, están imputados en el entramado del caso Azud. Nadie pondrá en duda en el ámbito local que a esa familia le tocó la lotería cuando la alcaldesa empezó a ejercer el cargo. Pero es que la titular del juzgado de instrucción número 13 de Valencia considera en un auto del pasado mes de julio, a petición del fiscal anticorrupción, que hay razones para sospechar que no es cierto que le tocara otra lotería (en este caso no metafórica) a la familia Corbín por las papeletas de una falla a la que no pertenecen y cuyo presidente ha reconocido ante el juzgado que varios de sus integrantes vendieron las participaciones premiadas con una prima del 10% o el 15%. Los 360.000 euros con los que fueron supuestamente agraciados, según el Ministerio Público, tenían en realidad un origen delictivo y procedían de “empresas vinculadas contractualmente con el Ayuntamiento”, sin que se hayan encontrado evidencias de trabajos del abogado Corbín que pudieran justificar los pagos.

No es nuevo el uso y abuso de distinciones del estilo de la alcaldía honoraria para tergiversar la memoria ciudadana. Desgraciadamente, hay en la historia abundantes ejemplos de ese tipo de fraudes. Sin ir más lejos, el dictador Francisco Franco, nombrado alcalde honorario de Valencia al final de la Guerra Civil, no fue desposeído del título hasta 2012, a iniciativa de Compromís y por sentencia judicial, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, dada la resistencia a retirarlo que opuso hasta el último momento el equipo municipal de Barberá. Como ya ocurría en épocas más oscuras, a cierta derecha, la mayoritaria en la política de hoy en día, tampoco le importa no parecer decente al otorgarse honores.