Política y poderes

El descrédito de la política y de los políticos es una corriente de fondo en las sociedades democráticas en esta etapa confusa del siglo XXI. Para quienes no disponen de poder económico, religioso, militar o mediático, la política ha sido siempre insustituible como forma de defender sus intereses y hacer valer su voz. Lo que no quiere decir que todos los ciudadanos sean conscientes de la importancia que tiene la capacidad de actuar juntos, esa acción concertada en la pluralidad y en la libertad de la que hablaba Hannah Arendt, para conformar una sociedad más justa.

Las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en el debate de política general en el Congreso, que incluyen un impuesto sobre los beneficios caídos del cielo de la grandes compañías de energía y una tasa extraordinaria sobre los ingresos generados por la subida de tipos de interés para las entidades bancarias, han devuelto algo de fe en la política a los socios de la coalición gubernamental y a la base electoral de izquierdas, que estaba bastante desmoralizada.

Da la impresión de que el presidente del Gobierno ha entendido que no sirve de nada entregarse a la melancolía y el tacticismo en la perspectiva de las elecciones que están por venir. La reactivación de la agenda de la negociación con Catalunya abunda en ese sentido. Y Sánchez parece consciente de que el Gobierno dispone de un bagaje que ha de ser puesto en valor. El papel fundamental del Estado, en todos sus niveles federalizantes, para amortiguar el impacto de la pandemia; la decidida política de cobertura social; los buenos resultados de la reforma laboral sobre el empleo; la apuesta de una reindustrialización basada en la lucha contra el cambio climático; las medidas frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania y un más que aceptable desempeño en el ámbito de la Unión Europea forman parte de los logros de una coalición que sobrevive a sus frecuentes y llamativas contradicciones internas y a la brutal ofensiva deslegitimadora de la derecha, desencadenada desde el mismo instante de la investidura.

Romper algún que otro tabú impuesto por la mentalidad neoliberal y conservadora en relación con las grandes corporaciones y los lobbies económicos, con acciones a favor del interés general, por otra parte ya desarrolladas en otros países europeos, envía el mensaje de que el Gobierno, y las fuerzas que lo conforman y lo apoyan, pretenden profundizar en una política progresista, a la que no se puede negar la inspiración socialdemócrata, para afrontar la crisis y plantar cara a las resistencias de la derecha. Es un programa inteligible para la ciudadanía, necesitada de orientación cuando en las filas socialistas, y entre los dirigentes autonómicos del PSOE singularmente, cunde esa aprensión ante las próximas citas electorales que conduce a creer en unos milagrosos e imprecisos “giros al centro”, no se sabe muy bien en qué sentido que no sea el de ceder a los anatemas que predica la derecha y a la presión de ciertos poderes que nunca pasan por las urnas.

El problema no radica en la moderación, ni en buscar el centro del tablero, sino en acertar en un enfoque solidario y a la vez enérgico en la lucha contra la inflación (pacto de rentas incluido) y, estratégicamente, en promover reformas. Porque España lleva demasiado tiempo bloqueada en muchos de sus mecanismos institucionales (la justicia, la financiación autonómica, la reforma constitucional y, ¡ay!, la revisión de los privilegios de la monarquía, entre otros). Necesita políticas visibles que por lo menos intenten esquivar el marasmo desde el que las derechas intentan volver al poder. Y puede que ese esfuerzo funcione o fracase en términos electorales, pero lo que no funcionará es disolverse en la beligerancia demagógica, el sectarismo partidista y el oportunismo mediocre. La vicepresidenta Yolanda Díaz lo ha entendido del mismo modo al lanzar un proyecto que huye de las batallas coyunturales y, con una orientación transformadora, busca articular un instrumento que devuelva cierto prestigio a la política como acción conjunta de gentes y sectores que representan la pluralidad del país. El futuro es algo que está siempre en construcción aquí y ahora.