Tabacalera, pelotazo dos

Estoy aquí como partícipe de la asociación Salvem Tabacalera, un grupo de ciudadanos que llevó a los tribunales y luchó hasta conseguir la nulidad de un pelotazo urbanístico en esta ciudad, iniciado en 2005, con la firma de un convenio entre Guadalmedina y el Ayuntamiento al que la Generalitat daba su consentimiento y cobertura legal con inaudita rapidez en 2006.

Recordemos, en 1999, el Estado adjudica a Altadis la antigua Fábrica de Tabacos, y esta empresa transmite parte de su patrimonio inmobiliario en Valencia a la promotora Guadalmedina.

Con la disculpa de obtener, mediante permuta, la casi totalidad de la parcela de Tabacalera para oficinas municipales, ¿y por qué no toda?, el Ayuntamiento entregaba al promotor (previa modificación del planeamiento) el edificio de la plaza de América, aumentando su suelo, altura y edificabilidad, mientras este se quedaba con dos solares rectangulares, libres de cesiones y con un aprovechamiento del 100% en Micer Mascó, para lo que era preciso eliminar las naves laterales colindantes de Tabacalera, y dejar espacio libre y ajardinado a su alrededor, lo que revalorizaba más las futuras viviendas.

Frente a este proyecto surgió Salvem para impedir el derribo del conjunto fabril protegido. Para ello contamos entre otros, con el apoyo de Carmén Alborch, Juan Soto, Mercedes Caballero, o el mismo Rafael Rubio y otros miembros del PSOE e Izquierda Unida, concejales en la oposición en el Ayuntamiento.

El valor del conjunto residía en su carácter industrial y como tal fue propuesto por Rita Barberá para su inclusión en la lista de patrimonio industrial de España, obviamente antes de su privatización. Aparte nos consta su contribución a la trama urbana y hasta el impulso a la incorporación de la mujer al trabajo asalariado, para lo que llegó a tener una incipiente guardería para los hijos de las tabaqueras.

Tras una primera sentencia desestimatoria, a la que Salvem interpuso recurso de casación, estimado por el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, fallaba en 2015 a nuestro favor. Es decir, la sentencia declaraba ilegal y anulaba tanto la parte urbanística como el convenio que la impulsaba. Volvíamos al Plan General vigente en 2006 pero sin su patrimonio y con dos edificios y un solar fuera de ordenación.

2021, Bajo la falacia de ejecución de sentencia, solo se pretende legalizar y beneficiar a unos propietarios y al promotor, que si, en su momento, no edificó el segundo bloque de Micer Mascó, ahora, pasada la crisis del 2008, se le traslada la anulada edificabilidad a otro suelo público, en detrimento de la calidad de vida y paisaje de otros vecinos.¿Se tiene la misma sensibilidad ante viviendas fuera de ordenación de barrios más humildes?

Valencia no puede permitir que un pelotazo urbanístico sea ejemplo y precedente. Ni la ciudad ni sus ciudadanos pueden ser los culpables y como tales quienes deban pagar los desmanes de sus gobernantes. No se pueden blanquear estos delitos ni a quienes los cometen.

Hasta donde yo conozco, no se ha responsabilizado a nadie de este fraude, que vuelve a repetirse; permuta y modificación de planeamiento a la medida de determinados intereses económicos, también utilizado en otras actuaciones como la ATE del Valencia o Jesuitas, que nos ha llevado a tener una ciudad que solo responde a las ansias especulativas de unos pocos, siempre bien tratados y financiados desde el presupuesto público.

Esta modificación del Plan General, no cumple con la sentencia en absoluto. Si bien este Ayuntamiento no es responsable de las actuaciones del anterior consistorio, sí podemos considerarlo responsable de la actual propuesta y de sus consecuencias.¿Quien gobierna en Valencia? ¿Acaso son los mismos técnicos que para justificar su anterior actuación reinciden en la misma?

Si en algún caso ha de haber alguna indemnización, estúdiese, pero no puede premiarse a los infractores y dejar que siga siendo el poder económico especulativo quien decida nuestra ciudad.