Áreas metropolitanas, movilidad y autogobierno: el modelo territorial valenciano en el debate electoral

En cada convocatoria electoral, además de un gobierno en juego, hay un modelo de Estado, de territorio y de ciudad; una distinción en la forma en la que se van a prestar los servicios, si serán públicos o privados, cómo será la organización de los mismos, el papel de lo que construimos entre todos en la vida cotidiana de los ciudadanos. En estos comicios, en plena emergencia climática, capeando una crisis económica y en una época de incertidumbre, los ciudadanos con derecho a voto en la Comunitat Valenciana también eligen sobre temas que serán cruciales a corto plazo, tan importantes como urgentes: qué modelo energético quieren, cómo se relacionarán las ciudades y los municipios, cuál será su modelo de movilidad, cómo se va a dialogar con el Estado para resolver sus problemas o con qué recursos contarán para ello.

Siguiendo los programas electorales, las acciones de los últimos cuatro años y las declaraciones de los dirigentes, se atisba cómo los partidos del Pacto del Botánico mantienen su apuesta por el autogobierno, mientras que la derecha se mueve entre pulsiones centralizadoras y una reducción del control de la Administración Pública. El PSPV, Compromís y Unides Podem plantean, a su modo, ir más allá del actual modelo de las autonomías, reclamando más competencias para la Generalitat Valenciana y un modelo de financiación que permita ejercerlas en el marco constitucional, mientras que la derecha es menos beligerante en esta cuestión, con propuestas de 'adelgazamiento administrativo'. Por su parte, el partido de ultraderecha Vox ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de poner fin al Estado autonómico.

Política metropolitana, movilidad e infraestructuras

La política metropolitana es uno de los asuntos pendientes del Consell del Botànic, que ha focalizado sus esfuerzos en el campo de la movilidad, con la integración tarifaria, la inversión en líneas y la reducción de precios. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció en octubre de 2020 una ley específica, que de momento se ha quedado en un foro sobre movilidad. Por su parte, el Ayuntamiento de València, que dirige Joan Ribó, impulsó un proceso participativo con alcaldes y expertos para abordar los retos metropolitanos, climáticos, urbanísticos y de movilidad de la ciudad y su entorno, de la que ha surgido un documento de trabajo.

En esta línea, Compromís ha realizado anuncios en campaña como el soterramiento de la CV35 y las líneas L1 y L2 de Metrovalència para crear un boulevard verde que conecte la capital con Burjassot, Godella y Paterna. La coalición que encabeza Joan Baldoví también ha presentado un proyecto de ampliación del metro con un trazado circular que conecte el extrarradio y el hospital La Fe y propone prolongar líneas hasta Alaquàs, Vilamarxant y El Puig. Además, aboga por extender una red ciclista por toda la geografía valenciana para posibilitar la movilidad intermunicipal en bicicleta, impulsar la integración tarifaria y crear centros logísticos en la proximidad de las áreas urbanas donde puedan llegar las mercancías por ferrocarril. El puerto de València no se menciona específicamente en el documento autonómico, pero la coalición señala: “Reclamaremos la transferencia de las competencias en gestión de puertos” y “promoveremos la apertura de los puertos en las ciudades donde están ubicados y el diálogo permanente con la ciudadanía y vecindario”.

En materia de política metropolitana los valencianistas incorporan cuestiones relativas a la gobernanza, como “exigir en el gobierno central que las decisiones sobre las grandes infraestructuras se tomen en consenso con las administraciones autonómicas y locales”. En el programa de Ribó para la capital valenciana, la coalición alude a la política metropolitana en una veintena de ocasiones, gran parte de ellas en el campo de la movilidad. En urbanismo, apuntan hacia “una ciudad que se configure respetando la huerta que la rodea y que sea porosa al área metropolitana que la rodea, como gran ciudad que es”, insistiendo en la visión metropolitana en el diseño de políticas, con propuestas como “una visión de conjunto de la ciudad y una optimización de los esfuerzos/recursos municipales en su materialización con una estructura política, técnica y administrativa más compacta que implica la unifcación de los servicios de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda en una sola área con AUMSA como brazo ejecutor y el Consell del Disseny como órgano consultivo”. Los valencianistas también quieren impulsar una ley de áreas metropolitanas en las Corts Valencianes.

Por lo que se refiere a infraestructuras, el PSPV plantea una mejor integración del Corredor Mediterráneo, obras de integración del túnel pasante, Cercanías con el Aeropuerto de Alicante-Elche, infraestructuras para el “equilibrio poblacional”, transferencia de la gestión de la red de cercanías, anillos ciclistas metropolitanos, más líneas y frecuencias de metro (prolongación de la L10, nueva Línea 11 y nueva Línea 12 hasta la estación de Nou d’Octubre), parkings disuasorios; en definitiva, mejoras del transporte público y de las conexiones entre municipios y polígonos industriales, además de insistir en la integración tarifaria. En el programa de Valencia ciudad, la candidata Sandra Gómez hace alusión en una veintena de ocasiones a la política metropolitana, entre las que se incluye la prometida ley que anunció Ximo Puig hace tres años y una declaración de intenciones: quieren “una València metropolitana que diseñe las políticas de ordenación del territorio, movilidad y vivienda teniendo en cuenta las poblaciones y territorio próximo de nuestra ciudad” y abogan por “implementar mejoras en la conectividad de la ciudad en colaboración con la Generalitat y el Gobierno de España para mejorar las potencialidades económicas del área metropolitana de València. Es en este punto en el que el PSPV hace mención al Puerto de Valencia, asunto conflictivo. ”Implementaremos mejoras en la conectividad de la ciudad en colaboración con la Generalitat y el Gobierno de España para mejorar las potencialidades económicas del área metropolitana de València. Entre estas, el impulso definitivo al Corredor Mediterráneo, con actuaciones como el túnel pasante, el canal de acceso y la doble plataforma, la alta velocidad con Barcelona y Alicante o la conectividad ferroviaria con el puerto de València, vigilando y garantizando la sostenibilidad de cualquier ampliación“, cita el texto de la candidatura de Gómez.

Los representantes de Unides Podem abogan por medidas de fomento de la movilidad sostenible. “Estableceremos de manera permanente la gratuidad para jóvenes menores de 30 años e implementaremos por un periodo de 1 año la gratuidad para personas usuarias habituales en todos los servicios de transporte público colectivo terrestre de titularidad autonómica”, reza su programa, que incluye la gestión autonómica del cercanías, la tasa Amazon y el fomento del transporte sostenible en municipios en riesgo de despoblación. En materia de política metropolitana, los de Illueca ponen el foco en las desigualdades generadas en las grandes urbes y sus áreas de influencia, y apuntan: “Buscamos dar un paso más en la consolidación del derecho en la ciudad como al derecho de todas las personas que habitan las ciudades a vivir, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de las ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos y democráticos, definidos como bienes comunes por una vida digna, que tiene que compartirse y pertenecer a todas las personas integrantes de una comunidad”. Así, plantean aprobar la ley de barrios, impulsar y finalizar las actuaciones de regeneración urbana, rehabilitación de edificios y su entorno y estrategias de accesibilidad. Los tres partidos abogan por un modelo de ciudad de los 15 minutos, acercando los servicios públicos al ciudadano e invirtiendo en la rehabilitación de barrios y zonas degradadas.

En materia de infraestructuras, los populares apuntan medidas como agilizar todos los trámites necesarios para el inicio de las obras pendientes de la ampliación norte del puerto de València, mejoras en la red de transporte público en las tres provincias, mejoras de la conexión de carreteras; mientras que en Ciudadanos reclaman más inversión en el Corredor Mediterráneo y en la red de cercanías, mejorar el transporte público e implementar “párquines seguros” para evitar robos de camiones, coches y bicicletas.

Puerto de Valencia

Sobre la ampliación norte del Puerto de València, una cuestión difícil de encontrar en los programas electorales, elDiario.es preguntó a los candidatos a la Presidencia de la Generalitat y a la Alcaldía de València.

La estrategia de implantación de renovables

Los partidos del Pacto del Botánico coinciden en el fomento del uso de energía renovable y la mejora de la eficiencia energética de los edificios, tanto los construidos como en las futuras obras, así como la inversión en comunidades energéticas locales y fomento del autoconsumo. En el programa del PSPV, el partido apunta: Incentivaremos la utilización local de la energía y promoveremos la flexibilidad de la demanda para ajustarla lo máximo posible a la generación horaria de energía renovable. Y una propuesta novedosa: “A los habitantes de los municipios con un balance positivo entre producción de energía renovable y consumo energético se les reducirá el coste de su factura energética”. Los socialistas señalan el objetivo de renovables marcado por Bruselas (10.000 megavatios en 2030) y apuntan el plan de cierre de Cofrentes, insistiendo en un “mapa zonal” para ubicar “los emplazamientos óptimos para el despliegue” de renovables, una medida que apuntó Puig tras el conflicto con Compromís, pero eluden la mención a las macroplantas que han causado conflicto en la etapa final de la legislatura. Incorporan medidas para el almacenamiento energético e impulso de la energía eólica y el hidrógeno verde.

La coalición Compromís plantea multitud de medidas de fomento del autoconsumo, con especial énfasis en la cubierta de los edificios con placas solares, y uso eficiente de la energía, instalación de placas en viviendas y edificios públicos, fomento de las comunidades energéticas y un “despliegue renovable responsable”, que incluye una zonificación del terreno. Respecto a las plantas fotovoltaicas, no hay medidas concretas que fomenten su instalación, -más allá del mapa para priorizar el suelo degradado y de “una planificación” del proceso-, pero sí aparece como compromiso recurrir las plantas que avale el ministerio sin los informes favorables de la Generalitat Valenciana y el fomento de la transparencia en los procesos administrativos.

Por parte de Unides Podem, su candidato, Héctor Illueca, condiciona un tercer acuerdo de gobierno a la creación de una empresa pública de energía para que el Ejecutivo autonómico “dirija y pilote la transición energética, como no se hizo hace diez años, supervisando lo que acabó en la burbuja inmobiliaria”. Illueca afirma que la transición energética debe hacerse “con planificación ecológica, escuchando a la gente, a los ayuntamientos y sin poner en riesgo nuestros paisajes y las actividades económicas que pueden verse afectadas por las macroplantas que ya están proyectadas”. Entre las novedades, el programa incluye: “Crearemos un canon para para las grandes energéticas que quieren desarrollar macroinstalaciones de energía renovable en el territorio valenciano. Este canon permitirá la recaudación necesaria para dotar un fondo de sostenibilidad del territorio y/o transición justa y recaería sobre las grandes plantas de renovables que con proyectos en curso en las tres provincias”. Los morados también abogan por crear un fondo de financiación que costee el 100% de la instalación de placas fotovoltaicas en edificios y viviendas particulares de barrios vulnerables o para familias de ingresos bajos y, como los valencianistas, ,paralizar proyectos como la Magda de Castellón -“paralización sobre los macroproyectos energéticos que han seguido su curso de espaldas a la ciudadanía”-.

Por parte del PP, su programa aboga por acelerar estos procesos al máximo, elaborar un listado de trámites vinculantes, el silencio administrativo positivo, crear un mapa de prioridades, ayudas y vías de financiación para los proyectos. Ciudadanos sigue una línea similar: sus escasas menciones al tema implican agilizar los trámites, incorporar más personal y estudiar la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Cofrentes. En el test que este diario ha elaborado para las elecciones, los candidatos resumen sus propuestas en la materia.

Federalismo y autogobierno

Los tres partidos que componen el Pacto del Botánico abogan por incrementar el autogobierno valenciano. El PSPV plantea un modelo federalista, como ha venido haciendo Puig durante toda la legislatura, desde las conferencias de presidentes que se dieron para gestionar la pandemia, abogando por un reparto de recursos que dote de mayor capacidad a las comunidades autónomas.

El programa de Unides Podem plantea una “agenda federalista”, dotada de seis puntos, que van desde el cambio de sistema de financiación a la condonación de la deuda y la inversión territorial proporcional: “Tenemos que dirigirnos hacia un modelo de carácter federal capaz de superar las fracturas a las cuales actualmente no se encuentra salida y que profundizan en los problemas de vertebración territorial y de cohesión social en nuestro país”, señala el documento. En materia de autogobierno, también apuntan: “Reforzaremos el autogobierno valenciano en el campo de las relaciones laborales para retomar la capacidad de ejercer la competencia como una verdadera autoridad autonómica en materia laboral”. Su candidato, Héctor Illueca, plantea una “Generalitat republicana”, un modelo que intervenga la economía para capitanear la transición ecológica. De hecho, el dirigente ha planteado sus propuestas sobre el modelo de Estado en su libro La propuesta republicana.

Compromís no tiene una agenda federalista concreta. Su programa se empapa de la reivindicación de mayor autogobierno, desde la reclamación de la transferencia de servicios públicos hasta de la financiación para potenciarlos. Cuenta con un eje concreto: financiación y defensa de los intereses valencianos, en el que se encuentran alusiones específicas a la recuperación del derecho civil y el “impulso de una reforma del Estatuto de Autonomía que amplíe el reconocimiento de derechos de los valencianos y las valencianas y amplíe las competencias que ejerce la Generalitat”. En este campo, todos los partidos coinciden en medidas para recuperar la capacidad legislativa.

Los socialistas han defendido su modelo federal en sus congresos internos y desde las instituciones, con propuestas que a menudo contradicen las de su partido a nivel estatal, como la desaparición de las Diputaciones provinciales. Ximo Puig, en su propuesta de “La vía valenciana”, expone: “Este proyecto de futuro persigue profundizar en un autogobierno fuerte, eficiente y eficaz, alineado con Europa, potenciado por un federalismo asimétrico para España, una financiación justa y un gasto equitativo, una deuda por la infrafinanciación sufrida compensada y que desarrolla políticas públicas eficientes y eficaces. Un autogobierno que fortalece y amplia los resultados de sus políticas, mediante una alianza cooperativa con ayuntamientos y mancomunidades”.

Los socialistas destinan el eje 11 de su programa a esta cuestión, con una treintena de propuestas, que van desde la gestión de los fondos europeos desde la proximidad, aumentar el gasto público para equipararlo a la media y mejorar los servicios públicos, aumentar el empleo público, políticas de diálogo social; a la par que insisten en las políticas de descentralización y gestión compartida de recursos.

Por su parte, la derecha no hace referencias al autogobierno, pero aboga por “descentralizar” la cultura y la formación del IVASPE. El PP recoge una propuesta de “defensa de lo nuestro” que incluye aprobar una ley de señas de identidad valencianas -“protegeremos los símbolos, bandera, denominación, tradiciones y señas de identidad propias de la Comunitat Valenciana, y de España, en todo nuestro territorio”-, recuperar el derecho civil y el apoyo a fiestas y tradiciones y a las entidades que las promuevan.