El Gobierno valenciano prepara una ley de barrios para blindar servicios públicos y proteger los centros históricos

La Generalitat Valenciana prepara una ley que organice los barrios desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico y social. La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática plantea un modelo de ordenación urbana que tenga en cuenta las necesidades de los habitantes de cada zona, su población en cuanto a cantidad y demografía, y proteja los centros urbanos como elementos identitarios.

El planteamiento del departamento dirigido por el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, pasa por considerar algunos elementos arquitectónicos y los cascos antiguos de las ciudades como una seña de identidad, una forma de frenar, incluso revertir, procesos que mal llamados gentrificatorios han convertido los centros urbanos en parques temáticos. La turistificación y la proliferación de franquicias, con elementos visuales idénticos, hacen que en algunas capitales haya espacios indistinguibles entre sí, con la pérdida de valor cultural que conlleva.

El proyecto legislativo, que salió a exposición pública el pasado abril, aboga por garantizar equipamientos que cubran los servicios básicos, potenciar elementos identitarios, rehabilitar tejidos urbanos existentes, fomentar el comercio de proximidad y aumentar las infraestructuras urbanas verdes, hacia un modelo de ciudad más amable y habitable. La norma quiere dotar de cierta estabilidad a las intervenciones y evitar la degradación de los barrios, así como introducir los procesos participativos en estos proyectos. La idea apela al “papel estructurador” de los equipamientos en la configuración de la ciudad y el barrio para conseguir “aportar un valor añadido capaz de generar elementos identitarios y de influir sobre los sentimientos de identificación con un lugar concreto”. Es decir, cómo tejer barrios cohesionados para evitar un efecto segregador, que impacte en la igualdad de oportunidades. Que el código postal no resulte tan determinante.

La Conselleria de Vivienda solicitará en el próximo pleno la tramitación de la norma con carácter urgente para movilizar fondos europeos cuanto antes. La norma se ampara en el Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia, la herramienta del Gobierno para canalizar los fondos europeos Next Generation, a los que Bruselas ha marcado plazos estrictos. Así, justifica este departamento, se hace necesario tramitarla “cuanto antes”.