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David Rodríguez defiende ante la jueza su viaje a Cuba con motivo del funeral de Fidel Castro como una labor “solidaria”

David Rodríguez y Raquel Pérez junto a algunos miembros del PCPV, entre ellos Rosa Albert, a las puertas de los juzgados

EFE

Alicante —

El coordinador general de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), David Rodríguez, ha enmarcado este miércoles el viaje a Cuba que hizo en diciembre de 2016, coincidiendo con el funeral de Fidel Castro, en la “labor solidaria” de la asociación José Martí.

Rodríguez, quien ha sido acompañado por una decena de militantes del PCPV, entre ellos la candidata a coordinadora general de Esquerra Unida Rosa Albert (en cuya lista milita Rodríguez), convocados por el Partido Comunista, ha resumido así ante los periodistas su comparecencia en un juzgado de Alicante como imputado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

La magistrada María Luisa Carrascosa ha interrogado también bajo esa misma condición a la portavoz de EUPV en la Diputación de Alicante, Raquel Pérez, quien sufragó los 1.150 euros de la factura del viaje con fondos públicos a través de la partida económica anual que la corporación provincial asigna a cada partido para sus gastos.

El juez requiere documentación

Después de esas comparecencias, la juez ha dictado una providencia en la que da cuatro días de plazo a ambos investigados para que aporten diversa documentación relativa al viaje.

A Rodríguez le reclama “justificación documental de la actividad de la asociación y/o política” que realizó a Cuba, mientras que a Pérez le requiere el “soporte bancario” del gasto y documentos sobre actividades “de índole similar subvencionadas por el grupo de Esquerra Unida” de la institución provincial entre 2016 y 2017.

La denuncia contra ambos políticos fue interpuesta en su día en un juzgado de València por un asesor del PP en ese ayuntamiento, Luis Salom, suspendido de militancia en esa formación tras su implicación en la llamada 'Operación Taula'.

Sin embargo, la denuncia recayó finalmente en el juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, después de la inhibición del órgano judicial valenciano.

Asociación José Martí

Rodríguez ha reiterado ante la magistrada que su viaje a Cuba se enmarca en la colaboración del grupo de EUPV de la Diputación alicantina con la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, de cuya dirección él forma parte.

“Esa colaboración va mucho más allá de este viaje y ha permitido unos logros más que constatables, como la aprobación de una declaración institucional por el pleno de la Diputación de Alicante que condena y pide el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, la única institución supramunicipal del País Valencià que lo ha conseguido”, ha dicho.

Además, según su versión, numerosos municipios alicantinos se han sumado a esa iniciativa “con proyectos de colaboración o sensibilización”, tanto por el “empuje de Esquerra Unida” como de otros partidos.

En esta línea, ha recordado que esa misma labor solidaria ha sido respaldada por su formación política en favor “del Sahara o la Asociación Democrática de Mujeres”.

“Esto no debería ser ni noticiable. Es una colaboración natural que hay que desvincular de mi cargo como coordinador de Esquerra Unida. ¿Qué hubiera pasado si otra persona de la junta directiva de la asociación hubiera hecho ese viaje?. Evidentemente no estaríamos aquí”, ha añadido.

Asegura que ya rindió cuentas

Rodríguez sostiene que rindió cuentas de los resultados de esa visita al país caribeño tanto a la asociación José Martí como al grupo de EUPV en la Diputación y se ha remitido a diferentes comunicados de prensa emitidos a tal efecto en su día.

Por su parte, Raquel Pérez ha asegurado que los gastos realizados por EUPV en la corporación provincial han sido “fiscalizados por el Tribunal de Cuentas” sin que se haya detectado “ninguna irregularidad desde 2015”, fecha desde la que ella es portavoz.

Además, todas las asignaciones económicas de los grupos políticos están siendo objeto en la actualidad de una “comisión de fiscalización” por el servicio de intervención de la Diputación, que le ha pedido subsanar en dos ocasiones algunas cuestiones.

Pérez ha afirmado que ha “resuelto todas las dudas” que pudieran existir sobre estos hechos durante su declaración judicial y apenas ha tenido que contestar a preguntas.

“No solo hay una factura nominal. Nuestro grupo tiene otras 30 o 40 de las mismas características que ésta (la que es objeto de investigación)” por “viajes, jornadas y dietas” relacionadas con su “labor política”, ha indicado.

Por otra parte, la diputada provincial ha lamentado el “sensacionalismo” con el que, a su juicio, se ha tratado este caso frente a otras cuestiones como “la transferencia de 195.000 euros del Partido Popular en la Diputación a su organización regional”.

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