EU presenta una querella criminal contra cinco consellers de la Generalitat
Esquerra Unida ha presentado este miércoles una querella criminal contra cuatro consellers de la Generalitat Valenciana en activo -María José Catalá, Máximo Buch, José Císcar e Isabel Bonig- y un exconseller -Serafín Castellano- por un delito de vulneración de los derechos cívicos, tras no entregar la información y documentación que ha reclamado el grupo parlamentario de manera reiterada -hace apenas unos días, el TSJCV obligaba de nuevo al Consell a facilitar el contrato del último contrato del 'liquidador' de RTVV Ernesto Moreno-.
Según relataba el portavoz de EU, Ignacio Blanco, con esta querella “sentamos un buen precedente: ir por la vía penal contra las personas que están vulnerando de manera sistemática la ley. Es lo que la gente quiere. Nos preguntamos cómo puede ser que no nos den los contratos públicos, que se amparen en cláusulas de confidencialidad que o no existen, o que si existen no tienen validez legal. Que respondan ante la Justícia y que lo hagan ellos personalmente”.
Así, Blanco ha aseverado que todas las sentencias, las 18 que ha ganado Esquerra Unida, y las que han ganado otros grupos parlamentarios, que ya superan la treintena, son las que avalan esta querella, “la Justícia ya se ha pronunciado y dice que se vulnera la Constitución y las leyes en cada una de las solicitudes, y en cada una de ellas además no nos dan ningún argumento legal para denegarnos esa información”.
En unos casos, apuntaba el portavoz de Esquerra Unida “nos cuentan cualquier milonga”, y en otros casos directamente “no nos quieren dar esa información porque consideran que no es conveniente o creen que es confidencial, pero nunca tienen base jurídica”.
A juicio del diputado autonómico, el Consell está actuando “de manera arbitraria, incumpliendo la legalidad de manera sistemática y a sabiendas”. Por lo tanto, ha insistido en que se dan todas las características para decir que entra dentro del artíclo 542 del Código Penal, que es la tipificación del “delito de impedir el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución y las leyes”.
