Fraccionamiento de contratos y cargos de alta dirección, origen de la operación contra Jorge Rodríguez
El fraccionamiento de contratos en la Diputación de València sería el origen de la operación policial que este miércoles ha supuesto la detención del presidente del ente provincial, el socialista Jorge Rodríguez, junto a otras cinco personas, así como los registros de la sede del gobierno provincial, de la empresa pública Divalterra, del Ayuntamiento de Ontinyent (del que es alcalde Jorge Rodríguez) y de sus domicilios particulares. Las denuncias habrían partido del PP provincial y se habría sumado también la denuncia de Ciudadanos hace unos meses.
Los orígenes se remontan a la denuncia que presentó Rafael Soler, dirigente del PP miembro del Consejo de Administración de Divalterra, ante la Fiscalía Provincial Anticorrupción el 30 de noviembre de 2016 y amplió el 29 de diciembre de 2016. En dicha denuncia Soler advierte de posibles delitos de administración desleal de la sociedad, delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos.
Pero esta denuncia, aunque fue admitida a tràmite el 2 de enero de 2017, acabó archivándose, lo cual hizo que el dirigente del PP optara por la vía del juzgado de guardia que recayó en el número 9 que ahora lleva las diligencias.
La denuncia se basa en un informe del auditor interno que advertía de la contratación de servicios sin un contrato/presupuesto firmado entre las partes; compromiso de créditos sin haberse iniciado el expediente de contratación con los documentos mínimos necesarios; o negociación de presupuestos con el objetivo de que ninguno de ellos superara los 18.000 euros, lo que evitaría la firma mancomunada de los dos gerentes, el del PSPV y la de Compromís.
Entre las denuncias se explicitan tres contratos con la misma letrada, Emma Ramón Bautista, por la “contratación de servicios de defensa en juicio” para Divalterra por un montante de 90.000 euros más IVA y más gastos, servicios que serían dos contratos de adjudicación directa por 12.000 euros y 18.000 euros y otro por procedimiento negociado sin publicidad por 60.000 euros más IVA. Aquí cabe recordar que Ramón representó al exalcalde de Gandia José Manuel Orengo, ex jefe de Gabinete del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y ex número tres del PSPV con Ximo Puig, en otros procedimientos.
Ciudadanos también denunció
Desde Ciudadanos también se atribuye el origen de la operación afirmando que el pasado mes de abril denunció posibles irregularidades en contratos de alta dirección en la empresa pública de la Diputación de València Divalterra.
La portavoz de Cs en la corporación provincial, Mari Carmen Peris, ha indicado que esa denuncia fue admitida a trámite y acumulada al procedimiento principal.
“Llevamos más de un año registrando preguntas e iniciativas, denunciado contrataciones a espaldas del consejo de alta dirección, pero nos han ignorado; por eso en abril no nos quedó otra vía que acudir a los tribunales”, ha explicado Peris, quien también ha concretado que la Fiscalía les contestó que aceptaban la denuncia de Cs y la acumulaban a diligencias ya abiertas previamente.
De hecho, el representante de Cs en el Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Ochando, presentó esa denuncia contra el presidente de la Corporación provincial por presuntas irregularidades en los contratos de alta dirección en la nueva Imelsa. La Fiscalía acabó interponiendo denuncia en el mes de mayo y hoy miércoles se ha desplegado la llamada 'operación Alquería'.
