La Justicia obliga al Arzobispado de València a pagar 1,5 millones a Oliva por dejar a medias el Centro Ecuménico

El Ayuntamiento de Oliva ha obtenido una victoria judicial de gran calado tras una disputa que se ha prolongado durante casi treinta años. Una reciente sentencia de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), fechada el 17 de diciembre de 2025, ha reconocido el derecho del consistorio a ser resarcido por el perjuicio patrimonial derivado de las obras inacabadas en la parcela cedida en su día a la Iglesia. El fallo judicial estipula que el Arzobispado de València debe abonar a las arcas municipales la cantidad de 1.436.624,93 euros, una cifra que busca compensar el deterioro de un terreno que quedó hipotecado por una estructura de hormigón nunca finalizada.

El origen de este conflicto se remonta al pleno municipal del 6 de septiembre de 1998, con gobierno municipal del PP, momento en el que el ayuntamiento acordó la cesión gratuita de una parcela en el sector Oliva Nova para que la institución eclesiástica construyera un templo y un centro ecuménico. Sin embargo, las expectativas iniciales se vieron truncadas cuando el Arzobispado abandonó los trabajos de construcción tras haber ejecutado apenas un 10,88% del proyecto original. Esta situación de parálisis llevó al pleno municipal a declarar, en marzo de 2006, la reversión del solar por el incumplimiento de los plazos de edificación, dando inicio a un complejo y extenso periplo judicial para determinar las responsabilidades por el estado de abandono del inmueble.

Durante años, la controversia se centró en si la presencia de la estructura inacabada suponía una carga económica para el municipio o si, por el contrario, no existía un daño real. De hecho, en el año 2023, un juzgado de lo contencioso-administrativo de València llegó a dar la razón al Arzobispado, considerando que no se había acreditado un detrimento patrimonial. No obstante, el actual equipo de gobierno de Oliva -ahora en manos de Projecte Oliva- logró revertir dicha situación en apelación ante el TSJCV. El alto tribunal autonómico ha determinado ahora que el ayuntamiento no tiene por qué soportar los costes de conversión de una parcela cuya capacidad urbanística se ha visto objetivamente condicionada por una obra fallida bajo responsabilidad de la entidad eclesiástica.

A pesar de la contundencia del fallo, el concejal de Urbanismo, Joan Mata, ha pedido cautela ante el anuncio de que el Arzobispado ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Aun así, el edil considera que la sentencia es un paso de gigante para cerrar un problema histórico que ha bloqueado el uso de suelo municipal durante décadas. En la misma línea, la alcaldesa Yolanda Pastor ha lamentado que el proyecto original nunca llegara a materializarse por el bien que habría supuesto para la localidad, pero ha reafirmado su compromiso de seguir defendiendo los intereses económicos de los ciudadanos de Oliva hasta que el conflicto quede definitivamente resuelto en la última instancia judicial.