Gabriela Bravo reclama una asignatura de Igualdad obligatoria en los colegios y un control “más estricto” de clubes de alterne

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha reclamado, frente al veto parental a determinados contenidos pedagógicos, una asignatura de Igualdad obligatoria en los programas educativos de los colegios, al tiempo que ha exigido un control “más estricto” de los clubes de alterne que “sirven de acomodo para los traficantes y de refugio para todas esas mujeres cuya vida han secuestrado”.

Bravo se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en un desayuno informativo de la tribuna 'Fórum europa. Tribuna Mediterránea' que ha tenido lugar en el Hotel Las Arenas. También ha dedicado parte de su discurso a la situación de la justicia y ha pedido al Gobierno central 40 nuevos juzgados “para compensar el déficit histórico que arrastra la Comunitat”.

Sobre el veto parental propuesto por Vox, la consellera ha manifestado: “Ahora que ciertas fuerzas inmovilistas exigen un veto parental a determinados contenidos pedagógicos, yo reivindico una asignatura de Igualdad obligatoria en los programas educativos de las escuelas” para educar a los jóvenes en valores de igualdad y de combate contra la discriminación.

Desde 2015, ha añadido Bravo, el Consell “ha demostrado que el dialogo interno y externo, el respeto al otro y la constante búsqueda de consensos es el mejor instrumento para llevar a cabo políticas que mejoren la vida de las personas y que propicien el desarrollo económico sostenible”. “Es --ha añadido-- una receta válida para el resto de España, porque para llegar a acuerdos basta con compartir los mismos valores superiores como la libertad, la solidaridad, la igualdad, la justicia y el pluralismo”.

“Vivimos momentos en los que nos alarma la expansión de opciones políticas que abogan de manera irresponsable por la exclusión del otro y la priorización del interés propio como mecanismo de seguridad. Por eso debemos de trabajar para proteger a la sociedad sin exclusión alguna y con instrumentos nuevos y consensuados”, ha abogado.

Por otro lado, a Bravo se le ha preguntado por su opinión sobre la prostitución y su regulación, y ha manifestado que para luchar contra la explotación sexual se necesitan reformas legales, el compromiso de todos porque “ocho de cada 10 mujeres que hoy en día ejercen la prostitución, la mayoría, lo hacen obligadas”, ha lamentado.

A su juicio, “debemos ser mucho más estrictos y rigurosos en el combate y se puede hacer mucho, empezando por ser mucho más estrictos en el control de todos los lugares de alterne que rodean las ciudades y que sirven de acomodo para los traficantes y de refugio para todas esas mujeres cuya vida han secuestrado”, ha afirmado.

Y ha añadido: “Deberíamos empezar a controlar más qué se ejerce y a qué actividades se dedican y establecer una normativa mucho más estricta”. Bravo se ha confesado abolicionista porque no es partidaria de legislaciones que den soporte a la liberación de la prostitución: “Yo quiero acabar con la prostitución y, para eso, debemos combatir todos conjuntamente”, ha reclamado.

Pacto por la Justicia

La consellera ha dedicado parte de su discurso a analizar la situación de la justicia y ha pedido al nuevo Gobierno un pacto por la justicia porque es “inaplazable”. “Y éste solo será posible si hay voluntad de diálogo, altura de miras. Hay que recordárselo también a la oposición, a la que reprocho que es intolerable usar la justicia o bloquear cuestiones institucionales como arma arrojadiza en el debate político”.

Así mismo, ha avanzado que pedirá al Ejecutivo la creación de 40 nuevos juzgados en la Comunitat “para compensar el déficit histórico que arrastra esta comunidad”.

Junto a ello, Bravo ha indicado que el Consell ejecutará el plan de infraestructuras judiciales con una inversión de más de 200 millones de euros; pondrá en marcha el expediente digital; incorporará el nuevo sistema de gestión procesal; y aprovechará los modernos programas de inteligencia artificial para aplicarlos a la Administración de Justicia.

Además, seguirá apoyando a jueces y fiscales en su labor diaria contra la corrupción política y económica y ampliará el número de Oficinas de Atención a Víctimas del Delito, al pasar de 26 a 37. “Es y seguirá siendo la mayor red de oficinas de atención de todo el territorio español que diariamente asiste a 45 personas”, ha recordado.

Por último, la consellera se ha referido a la violencia de género y ha recordado que en 2020, en apenas un mes son seis las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Ninguna de ellas había presentado denuncia, con lo que “así, poco pueden hacer por ellas las instituciones”, ha remarcado, y ha subrayado la importancia de la Oficina de Denuncias a las Víctimas de Violencia de Género de la Comunitat, “la primera que se pone en funcionamiento de toda España” que quieren extender a Castellón, Alicante y Elx.