La Generalitat propone al Ayuntamiento de València que ceda suelo para vivienda asequible hasta saldar la deuda del PAI del Grao

La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia avanzan en la conversión de los terrenos abandonados por el pelotazo de la Fórmula 1 en un espacio para la ciudad. El pasado jueves, el último pleno del Ayuntamiento aprobó las directrices para rediseñar el Programa de Actuación Integrado (PAI) del Grao, la zona que une la ciudad con el puerto y que fue empleada en su último tramo para el circuito urbano de Fórmula 1 en 2008. El proyecto redefine la fachada marítima de la ciudad, renuncia a la prolongación de la Alameda y se convertirá en un circuito verde que conecte con la desembocadura del río.

Pero antes de comenzar la reurbanización y la edificación, el Ayuntamiento y la Generalitat deben resolver sus cuentas pendientes. Desde la pasada década el consistorio adeuda 38 millones de euros a la Generalitat, 45 millones con los intereses del préstamo, en calidad del avance de las obras por parte del gobierno autonómico para urbanizar la zona. La deuda tendría que haberse devuelto con los pagos de los propietarios que asumirían las cargas urbanísticas -el circuito era, en teoría, un espacio que se convertiría en una calle con posibilidad de edificar-, pero estos se negaron a asumir los costes al considerarlos excesivos, dado que no todo el circuito se integraba en el barrio. Así, un circuito urbano que no iba a costar nada, en palabras del entonces presidente Francisco Camps, ha terminado siendo una carga millonaria para dos administraciones públicas. El circuito, aún sin uso, se ha convertido en un poblado chabolista.

La deuda, reconocida por el Consell Jurídic Consultiu, supone un problema para dos administraciones gobernadas por fuerzas políticas que mantienen un acuerdo programático en la Comunitat Valenciana y gobiernan en coalición (PSPV, Compromís y Unides Podem). Desde hace meses la vicepresidencia segunda que dirige Héctor Illueca (Unides Podem) y la concejalía de Urbanismo, con Sandra Gómez (PSPV) a la cabeza, buscan una forma de que el consistorio salde el importe sin que genere un grave perjuicio a las arcas públicas.

Hasta la fecha, ambas administraciones han acordado que el Gobierno valenciano destinará a vivienda pública los 32 millones de euros que abonarán los promotores del PAI del Grao al Ayuntamiento en una primera fase de negociación, pero aún no han acordado cómo hacer frente a los intereses restantes. Ahora, en línea con ese primer acuerdo, la Generalitat plantea al Ayuntamiento que la parte que no pueda cubrir con las aportaciones económicas la compense con cesión y reserva de suelo para la construcción de vivienda pública para la ciudad, con carencias importantes.

La propuesta que Vivienda traslada implica que se liquide el convenio de 2007 y que el consistorio de Joan Ribó se comprometa a agilizar los procedimientos de planificación y gestión, así como a abonar a la EVha -la empresa pública de construcción de vivienda- las repercusiones económicas a los propietarios de los costes anticipados. Ese compromiso contempla que, si los importes percibidos por el EVha no llegan a cubrir la deuda, la diferencia se compensará con la cesión de uso de suelo urbano al EVha, dentro del PAI. Por su parte, la entidad pública de vivienda de la Generalitat se compromete a que toda la deuda se destine a la construcción de vivienda pública para alquiler asequible en la ciudad y que el suelo cedido vaya al mismo fin, para no perjudicar al consistorio por la gestión del PP.

Para la vicepresidencia segunda, con competencias en Vivienda, el acuerdo supone “una gran oportunidad de avanzar en el cambio de modelo de ciudad y de huir de la especulación, frenar los precios, apostar por el alquiler asequible y ampliación de nuestros pulmones verdes”. “Estamos en el camino de revertir aquellos errores y dar un impulso grande a la disponibilidad de viviendas públicas en la ciudad que permitan alquileres a precios asequibles. Con este convenio se pasa página de las malas prácticas del PP en su gestión urbanística y de vivienda y las cambiamos por políticas e iniciativas que van encaminadas a hacer efectivo al derecho constitucional a una vivienda digna”, apunta Alejandro Aguilar, secretario autonómico de Vivienda, quien ha dirigido las negociaciones desde este departamento.

Una factura de 300 millones de euros

Fuentes de la Generalitat recuerdan que el crédito para el circuito urbano se empezó a pagar en 2016 y tiene una vigencia de ocho años, a razón de 7,5 millones anuales. En estos momentos ya se han devuelto 52,5 millones y queda por abonar un último plazo de 7,5 millones, en junio del año que viene. La Generalitat Valenciana gastó 38,6 millones de euros adicionales (45 millones, con intereses) en el desarrollo de las infraestructuras necesarias de acceso y conexión viaria de la ciudad con el Puerto de València (la Alameda y la Avenida de Francia), sumando un coste total del circuito de 98,6 millones de euros.

Además de los gastos en la construcción del circuito, la Fórmula 1 supuso un desembolso millonario para las arcas públicas en otros conceptos como el canon anual de la prueba (111 millones en cinco años), los derechos televisivos pagados por Canal 9 (26 millones) o la deuda de la empresa Valmor asumido por el Gobierno valenciano (44 millones).