La Generalitat Valenciana incorporará en las próximas semanas las primeras 335 viviendas de la Sareb al parque público

La Generalitat Valenciana prevé incorporar en las próximas semanas un primer paquete de 335 viviendas al parque público fruto del acuerdo con la Sareb. El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, llegó a un acuerdo el pasado febrero con el Gobierno central para la venta de cerca de 2.000 inmuebles del llamado 'banco malo' para ser gestionados por la Administración pública valenciana.

La Sareb puso a disposición del Ejecutivo autonómico 1.700 viviendas para ser estudiadas y formar parte de la oferta pública. Tras una primera evaluación, se determinó que 583 estaban en condiciones para incorporarse al parque público, de las cuales se incluirán la mitad en una primera tanda que está siendo analizada por los técnicos. “Es un proceso administrativo”, apuntaba Illueca, candidato de Unides Podem a la Generalitat, en una rueda de prensa este martes, preguntado sobre la fecha en la que estarán disponibles, dado que las viviendas públicas tienen que cumplir una serie de criterios.

Illueca ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez destacó hace un mes el “acuerdo pionero” alcanzado entre la Sareb y la Generalitat para incorporar viviendas, algo que él pidió por carta a la vicepresidenta Nadia Calviño. “Llevamos mucho trabajo adelantado”, ha destacado, preguntado sobre el anuncio del presidente de poner a disposición pública 50.000 inmuebles, un 20% de ellos en territorio valenciano.

Actualmente los técnicos de vivienda trabajan en inspeccionar los inmuebles y “ponerlos a punto” para iniciar el proceso de alquiler asequible. Tras este primer triaje, ha remarcado, seguirán estudiando el stock de la Sareb, muy “opaco” hasta la fecha. “Hay una cantidad importante de viviendas que no están en condiciones óptimas pero pueden ser de interés para la Generalitat”, mientras en otras hay “miles de obras en marcha paralizadas”, ha añadido el vicepresidente. Illueca confía en una evaluación de los metros cuadrados de suelo disponible de la entidad, que podrían destinarse a la construcción de vivienda de protección pública.