El Gobierno lleva a juicio a tres integrantes del movimiento feminista valenciano por multas amparadas en la ley mordaza

El Gobierno lleva a integrantes del movimiento feminista valenciano a juicio por una veintena de sanciones en las movilizaciones del 8M de 2018 y 2019. Según informa la Asamblea Feminista de Valencia, en tres casos se ha finalizado el procedimiento administrativo y las afectadas tendrán que ir a juicio por multas amparadas en la llamada 'Ley Mordaza'. La primera vista de los tres procedimientos que han agotado el recurso administrativo tendrá lugar el próximo 22 de septiembre.

La Asamblea recurrió por la vía administrativa ante la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Interior, que dictó la resolución definitiva, confirmando la sanción. De este modo, para continuar el recurso, el colectivo debe pasar a la vía judicial por el contencioso-administrativo, uno de los cambios que introdujo la Ley de Seguridad Ciudadana. Las tres sancionadas que recurren el procedimiento administrativo por la vía judicial fueron multadas por falta de respeto a los agentes de la autoridad, amparada en el artículo 37.4 de la norma, una falta que se introdujo en la ley de 2015.

El movimiento feminista valenciano se enfrenta a sanciones que suman 11.000 euros por organizar piquetes informativos en las dos convocatorias de huelga y manifestación feminista que se realizaron de forma simultánea en todo el Estado. Todo el colectivo decidió autoinculparse en solidaridad con las compañeras sancionadas y asumir el importe global, al considerar que las sanciones iban dirigidas a todas las manifestantes. Las integrantes del colectivo se reunieron con el anterior Delegado del Gobierno en Valencia, Juan Carlos Fulgencio, nombrado tras la moción de censura de 2018. Fulgencio se comprometió a revisar las sanciones propuestas por agentes de la Policía Nacional durante las movilizaciones, que la delegación acepta o no. Las manifestantes se reunieron también con la nueva delegada, Gloria Calero, para tratar esta misma cuestión, ya que en la siguiente convocatoria, en marzo de 2019, recibieron nuevas notificaciones de multa.

Desde que fueron conocedoras de las sanciones, las integrantes del colectivo feminista han convocado movilizaciones en rechazo por las sanciones, de 600 euros cada una, que consideran “desorbitadas” y “atentan contra el derecho de huelga y manifestación” ya que las acciones de los piquetes fueron “pacíficas” y “enmarcadas en una huelga legalmente convocada”. Como recuerdan desde la Asamblea, la 'Ley Mordaza' inicia procedimientos que “tienen menos garantías y genera indefensión”, “reprime la disidencia política y afecta al ejercicio de derechos fundamentales”.

“Las causas que se alegaron contra las feministas (en 2018) fueron pedir a un policía que hablara en valenciano, ocupar las calles durante una huelga legal, informar en los piquetes constituidos para ello y protestar por la violencia policial ejercida contra las activistas”, informaron en un comunicado tras recibir la primera sanción.

La plataforma critica tanto la actitud del PP, en el Gobierno en el momento de las sanciones, como del Ejecutivo socialista en coalición con Unidas Podemos, que pese a su compromiso no ha derogado la conocida como 'Ley Mordaza', que según algunos expertos criminaliza la protesta. La ley de seguridad ciudadana se aprobó en julio de 2015 y el Congreso se propuso comenzar a desmontarla en la última legislatura a través de una proposición de ley de Unidas Podemos, que finalmente no se ejecutó debido al adelanto electoral.

La Asamblea Feminista de Valencia ha convocado una concentración de rechazo a estas sanciones este martes frente a la Delegación de Gobierno.