Un informe alerta de que el 70% de los fondos europeos para educación en la Comunitat Valenciana sigue sin ejecutarse

La plataforma Docents en Lluita ha elaborado un informe en el que analiza al detalle el impacto de la falta de ejecución presupuestaria que está “dejando fuera” del sistema público a mucho alumnado. Según denuncian, la política educativa del Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca está configurando un proceso de “deterioro progresivo de la educación pública que no responde a una falta de recursos, sino a decisiones concretas de planificación”.

Tal y como explican desde el colectivo, la Conselleria ha avanzado en la elaboración de los horarios en el mes de abril, “obligando a los centros a organizar el curso sin datos reales del alumnado, lo que impide ajustar grupos y plantillas”. Esta planificación “a ciegas”, lamentan, se traduce en menos unidades, aumento de ratios y pérdida de capacidad de atención, “especialmente para el alumnado más vulnerable”.

Esta situación, sostienen, se ve agravada por la no creación y la eliminación de líneas en centros públicos sin que existan “criterios transparentes, incluso en casos con demanda suficiente”. El resultado, prosiguen, es una reducción de la oferta pública que incrementa la masificación de las aulas y desplaza a parte del alumnado “hacia la educación concertada y privada”.

A diferencia del modelo anterior, cuando la planificación “se realizaba en junio y con fechas más ajustadas”, el sistema actual “limita” la capacidad de adaptación de los centros. Esta falta de flexibilidad, apuntan, contrasta con la existencia de fondos europeos disponibles que “no se están utilizando para reforzar el sistema”.

“En conjunto, entre un 60 y un 70% de los fondos europeos están sin ejecutar”, alertan, y añaden que no se trata de un problema de inversión, “sino de una falta de ejecución de los recursos disponibles”, una situación que se ve reflejada en plantillas “incompletas” y en la no creación de los grupos necesarios.

El caso de la FP, “especialmente relevante”

Docents en Lluita califica el caso de la Formación Profesional (FP) como “especialmente relevante” ya que, pese a estar financiada en gran parte por fondos europeos, “únicamente se está ejecutando un 32% de los recursos disponibles”. Esto se traduce en menos grupos, menos plazas, menor orientación educativa y una reducción de la oferta de FP dual, mientras “aumentan” las listas de espera. Como consecuencia, sentencian, “muchos jóvenes quedan fuera de la oferta pública y se ven abocados a opciones privadas”.

Estas decisiones se están produciendo, además, en un contexto de bloqueo de las negociaciones con la Conselleria de Educación. Desde el principio de curso, los trabajadores vienen denunciando la falta de diálogo y la ausencia de respuesta por parte de la Administración en la mesa de negociación. Hasta ahora, “no se han ofrecido explicaciones claras ni garantías de cambio en la política educativa”.

El resultado, reseñan, es un proceso “sostenido de debilitación de la educación pública en base a una doble dinámica: infrafinanciación e infraejecución”. Es decir, “no solo existe una falta de recursos estructurales, sino que los disponibles tampoco se están utilizando”, lo que se traduce en plantillas incompletas, grupos que no se crean y líneas educativas que desaparecen, mientras hay financiación europea sin ejecutar.

“Lejos de ser un efecto accidental, esta dinámica responde a una planificación que, pese a disponer de recursos, no se utiliza y contribuye al debilitamiento progresivo de la educación pública”.

La contradicción resulta “evidente” para este colectivo: “Mientras se defiende la necesidad de contener el gasto, se dejan recursos disponibles sin utilizar”. Este hecho, aseguran, “cuestiona el relato del exceso de gasto y apunta a decisiones que contribuyen activamente al deterioro del sistema público de educación”.