El Parlamento valenciano inicia la tramitación de la tasa turística tras meses de negociación y la presión de la patronal de Benidorm

El Parlamento valenciano inicia la tramitación para permitir a los ayuntamientos que apliquen una tasa turística a partir de 2024. Los grupos que conforman el gobierno del Pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida), han votado este jueves a favor de la propuesta que registraron el pasado abril, tras meses de negociaciones entre las formaciones.

La posibilidad de implementar una tasa a las pernoctaciones turísticas es una de las medidas más polémicas en el seno del gobierno autonómico y genera un fuerte enfrentamiento con la oposición y con algunos sectores económicos. La propuesta, que planea desde que en 2017 la introdujera Unides Podem en el debate de política general, ha pasado por numerosas fases, tipos y estudios hasta encontrar una fórmula que hiciera sentir medianamente cómodas a las tres partes del gobierno valenciano, con los socialistas aún reticentes a la medida: un gravamen que asume el turista, que los ayuntamientos decidirán si aplicar o retirar y con una moratoria de un año para plantearla. De hecho, según comunicó la portavoz del PSPV, Ana Barceló, probablemente sus alcaldes no la apliquen si la propuesta termina el cauce parlamentario, aunque presentarán enmiendas durante el proceso.

Durante el debate, los socialistas han insistido en las ayudas al sector turístico desde el inicio de legislatura, y especialmente durante la pandemia, ante las críticas de la oposición. La diputada del PSPV Trini Castelló reiteraba que los socialistas quieren seguir contribuyendo a la mejora de la propuesta y apelaba al diálogo con el sector. Unides Podem defiende que la propuesta es “moderada”, se ha avalado “por decenas de estudios e informes” y funciona sin problemas en decenas de capitales europeas. “No hay un solo argumento ni dato veraz” contra la tasa, ha apuntado Ferran Martínez, de Unides Podem, que reivindica que los turistas colaboren con el sector. La síndica de Compromís, Papi Robles, ha insistido en el diálogo con vecinos, sector turístico y expertos para plantear la propuesta y defiende que “es una cuestión de que quienes disfruten de nuestros servicios contribuyan a pagarlos” y no sea una carga extra para el contribuyente: “Es una cuestión solidaria”. La portavoz apuntaba como contradicción que se pide a la ciudadanía que asuma el coste de vivir, con el aumento de la inflación y los precios básicos, pero no que se le libere de una carga que implican las externalidades del turismo.

El PP y Ciudadanos se manifiestan radicalmente en contra del gravamen y creen que es una piedra para los empresarios. Los populares han llevado al pleno a los alcaldes de Benidorm, Peníscola y Xeraco para manifestar su negativa a la propuesta de tasa, como “el muro de contención”. Los alcaldes del PP y su portavoz, Maria José Catalá, insisten en que se trata de una “imposición” al sector que tendrán que asumir todos los ciudadanos, pese a que en la proposición de ley se indica que el impuesto está bonificado al 100% por la Generalitat y serán los ayuntamientos quienes decidan si hay una carga extra, que pagará el visitante en el alojamiento. La patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, y una decena de asociaciones del turismo y ocio también han manifestado su rechazo con argumentos similares.

Así, con el PP en contra y los socialistas sin demasiado entusiasmo, si la proposición de ley finalmente se aprueba, València, con alcaldía de Compromís, será la única gran ciudad en gravar las pernoctaciones turísticas. El primer edil, Joan Ribó, apuntaba esta semana que “es imprescindible la tasa turística por el aumento de cargas que tenemos a nivel de seguridad, de limpieza y de otras muchas cosas, para que no lo paguen solo los valencianos, sino también los que son responsables de este aumento”. Incluso la portavoz del PSPV en el ayuntamiento y vicealcaldesa, Sandra Gómez, apuntaba la posibilidad de gravar los cruceros y los alojamientos turísticos en la capital.