La plataforma por una financiación justa reclama al Gobierno los fondos necesarios para la reconstrucción en igualdad de condiciones

La Plataforma por una financiación justa convocará una protesta simbólica el próximo 18 de noviembre frente a las sedes de la Delegación de Gobierno en Valencia, Alicante y Castellón para seguir reclamando un cambio de modelo. La plataforma, integrada por todos los partidos salvo PP y Vox, la patronal y los sindicatos, convoca manifestaciones desde hace tres años para reclamar al Gobierno central un modelo de reparto de recursos equitativo entre territorios.

Por motivos de seguridad y salud pública, la concentración de este año tendrá un carácter simbólico, como han expresado los convocantes este martes en un acto en la Nau de la Universitat de València. La pandemia marca también el tono de las reivindicaciones y las hacen más necesarias, expresan los organizadores. “La pandemia no puede ser una excusa sino la razón para la igualdad”, resumía el vicerrector de la Universitat de València, Antonio Ariño, institución que ha acogido el acto.

La portavoz de la Confederación Empresarial Valenciana, Eva Blasco, insiste en que la falta de financiación autonómica lastra las políticas de crecimiento económico y reclama al Ejecutivo central que no permita que la Comunitat Valenciana quede atrás en la reconstrucción y siga perdiendo competitividad. “Tenemos que exigir el cambio de un modelo caduco e injusto porque de ello depende que estemos mejor o peor” en el futuro, indicaba la representante de la patronal.

La plataforma, formada por todos los partidos salvo PP y Vox, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) y la patronal CEV, coincide en la necesidad de aprobar el modelo de financiación cuanto antes y que, mientras no se haya planteado ele esqueleto del sistema -el Gobierno se comprometió a que llegaría en otoño, pero la pandemia ha alterado sus planes- debería haber algún tipo de compensación. Compromís plantea un fondo de nivelación y que los fondos COVID de recuperación contemplen el peso poblacional de las autonomías como baremo para el reparto, mientras que Ciudadanos planteaba como horizonte para aprobar el nuevo modelo el año 2022, que será cuando se liquide -se salden las cuentas- respectivas a 2020, un año en el que la caída de ingresos ha sido considerable.

Los representantes de UGT y Comisiones Obreras, Ismael Sáez y Arturo León, han insistido en que los servicios públicos “nos hacen más iguales a todos” y por ello es clave asegurar su continuidad, aunque valoran que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado mejore significativamente la inversión en la Comunitat Valenciana.