Presupuestos basados en el acuerdo de reconstrucción y cambios en el Gobierno autonómico para el inicio del curso político valenciano

El debate de política general, la negociación de los presupuestos basados en el acuerdo de reconstrucción y cambios en la estructura del Consell marcarán el inicio del curso político en la Comunitat Valenciana. Este miércoles se han reunido por primera vez en un mes los portavoces de los grupos parlamentarios en las Corts Valencianes con idea de ir fijando el rumbo del Parlamento en el difícil contexto de la pandemia. La Junta de Portavoces ha finalizado sin la fijación de una fecha para el debate de política general, la primera cita plenaria de la temporada, que dependerá para su desarrollo de las medidas de seguridad que adopte el comité de sanidad de la Cámara autonómica.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ya ha solicitado formalmente comparecer para realizar su declaración de política general, pero la fecha se fijará la próxima semana. Algunos grupos como el PSPV y Compromís han manifestado su voluntad de que se realice la tercera semana de septiembre y dé, así, paso al resto de plenos ordinarios, que quedaron interrumpidos por la declaración del estado de alarma.

Mientras tanto, en el Palau de la Generalitat se gestan cambios en el llamado segundo escalón del Consell que dependen de Ximo Puig. En las filas socialistas se habla de una remodelación casi inminente, probablemente para el próximo viernes, primer pleno del Consell tras el verano, aunque en Presidencia guardan silencio sobre esta cuestión. Los socialistas tienen varios fuegos activos en Presidencia, Sanidad, Justicia en Innovación, departamentos que han vivido un año agitado. En el Palau se debe aprobar el nombramiento de Pere Rostoll como responsable de Relaciones Informativas o la sustitución de Blanca Marín al frente de la Secretaría Autonómica de Comunicación, así como un nuevo destino para la responsable socialista. En la conselleria de Innovación, departamento con un año de vida, se han producido ya varias dimisiones de altos cargos que se atribuyen a una mala relación con la consellera, y no parece que la tormenta vaya a amainar, con los ojos puestos sobre el subsecretario Pepe Villar. En Sanidad, como avanzó Valencia Plaza, José Martínez Rubio dejará su puesto como jefe de gabinete para ocupar una plaza en la Universitat de València y se apunta a la salida del subsecretario, David Fernández, exdirectivo de Baleària. En Justicia, donde hace pocas semanas dimitió la directora general de Relaciones con la Administración, el jefe de gabinete abandonó el Gobierno valenciano y cesó la subdirectra de recursos materiales, también se prevé una reestructuración interna a medio plazo. En las consellerias de Unides Podem y Compromís no se esperan movimientos, ya que acometieron algunas reformas durante la crisis sanitaria y la vicepresidenta Mónica Oltra hizo cambios en el segundo escalón a finales de agosto.

Las Corts Valencianes tendrán este otoño la tarea de aprobar los presupuestos de la reconstrucción para la recuperación sanitaria, social y económica de la Comunitat Valenciana tras la COVID-19. Unas cuentas para las que Ciudadanos ya ha tendido la mano, igual que en el Congreso, para 'alejar' al PSOE de sus socios de Gobierno. “Cuanto menos dependan de Compromís y Podemos, mejor”, expresó el síndico, Toni Cantó, el pasado martes. Los partidos que sustentan al Gobierno Valenciano -PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV- defienden que los presupuestos deben basarse en el acuerdo de reconstrucción apoyado por todos los partidos salvo Vox, y que será durante el debate parlamentario cuando se realicen los ajustes entre todas las fuerzas políticas. “La hoja de ruta de los presupuestos la marca el pacto de reconstrucción, es una hoja de ruta clarísima”, recalcaba el portavoz socialista, Manolo Mata.

El acuerdo aboga por reforzar los servicios públicos, reactivar la economía, estimular el clúster sanitario, potenciar el teletrabajo, reclamar una financiación autonómica justa para tener recursos con los que abordar todas las medidas, la lucha contra el fraude fiscal o la reforma del modelo productivo, entre otros objetivos.

El Partido Popular exige a la Cámara autonómica que se retorne a la presencialidad, una vez superada la fase más aguda de la emergencia sanitaria hasta la fecha. Los populares han registrado un escrito en el que piden que se permita ejercer su derecho al control parlamentario y a la fiscalización del Gobierno y su portavoz, Isabel Bonig, cree que si las empresas y centros educativos regresan a la presencialidad, las Corts Valencianes no pueden ser “el tercer mundo”. Para ello proponen plenos con mamparas y la previsión de un servicio de videoconferencias, dado que hay diputados que pueden pertenecer a un grupo de riesgo ante la COVID-19. De momento, este viernes comparecerá en la Diputación Permanente la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para informar sobre el avance de la pandemia y las medidas previstas para las próximas semanas.