El PSPV votará a favor de tramitar la ley de financiación de Compromís y el PP se lo piensa

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha anunciado el voto a favor de su grupo a la tramitación de la ley de financiación que ha propuesto Compromís --la conocida como Ley de Tracte Just-- mientras que el PP todavía no tiene decidido su voto. Ambas formaciones han defendido, no obstante, que tienen puntos de desencuentro con la propuesta del grupo que lidera Joan Baldoví, que entraría en trámite de enmiendas si es aprobada mañana.

El único partido que ha confirmado su voto en contra a la propuesta de Compromís es Vox, cuyo síndic, José María Llanos, ha calificado la normativa como ley de “trato injusto” y aunque ha reconocido la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, ha defendido que “para igualarnos a todos no caben nivelaciones sobre una discriminación, no caben compensaciones sobre una desigualdad, no caben desequilibrios”.

Desde el PP, Miguel Barrachina ha argumentado que su grupo está de acuerdo con los objetivos de la normativa --nuevo sistema de financiación, fondo de nivelación mientras llega y quita de la deuda a la Comunitat Valenciana si se establece para todas las autonomías-- pero ha destacado que la normativa de Compromís tiene “deficiencias”.

Así, ha lamentado que Compromís “propone este texto de forma casi idéntica” a una propuesta de la formación que ya fue “dos veces rechazadas en esta Cámara y otra por la Mesa del Congreso de los Diputados”.

Por eso, ha señalado que están “madurando” su decisión. Preguntado sobre el acuerdo entre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el síndic de Compromís para tramitar la normativa, Barrachina ha señalado que “cuando la Mesa del Congreso dijo por última vez que no podía admitir a trámite” la propuesta, “no sería por capricho”. “Lo que no queremos tampoco es que cualquier aprobación de esta Cámara que sea sujeta a un rechazo posterior”, ha añadido.

Por su parte, Baldoví ha defendido la entrada del texto a tramitación para “dar un paso adelante” en la cuestión de la financiación y ha defendido que “esta es una ley que va en la línea de lo que ha dicho la comisión de expertos”.

“Si nadie da un paso, si en su momento el Partido Popular no dio el paso que le tocaba y ahora el Partido Socialista no da el paso que toca, alguien tiene que darlo”, ha añadido. “Estamos abiertos a negociar, a transaccionar, a cambiar, pero siempre en la línea de que comencemos a avanzar, porque si nadie empieza a dar el primer paso, nunca llegaremos a ningún lugar”, ha manifestado.

Y ha criticado a la consellera de Hacienda, Ruth Merino, que “no ha hecho absolutamente nada” en un año, pese a que considera que esta propuesta debería venir del Consell. “Si considera que hay deficiencias, que se debatan y se enmienden, pero tomando pasos adelante. Si la votan en contra, ¿cuál es el plan B? ¿Culpar al gobierno nuevamente de que no aborda el cambio? Esta es una buena manera de plantearle al gobierno que tiene que hacer algo”, ha defendido.

El PSPV, a favor

Quien sí ha aclarado su postura sobre la ley de Tracte Just es el PSPV. Su síndic, José Muñoz, ha señalado que votarán a favor de la admisión a trámite de la propuesta y ha dicho que van a “trabajar el texto” y a aportar su modelo de financiación y planteamiento. De hecho, ha indicado que difieren con Compromís en algunos conceptos.

Además, ha señalado que su planteamiento es “el mismo e inamovible desde hace 10 años gobierne quien gobierne”. Igualmente, ha exigido a Mazón que cuente “qué modelo de financiación defiende para la Comunitat Valenciana”.

“De momento, solo sabemos que lo que plantea es tener mas competencias legislativas en materia de IVA para hacer 'dumping' fiscal yendo en contra de todas las opiniones de los expertos”, ha manifestado.

Trato “singular” a cada comunidad

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, ha defendido que es necesario “normalizar la complejidad” respecto a la financiación autonómica en un país “diverso y plural” como España: “Dar un trato singular a cada comunidad autónoma es la mejor forma de cumplir el artículo 156 de la Constitución, que garantiza la autonomía financiera con arreglo a los principios de coordinación y solidaridad entre todos los españoles”.