La desprotección de los riders valencianos: solo el 5,6% tiene vinculación laboral con una empresa y el 18% medidas de seguridad básicas

Varón, menor de 30 años, sin vinculación con la empresa, protección laboral ni medidas de seguridad básicas. Es el perfil del rider en la ciudad de Valencia, una profesión especialmente masculinizada (el 89% son hombres), precarizada -el 94% sin ser reconocido como trabajador-, con mano de obra joven -el 97% es menor de 50 años-y el 58% de 30- y desprotegida ante los accidentes de trabajo. El retrato lo elaboran los profesores Adrián Todolí y Andrés Boix en un estudio de la Cátedra en Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universitat de València que acaba de publicarse y que relaciona la figura del falso autónomo con los riesgos laborales: “No ser laboral les desprotege”.

El estudio se basa en la observación en varios puntos de la ciudad, vías en las que el carril bici es de uso intensivo, para analizar las medidas de protección básicas de los riders. No por esperadas dejan de ser llamativas las conclusiones: “Más del 94% (autónomos y TRADE) están sujetos a la inestabilidad en sus ingresos, así como tienen limitados sus derechos individuales y colectivos, y en materia de Seguridad Social”, afirma el estudio.

La mayoría de los repartidores utilizan la bicicleta -rara vez recurren a las de uso público-, un medio de transporte más “ineficiente” que otros para el reparto y apenas llevan medidas de seguridad; salvo en una tipología concreta de patinetes -el 8% del total de repartos- solo el 18% de los repartidores que se mueven en bicicleta llevan casco, que es obligatorio para circular en ambos casos por la ciudad. Otras medidas como guantes, chalecos reflectantes y elementos de protección de las bicicletas son práctiamente inexistentes, reducidos al 5% de los casos. El informe apunta que hay una relación entre la ausencia de contrato -y por tanto, de situación de precariedad- y de medidas de protección. Todolí recuerda que son las empresas las encargadas de dotar a sus trabajadores de medidas de protección y prevención de riesgos laborales y que las empresas de reparto, al no reconocer a los repartidores como trabajadores, eluden esta cuestión. El investigador estima que la situación de los riders es tan precaria que no pueden costearse unas medidas de seguridad básicas.

El rider es precario en general, pero entre quienes tienen un contrato se nota una leve mejoría: un incremento del 8% en el uso del casco y del patinete y de reflectantes, lo que lleva al investigador a insistir en que la cual la existencia de un contrato laboral que establezca una retribución por horas al trabajador, aumentaría los incentivos para invertir y usar “tecnología” que permitiese mejorar la eficiencia, además de la evidente seguridad. “Cabe destacar en este punto [los reflectantes] que, pese a su pobre implementación, encontramos datos más positivos en el caso de los trabajadores con contrato laboral”.

En Valencia, Glovo controla el 60% de los riders, doblando a su competidor directo, Uber Eats. Deliveroo roza el 10% y JustEat y el resto de empresas o de trabajadores a cargo de los propios restaurantes apenas llegan al 5,6%. Solo este último porcentaje tiene vinculación laboral con alguna empresa. Los riders, según una encuesta ajena pero que utilizan los investigadores, representan el 5% del uso del carril bici en Valencia y sufren el 27% de los accidentes.

Para resolver algunas de estas cuestiones se trabaja en dos campos paralelos: de un lado, el Gobierno impulsa la llamada Ley rider, que busca acabar con la figura del falso autónomo y regular el empleo en estas plataformas, una norma que los investigadores creen que contribuirá a la mejora de sus condiciones. No es la panacea, pero al menos tendrán relación laboral, con los derechos que implica. Por otro, los integrantes de Riders por Derechos trabajan en su propia cooperativa, Rodant Bicimessatgeria, que comenzará a operar en pocas semanas.