Una de cada tres atenciones de los servicios LGTBI de la Comunitat Valenciana es a personas trans

“Como el simio Pedro el Rojo se dirigía a los científicos, yo me dirijo hoy a ustedes desde la jaula del «hombre trans». Yo, cuerpo marcado por el discurso médico y legal como «transexual», caracterizado en la mayoría de sus diagnósticos psicoanalíticos como un «enfermo mental» en mayor o menor grado, como un «disfórico de género», o estando, según sus sofisticadas y dañinas teorías, más allá de la neurosis, al borde o incluso dentro de la psicosis, habiendo sido incapaz, según ustedes, de resolver correctamente un complejo de Edipo o una envidia del pene”. En diciembre de 2019, el filósofo burgalés Paul B. Preciado pronunció un discurso ante varios miles de psicoanalistas en la Escuela de la Causa Freudiana en París, valiéndose del maestro de lo absurdo, “del maestro de todas las metamorfosis, del mejor analista de los excesos que se esconden bajo el tejado de la razón científica y de la locura que toma el nombre compartido de salud mental: Franz Kafka”.

Preciado, que se define como hombre trans no binario, se dirigió a la academia “desde esa posición de enfermo mental en la que ustedes me colocan”. “Yo soy el monstruo que os habla. El monstruo que vosotros mismos habéis construido con vuestro discurso y vuestras prácticas clínicas. Yo soy el monstruo que se levanta del diván y toma la palabra, no como paciente, sino como ciudadano y como vuestro semejante monstruoso. Yo, como cuerpo trans, como cuerpo de género no-binario, al que ni la medicina, ni la ley, ni el psicoanálisis reconocen el derecho a la palabra, ni la posibilidad de producir discurso o una forma de conocimiento sobre sí mismo”, prosiguió en la sala parisina.

Si a uno de los filósofos españoles más internacionales en la actualidad se le niega la condición humana, el estigma y la violencia para los anónimos se multiplica. La organización del Orgullo LGTBI ha decidido centrar su reivindicación para 2021 en la sigla T, en medio de la fuerte disputa entre los partidos que conforman el Gobierno de coalición en España. “Los derechos humanos no se negocian, se legislan: ley integral trans ya”, será el lema principal de las manifestaciones en las capitales para el próximo 24 de junio. La convocatoria coincide con el cuarto aniversario de la entrada en vigor de la Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión de Género en la Comunitat Valenciana, abreviada como Ley Trans, la primera norma legal de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano.

Los datos del primer informe sobre la ley muestran que las personas trans “son el colectivo más vulnerable de la población LGTBI y quienes más recursos necesitan para llegar a la igualdad efectiva”, según la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra. El objetivo fundamental de la ley, aprobada en 2017 por todos los grupos salvo el PP, era despatologizar la transexualidad -al menos en el ámbito de las competencias autonómicas-. Es decir, dejar de tratar a las personas trans, hombres, mujeres o no binarias, como enfermas mentales. La ley permite el cambio del nombre y sexo sentido en la documentación administrativa de la Generalitat, en la tarjeta SIP y el uso del nombre sentido en los centros educativos, desde colegios hasta universidades. Incluye una cartera de prestaciones sanitarias -psicoterapia, hormonación y tratamiento farmacológico y cirugías-, así como servicios de apoyo e intervención psicosocial, que reciben el nombre de Orienta LGTBI. Es “una norma generadora de derechos que ha cambiado la vida de muchas personas que han sufrido, y continúan sufriendo, una fuerte discriminación en todos los ámbitos de la vida”, insistía la vicepresidenta en la presentación del balance.

El informe elaborado por el Consejo Consultivo Trans, organismo previsto en la ley, será remitido a las Corts Valencianes para su estudio en los próximos días y muestra la especial vulnerabilidad del colectivo. Durante el confinamiento, entre los meses de abril y mayo de 2020, se realizaron 726 atenciones a personas trans, la mayoría de ellas por falta de recursos básicos -alimentación y suministros- o problemas de ansiedad debido al confinamiento, fruto de no permanecer en un espacio seguro. Desde su puesta en funcionamiento en julio de 2019 el servicio Orienta ha realizado 3.152 atenciones que corresponden a 578 personas trans; una de cada tres atenciones que realiza Orienta es a una persona trans, y de estas una de cada cuatro corresponde a personas trans extranjeras, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad de este colectivo. La Generalitat Valenciana ha detectado 49 casos de agresiones tránsfobas a través de los servicios de emergencias autonómicos.

En los cuatro años de aplicación de la norma, que ha ido desarrollándose paulatinamente, se han tramitado 39 solicitudes de cambio en la documentación administrativa, la mayoría (el 38,5%), de personas entres 18 y 30 años de edad. Entre 2017 y 2020 el sistema sanitario público valenciano ha realizado 712 cambios de nombre del SIP y 565 intervenciones quirúrgicas, y solo el pasado año 239 personas recibieron atenciones psicoterapéuticas y 261 tratamientos de terapia hormonal y farmacológica. En todos los casos, el mayor grupo de edad de las atenciones se concentra entre los 18 y los 30 años de edad, lo que para el Ejecutivo autonómico se traduce en una mayor necesidad de atención en etapas tempranas, que existe una mayor dificultad de acceso al recurso a medida que aumenta la edad y la menor esperanza de vida del colectivo, fruto de una vulnerabilidad extrema durante décadas.

Ley estatal que desarrolle las competencias

La vicepresidenta del Consell y la vicepresidenta del Consejo Consultivo, Kristal Calvo, aprovecharon la presentación del balance para reivindicar al Gobierno central una normativa específica de despatologización y garantía de derechos de las personas trans. Oltra trasladó la reivindicación a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y este lunes insistió en la urgencia: “Nosotros hemos llegado hasta el último milímetro que hemos podido, pero ahora la pelota está en el tejado de la Administración General del Estado y espero que no esté encalada”, ha ironizado. La vicepresidenta y los colectivos reclaman una norma estatal que “armonice” la legislación española, que permita desarrollar otros aspectos como el cambio de sexo registral y que se adapte a otras normas europeas.