Ximo Puig tumba a sus socios de Compromís el proyecto de denuncias anónimas contra la corrupción
A poco más de un mes para las elecciones autonómicas, en las que aparentemente hay un pacto de no agresión entre socios de gobierno, el departamento de Presidencia de la Generalitat Valenciana que dirige Ximo Puig tumba uno de los proyectos estrella de Compromís: el decreto que debería regular el anonimato en las denuncias de malas prácticas en la Administración Pública.
La Consellería de Transparencia, que dirige Manuel Alcaraz, de Compromís, elaboró el pasado diciembre el decreto que da forma a la Ley de Inspección General de Servicios y del Sistema de Alertas para la Prevención de Malas Prácticas en la Administración de la Generalitat y su Sector Público Instrumental, aprobada en noviembre de 2018. Como marca la normativa autonómica, la subsecretaría de Transparencia, responsable de desarrollar el texto legal, lo envió al resto de consellerías para que hicieran las alegaciones.
Solo tres departamentos, a cargo del PSPV-PSOE, realizaron alegaciones al texto elaborado por la conselleria de Manuel Alcaraz: Sanidad, Hacienda y Presidencia. Este último departamento fue el más severo en sus consideraciones, tanto que planteó paralizar el decreto y reflexionar sobre su contenido. Presidencia expone en sus alegaciones una serie de consideraciones sobre los términos del decreto, que no considera bien definidos o diferenciados.
No obstante, el quid de la cuestión es el anonimato en las denuncias. Un aspecto que, según Presidencia, “no tiene ningún reconocimiento en esta ley”, ni en ninguna otra. “La admisión de denuncias y alertas anónimas no está prevista ni tiene fundamento en ninguna ley”, insiste el departamento en las alegaciones, al considerar que no es necesario este procedimiento para garantizar la confidencialidad -como sucede en otros aspectos administrativos- y “estimula la presentación de denuncias sin fundamento e impide la aplicación del régimen de protección en casos en los que pueda ser necesario”. Presidencia incluye en este apartado las conclusiones del grupo de trabajo de protección de datos de 2006, que considera que el anonimato no es la mejor opción porque dificulta la investigación -no se pueden hacer preguntas al denunciante- y dificulta la protección de la persona que denuncia.
Por contra, el departamento socialista plantea hacer extensiva la confidencialidad a todas las denuncias, no restringirlas a los casos que afecten a derechos fundamentales, “para evitar lesiones injustificadas, actuales o futuras, a cualquier persona, esté o no identificada como posible afectada en el momento de recibir la comunicación”. Sobre este aspecto, demanda que el decreto prevea las medidas concretas para hacer efectivas las garantías legales.
Las alegaciones sobre las denuncias anónimas han levantado ampollas en el departamento de Transparencia, que considera que el dictamen del grupo de protección de datos ha sido superado por el derecho europeo y defiende que la alerta anónima se configura en muchos casos como “única vía para conocer irregularidades”. Y añade: “es imprescindible proteger los derechos de las personas que toman esta iniciativa y se ponen al servicio del interés general”. Asimismo, considera que en el caso de denunciantes anónimos “los medios tecnológicos a utilizar deben garantizar que la confidencialidad se lleve al extremo de garantizar el anonimato del que han hecho uso. Eso se consigue con el uso de herramientas informáticas que no permiten rastrear el origen de las comunicaciones que ya existen y son utilizadas por organismos con competencias en la prevención de irregularidades” como la Agencia valenciana Antifraude, cita el organismo.
El departamento de Puig ha presentado más de 20 alegaciones al texto de Transparencia y plantea la paralización para someterlo a una “revisión en profundidad” para “garantizar que encaje adecuadamente en el conjunto del ordenamiento jurídico”. Con el decreto paralizado, la ley de Manuel Alcaraz se ve muy disminuida, ya que no puede desarrollarse más que en un par de títulos ya aprobados.
