El proyecto para la reconstrucción valenciana reabre el viejo debate entre recortes o expansión del sector público

Desde principios del siglo XX, a cada gran crisis económica le sucede un debate de las mismas magnitudes sobre la reconstrucción. Keynes frente a Hayeck y Friedman, estado del bienestar frente a neoliberalismo, intervención pública o libre mercado absoluto, políticas expansivas frente a recortes. La red pública de cuidados frente a la mano invisible, más impuestos a las grandes fortunas o “el dinero donde mejor está es en el bolsillo de ciudadano”, aumentar el empleo público frente a “adelgazar” la administración.

En la era de la COVID-19 el debate no parece ser distinto. Tras haber escuchado a más de 100 expertos en la comisión de reconstrucción de las Corts Valencianes, las seis formaciones con representación parlamentaria han comenzado a elaborar sus conclusiones. Las ponencias se han estado desarrollando esta semana y continuarán durante la siguiente, con el objetivo de llevar un documento con el máximo consenso al próximo pleno. Ya desde el momento de constituir la comisión el objetivo del consenso se intuía complejo, dadas las diferencias ideológicas. Y a medida que avanzan los grupos políticos en la redacción de las propuestas, la brecha parece agrandarse.

Los bloques se mueven según lo esperado: la bancada derecha aboga por recortes en la administración, mientras que la izquierda plantea presupuestos expansivos y ampliar la red pública. En política fiscal, se repite la disputa de cada presupuesto: las formaciones del Pacto del Botánico -PSPV, Compromís y Unides Podem- abogan por incrementar la presión fiscal a las rentas más altas, mientras que PP y Ciudadanos piden eliminar el impuesto de sucesiones y, estos últimos, rechazan “cualquier subida de impuestos”. Vox, por su parte, presentó un escrito criticando el plan del resto de partidos y el pasado jueves decidió abandonar la comisión que trataba los aspectos de sanidad.

No obstante, en esta crisis se da un cambio: hay sectores en los que ni la derecha se atreve a recortar. El coronavirus ha demostrado la necesidad de una sanidad pública potente y bien gestionada y la importancia de la investigación médica, unos servicios públicos capaces de hacer frente a un acontecimiento inesperado, que reaccionen rápido y con criterio para paliar sus efectos. Así, tanto PP como Ciudadanos han planteado una batería de medidas para reforzar la sanidad, aunque incluyen la colaboración públicoprivada y no son favorables a la reversión de las concesiones de servicios sanitarios. Pese a ello, el PP valenciano ha presentado 65 propuestas sanitarias para el plan de reconstrucción y no pide que se elimine ninguna de las del Botánico en esta materia.

Entre las propuestas del PP, recogidas en su web, se encuentran: “Blindar el presupuesto de Sanidad para evitar recortes como los realizados por el Botànic - pese a que el Ejecutivo autonómico ha incrementado el presupuesto en un 20% en la última legislatura-, un acuerdo con las asociaciones de víctimas de la COVID-19, en coordinación con la atención primaria para establecer un plan de necesidades; solicitar la bajada del IVA de las mascarillas (...), un plan de dignificación de las profesiones sanitarias, que las contemple como profesiones de riesgo y establezca un plus de peligrosidad, implantar la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos de la Comunitat para realizar acciones de asesoramiento, formación, control y detección precoz ante posibles casos de COVID-19 y un plan estratégico para evitar el éxodo de médicos especialistas formados vía MIR en nuestra comunidad, con propuestas de estabilidad laboral y mejoras salariales”.

Por su parte, Ciudadanos considera “imprescindible un reconocimiento económico a todo el personal del sistema sanitario y una mayor profesionalización de los cargos directivos dentro del sistema sanitario y una toma de decisiones basada en criterios técnicos” y plantea medidas concretas como “paga extra, liberación de guardias y convocatoria urgente de oferta pública de empleo”. Ciudadanos y el PP caen en la misma contradicción: mayor inversión con menores impuestos. Y ambos pretenden salvarla con recortes en la administración pública, planes de eficiencia, adelgazamiento de la estructura administrativa, lucha contra el fraude fiscal o con la captación de fondos europeos. Unos recortes que no van acompañados de memoria económica que justifique si ese ahorro es equivalente al aumento del gasto.

El partido de ultraderecha Vox va más allá y plantea la eliminación de todos los impuestos para constituir una empresa, la eliminación de impuesto de sucesiones -una bonificación al 100% con carácter retroactivo desde enero-, y la “suspensión de las obligaciones tributarias a las empresas”, refiriéndose al IVA y al IRPF (IVA e IRPF y pagos a cuenta del IS), así como “aligerar la factura fiscal y equiparar la carga tributaria a la vigente en otros enclaves económicos del país es clave para mejorar la competitividad de las empresas de la Comunidad Valenciana”. Por contra, plantea becas, políticas de empleo y ayudas a empresas, sin especificar cómo se costearían con esa suspensión de impuestos.

Las formaciones de izquierdas abogan por un presupuesto expansivo y ampliar la red de bienestar. En las últimas apariciones públicas, tanto Ximo Puig, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau han abogado por que la Generalitat refuerce el escudo social y construya una recuperación “que no deje a nadie atrás”. Además, las tres formaciones progresistas se han comprometido a revisar y actualizar el acuerdo de Gobierno para adaptarlo a la pandemia y revisar las prioridades. Los partidos quieren consensuar el proyecto de reconstrucción, pero no están dispuestos a reducir la inversión en sectores fundamentales.

En el parlamento autonómico, las medidas del las formaciones progresistas incluyen las reversiones de los servicios privatizados e incluyen el problema del alquiler joven como una prioridad. En el borrador de dictamen de la comisión elaborado por PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV, la palabra “público” aparece 69“ veces y se repite en todos los ejes. Sus propuestas hablan de la lucha contra la feminización de la pobreza y ponen en valor la llamada economía de los cuidados, aquellos servicios que hacen posible el desarrollo de una vida digna y que mayoritariamente son realizados por mujeres en condiciones precarias. La transición ecológica es una prioridad para las formaciones del Botànic, que intentan incluir esta perspectiva en la reindustrialización y en las políticas de movilidad. Para sufragar las inversiones, las formaciones abogan por explorar el margen de creación de nuevos impuestos o el tramo autonómico del IRPF, así como perseguir el fraude fiscal o el dumping. En el ámbito de la fiscalidad, la esencia se resume en el primer párrafo del borrador: ”Impulsar un plan de justicia fiscal que conjugue la necesidad de incrementar los ingresos tributarios, incentivar las actividades económicas generadoras de bienestar y de focalizar la aportación tributaria en los segmentos con más poder adquisitivo con la finalidad de financiar los recursos necesarios para la salida de la crisis y el sostenimiento de los servicios públicos“.

Saben los partidos que estas medidas no serán realizables sin una reforma del sistema de financiación autonómica que acerque a la Comunitat Valenciana a la media estatal, sin unas inversiones adecuadas al criterio poblacional, sin un reparto de los fondos del Estado acordes a las necesidades y al esfuerzo económico en las tareas de prevención. Tampoco lo serán si las ayudas europeas van condicionadas a recortes o reformas como las que dieron respuesta a la crisis de 2008, unas respuestas que, se dice hasta la saciedad, nadie parece querer repetir. La idea de la austeridad no está todavía desterrada.