Ribera Salud intentó evitar pagos millonarios a la Generalitat alegando que las liquidaciones anteriores al 2019 estaban prescritas

“Deficiencias estructurales de los contratos, dificultad para implementar mecanismos de control, imposibilidad de modificar el precio del contrato y una elevada litigiosidad”. En estos términos se pronuncian los diferentes informes que ha esgrimido la Conselleria de Sanidad para justificar la decisión de no prorrogar los contratos de cuatro de las cinco concesiones sanitarias, es decir, departamentos de salud públicos gestionados por empresas privadas.

Así, en base estos documentos, el Gobierno del Botánico de izquierdas recuperó la gestión pública de los hospitales de Alzira y Torrevieja, ambos en manos de Ribera Salud. Además, inició los trámites para hacer lo propio con el de Dénia, también gestionado por Ribera Salud, y el de Manises, por Sanitas. Con el cambio de color político al frente de la Generalitat, el PP de Carlos Mazón finalizó ambos procesos, pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en el hospital del Vinalopó, en Elche, en base a unas supuestas auditorías de calidad y eficiencia que nunca se han hecho públicas. También reclamaron como condición que la empresa se pusiera al corriente en las liquidaciones de sus concesiones, un asunto al que, a tenor de la documentación recabada por elDiario.es, la empresa se estaba resistiendo.

Y es que, la conflictividad esgrimida en los mencionados informes de Sanidad con la empresa gestora, en este caso Ribera Salud, queda acreditada en el acta de la comisión mixta que se celebró el 27 de noviembre de 2024, publicada en la web de Transparencia de la Generalitat. Las comisiones mixtas son reuniones bilaterales entre representantes de la Conselleria y de la empresa en las que analizan y acuerdan asuntos de la gestión del departamento de salud.

Aquel día, el Director General de Gestión Económica de la Conselleria de Sanidad Pedro M. López, advirtió de que se habían remitido las liquidaciones de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y preguntó a los representantes de Ribera Salud si habían podido analizarlas. La liquidación de cada ejercicio es el balance entre lo que abona la administración por el servicio y el coste real del mismo en función de diferentes variables, como pacientes atendidos de fuera del departamento de salud o los derivados a centros de gestión pública. De todo ello se hace un cálculo para determinar si la conselleria ha asumido más costes de los debidos, y por lo tanto la empresa debe devolver el excedente, o si por el contrario es Sanidad la que debe abonar una cuantía adicional.

En respuesta a la pregunta de López, el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, afirmó que estas liquidaciones estaban “prescritas”, unas liquidaciones que arrojaban pagos millonarios que debía hacer la empresa a la Generalitat Valenciana. Frente esta advertencia, el representante de Sanidad respondió: “La posición de la Conselleria es que no están prescritas, pero se recoge su consideración. La Conselleria entiende que, en aras al interés general, estas liquidaciones no han prescrito. Formalmente, se enviará la apertura del trámite de audiencia”. La también representante de la mercantil, Rosa Vidal, insistió después en que esas facturaciones estaban caducadas.

En la siguiente intervención, Gallart se quejó de que se dejaran fuera del procedimiento las liquidaciones de los años 2020, 2021 y 2022 que eran favorables a la empresa y que no estaban prescritas, a lo que López contestó que se debía a la excesiva carga de trabajo, que se estaba llevando un orden cronológico y que de momento habían llegado hasta 2019, pero que seguirán avanzando hasta ponerse al día.

Finalmente, tras incluir Sanidad como condición para prorrogar hasta 2030 la concesión del hospital del Vinalopó que la empresa se pusiera al corriente en las liquidaciones de sus concesiones, acabó abonando un total de 58 millones de euros de todo lo pendiente entre 2010 y 2022 de todas las concesiones, es decir, además del Vinalopó, Alzira, Torrevieja y Dénia. Y eso que solo en el Vinalopó, entre 2020 y 2022 el saldo favorable a la empresa fue de 23,8 millones de euros.

Un contrato en vigor

Fuentes de Sanidad han confirmado a preguntas de esta redacción que en esos 58 millones están contabilizados las liquidaciones que Gallart daba por prescritas: “No ha prescrito porque el contrato de concesión está en vigor y por tanto sus efectos económicos también”, han indicado. En la misma línea fuentes de Ribera Salud afirman que finalmente “se aprobaron las liquidaciones y se pagó todo”.

Sin embargo, el conflicto no ha finalizado puesto que tal y como informó este diario, el Consell Jurídica Consultiu (CJC) ha cuestionado las liquidaciones a partir del año 2020 al entender que el precio de la cápita que cada año se actualiza en función de unas variables está sobrevalorado desde ese ejercicio por el gasto extraordinario que supuso la pandemia, puesto que una vez se normalizó la situación sanitaria, no se descontó de la ecuación y se consolidó así en los años sucesivos. La cápita es el precio que paga la administración a la mercantil gestora por cada una de las personas susceptibles de ser atendida dentro del área sanitaria a la que se da cobertura.

En este sentido, también la Sindicatura de Comptes pone de manifiesto que Sanidad hizo efectiva la prórroga sin corregir este desfase e n el precio de la cápita provocado por el efecto pandemia meses después de que un informe de la Viceintervención General para la Administración Sanitaria (VGAS) advirtiera de esta situación. Incluso la cápita se actualizó al alza, en un 1,50%, quedando por tanto ésta fijada en 1.066,44 euros por persona, como advirtió esta redacción.

Según la Sindicatura, “el efecto del Covid incrementó excepcionalmente los indicadores que sirven de base para el cálculo de la cápita desde 2020” lo que supone “un posible enriquecimiento injusto a favor del contratista, según concluye la VGAS, dado que las liquidaciones son a favor de la concesionaria a partir de esa fecha”.