Rus acusa sin pruebas al exfiscal del 'caso Taula' de prevaricar para ascender: “Presuntamente, como en Sálvame”

Alfonso Rus, expresidente popular de la Diputación de Valencia, ha cerrado completamente desatado y en un tono de cariz 'trumpista' su turno de última palabra en el juicio por la pieza separada D del 'caso Taula', acusando al exfiscal anticorrupción Vicente Torres, actualmente magistrado, de confabularse con la denunciante de la causa para proyectar su carrera en la judicatura. Lo ha hecho sin pruebas pero curándose en salud: “Presuntamente, como dicen en Sálvame”, ha matizado a la salida de la Ciudad de la Justicia de Valencia.

“Hubo un contubernio entre el fiscal, que entonces era Vicente Torres, y la entonces diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez [actualmente consellera en funciones de la Generalitat Valenciana] contra mí y montaron esta historia. Con ella se prometió presuntamente a Torres que se elevaría al estrellato”, ha afirmado Rus, el único acusado que ha hecho uso de su derecho a la última palabra.

Sin embargo, la causa se inició con una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en 2014, un año antes de la conformación del primer Gobierno autonómico del Pacte del Botànic, compuesto por el PSPV-PSOE y Compromís y con el apoyo de Podem. Y cinco años antes de que las Corts Valencianes, con los votos del Pacte del Botànic, eligieran a Vicente Torres en una terna para ocupar una plaza de magistrado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la única que puede encausar o enjuiciar a aforados autonómicos. Un nombramiento confirmado en última instancia por un pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mayoría conservadora.

“A este señor se le gratificó bien”, ha insinuado Rus ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. Así, el expresidente popular de la Diputación de Valencia, para quien el Ministerio Público solicita una pena de ocho años de prisión en el juicio por el presunto amaño de un 'call center' de la Diputación, ha afirmado: “Metieron a Rita Barberá, a Paco Camps, a Eduardo Zaplana y a Alfonso Rus. Rita falleció; Paco tuvo que decir 'aquí no hay nada'; a Eduardo le metieron un papel en el despacho de un abogado; y Rus no ha oído ni una prueba contra él”.

El alegato se ha centrado especialmente en la denunciante y en Anticorrupción. “Es una vergüenza que entre la Fiscalía y Rosa Pérez montaron todo este tinglado”, ha lamentado a la salida del juicio. Rus también ha anunciado, aunque sin dar detalles, una querella contra la denunciante del 'caso Taula', la consellera en funciones Rosa Pérez Garijo. “Ojo, ahora que no estará aforada, ahora iremos a por ella, no se irá de rositas”, ha dicho. “Mi abogado sabe que todos los que hicieron daño —todos—, hasta la muerte a por ellos”, ha espetado el acusado.

Su letrado, Emilio Pérez Mora, ha pedido la nulidad de toda la causa y ha asegurado sobre Alfonso Rus: Anticorrupción “nos ha vendido que Rus era el 'capo di tutti capi' [el jefe de todos los jefes, según la expresión italiana que designa a la jerarquía de los organizaciones criminales mafiosas]”. Las defensa de Rus ha dudado de la cadena de custodia de los audios que entregó el exsuegro de Marcos Benavent a la Fiscalía. El disco duro que almacenaba las diez horas de grabaciones, que propiciaron el inicio de las pesquisas, pertenecía a Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', pero permanecía en el domicilio de su exesposa tras una traumática separación.

“Se accede sin permiso, sin autorización y vulnerando sus derechos”, ha dicho el abogado, quien ha agregado que, a su juicio, se trata de una presunto ilícito de revelación de secretos. “Es un delito como la copa de un pino”, ha afirmado. Además, también ha argumentado que la intención del empresario Mariano López, también acusado, era “joderlo”, en alusión al 'yonqui del dinero'.

“Cepillarse a Alfonso Rus”

La defensa de Alfonso Rus considera que cuando Anticorrupción recibió los audios —primero de la mano de Rosa Pérez Garijo y luego del exsuegro de Benavent— “sabe de un tercero que no ha dado permiso para que se obtenga”. “Se callaron para montar este caso y cepillarse a Alfonso Rus”, ha dicho el letrado.

También ha atacado a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: “Los informes de inteligencia policial”, ha asegurado, “son un chiste” basados en las declaraciones iniciales de Marcos Benavent, durante su fase inicial de colaboración con Anticorrupción.

Sobre el fondo de la causa (el presunto amaño del contrato del 'call center' de la empresa pública de la Diputación de Valencia de la que Benavent era gerente), el letrado ha negado que fuera una iniciativa de Rus y ha recordado que todos los partidos en el pleno de la institución provincial, a excepción de Rosa Pérez Garijo, votaron a favor de la externalización del servicio de atención telefónica en materia tributaria.

La defensa mantiene la tesis de que la UCO “siempre” señala al expresidente popular de la Diputación de Valencia “porque sin Rus no hay 'caso Taula'”. “La Fiscalía se ha limitado a establecer una sospecha en orden a conjeturas, no sólo sin pruebas [también], sin indicios; la acusación tiene que ser más certera, más concreta”, ha concluido.

Par su parte, el letrado del funcionario Salvador Deusa ha defendido la actuación de su cliente, responsable del contrato del 'call center', y ha denunciado “multitud de literatura” en los informes de la UCO. “Los pliegos se adecuaron a la legalidad y la valoración que se hizo fue absolutamente legal”, ha manifestado. En definitiva, ha apostillado, se trata de un contrato “mal ejecutado”. “Los servicios se prestaron y se pagaron y, si el servicio se prestó, no hay ninguna sustracción de dinero público”, ha afirmado.

La defensa del funcionario Ricardo de Ángel Marí ha seguido una línea argumental similar y ha sostenido que, durante el juicio, se ha acreditado que el servicio se prestó y que “era mejor que el 'call center' de la Diputación”, antes de ser externalizado.

Los letrados de la esposa y de la cuñada del empresario Mariano López, acusadas por un presunto delito de blanqueo de capitales, han negado que fueran testaferros. López cobró casi 200.000 euros de la empresa adjudicataria del 'call center' a través de una empresa a nombre de sus familiares, aunque figuraba como apoderado ante el Registro Mercantil, ha recordado la defensa de su mujer. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, cree que se trata de una firma pantalla para cobrar los fondos. “En modo alguno puede haber intención ocultatoria mínimamente viable”, ha dicho el letrado de la cuñada de Mariano López.

Tras algo más de un mes de vista oral, el juicio ha quedado visto para sentencia.