Los sacerdotes en los hospitales públicos cuestan a la Generalitat Valenciana casi un millón de euros al año

La Generalitat Valenciana paga cada año cerca de un millón de euros para la prestación de asistencia religiosa a las personas de confesión católica. En concreto, en 2019 salieron de las arcas públicas 961.800 euros para financiar a los sacerdotes de la Iglesia Católica en los hospitales de las tres provincias valencianas.

El pasado año la cifra se incrementó respecto al anterior; en 2018 el gasto público autonómico fue de 856.000 euros para estos servicios. El gasto valenciano comienza a equipararse al de la Comunidad de Madrid, donde en 2016 el Gobierno regional gastó 1.041.695 euros en financiar el servicio sanitario de atención al culto católico, en el que trabajan 57 sacerdotes.

Desde que se firmara en 1986 con el Gobierno de Felipe González (PSOE) el acuerdo con la Iglesia Católica, el Estado primero y las comunidades autónomas después han tenido que asumir el coste de la asistencia religiosa en centros sanitarios. Las competencias en Sanidad están transferidas a las autonomías, así que son sus gobiernos quienes asumen este coste.

Según los datos a los que ha tenido acceso eldiario.es, en la provincia de Valencia hay 39 capellanes, doce de ellos con trabajo a media jornada; en Alicante 20, cinco de ellos a media jornada y en Castellón rondan la decena de sacerdotes. El salario neto mensual para un capellán a jornada completa (sin contar la tributación a la Seguridad Social) es de 1.025 euros, mientras que por una media jornada perciben 512 euros.

Para el resto de confesiones religiosas no hay grandes acuerdos, aunque en 2015, durante los últimos coletazos del Gobierno del PP valenciano, se firmó un documento para la prestación de asistencia religiosa evangélica a pacientes y familiares ingresados en los hospitales del Sistema Valenciano de Salud, “cuando dicha asistencia sea solicitada”; entre los centros donde se ha solicitado iniciar la actividad están el Hospital La Fe, el General de València, el Hospital Clínico y el de Gandia. La vigencia del acuerdo terminaba en diciembre de 2019. No hay constancia de que otras confesiones hayan solicitado un acuerdo.

El senador de Compromís Carles Mulet planteó al Gobierno central que, en cumplimiento de la Constitución, se tomen las medidas necesarias para garantizar la aconfesionalidad del Estado también en los centros sanitarios. Mulet considera que si no se presta servicio a las personas musulmanas y sí a las católicas el Estado incurre en discriminación. El senador planteó varias preguntas al Gobierno para conocer el coste de la asistencia católica desde la firma del acuerdo con la Iglesia.