Asoma la intolerancia

Una iniciativa ultra busca criminalizar a la izquierda y el valencianismo

La derecha y la extrema derecha barajan reabrir el conflicto identitario

Poner por escrito en una ley que serán objeto de algún tipo de discriminación (no digamos ya de sanción) quienes sostengan determinadas ideas (por ejemplo, los Països Catalans o la existencia de una cultura compartida con Catalunya y Balears), utilicen determinadas denominaciones (País Valenciano) o lo que es más absurdo, consideren lo mismo que considera la razón, la ciencia, el sentido común y hasta el organismo normativo oficial (que valenciano y catalán son dos nombres de una misma lengua). En eso consiste una ley de señas de identidad, aberración antidemocrática que el PP ensayó como último legado de su periodo de hegemonía en 2015 y derogó inmediatamente el Pacto del Botánico nada más llegar al poder en la Generalitat Valenciana.

La criminalización de los adversarios y los disidentes, o su proscripción o señalamiento como si fuesen ciudadanos que no gozan de los mismos derechos que el resto, aunque paguen los mismos impuestos, está planteada de forma brutal en una iniciativa legislativa popular que ha presentado en las Corts Valencianes uno de los dirigentes ultras más agresivos del anticatalanismo local, Juan García Sentandreu. Sus potenciales víctimas son el valencianismo cultural y político, el mundo de la cultura y la izquierda y las fuerzas progresistas en general. “Ninguna entidad, academia, universidad o centro docente, tenga carácter público o privado (...), puede cuestionar lo que se expresa aquí”, se lee en el texto, que habla de “infracciones administrativas”, “faltas muy graves” y hasta “delitos de odio”.

En realidad, García Sentandreu ha reciclado del baúl de los recuerdos una iniciativa casi idéntica que ya presentó en 2008 y que entonces el PP y el PSPV-PSOE rechazaron tramitar. Ahora, con la utracatólica Llanos Massó en la presidencia de las Corts Valencianes, y gracias a una reforma precisamente del Gobierno del Botánico que facilitó las iniciativas legislativas populares, la Cámara autonómica la ha enviado a la Junta Electoral para poner en marcha el procedimiento que prevé la recogida de apoyos. 

Dada la condición de García Sentandreu de exmilitante de Vox, partido del que se marchó en medio de denuncias sobre manipulación de los procesos electorales internos, parece evidente que la iniciativa apela desde el extraparlamentarismo a la ultraderecha actualmente en el Consell. Hecho que causará más de una incomodidad al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, que pactó con el partido de Santiago Abascal la elaboración de una ley de estas características. 

La izquierda se ha apresurado a repudiar la iniciativa porque “va contra los principios básicos de la democracia”. La gran pregunta es cuándo y en qué términos prevé el PP acordar con Vox la ley de señas de identidad que figura en el acuerdo de Gobierno. El PSPV ha decidido agitar las discrepancias entre ambas fuerzas a cuenta del mencionado compromiso, entre otras acciones, mediante una interpelación al vicepresidente Vicente Barrera, de Vox, para que detalle la política de señas de identidad tras su reactivación por parte de la ultraderecha extraparlamentaria.

Toda esta situación no hace sino evidenciar que, a diferencia de la izquierda y el valencianismo, que han procurado dejar atrás las querellas identitarias heredadas de la Transición (una actitud muy visible durante los ocho años de los gobiernos presididos por Ximo Puig o de Joan Ribó como alcalde de la capital), la derecha valenciana sigue anclada en una concepción patrimonial de la identidad valenciana crispada por el anticatalanismo, ajena a la diversidad y el pluralismo de una sociedad moderna; en suma, incapaz de concebir una valencianidad inclusiva. Lo que está por ver es hasta qué punto se trata de un inmovilismo calculado o de una auténtica involución.

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