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Un tránsfuga de Ciudadanos pide a las Corts Valencianes que le paguen 6.500 euros que se ha gastado en asesores

El diputado tránsfuga de Ciudadanos Jesús Salmerón.

Lucas Marco

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El diputado autonómico Jesús Salmerón abandonó Ciudadanos y recaló en el grupo de no adscritos de las Corts Valencianes. Además de su sueldo como parlamentario, tiene derecho a una subvención de 1.400 euros para sus gastos que deben ser justificados ante la Mesa de la cámara autonómica. Salmerón ha solicitado a la Presidencia de las Corts Valencianes que le abone los gastos que ha adelantado de su bolsillo para contratar a dos asesores. El tránsfuga pide que se le “reintegre en la máxima brevedad posible” para no generarle un “perjuicio económico” al haber avanzado los fondos de sus “propios recursos”.

Así, el parlamentario ha adjuntado las facturas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto por un monto global de 5.100 euros, correspondientes a labores de asesoría parlamentaria. Se trata de cuatro facturas de 1.400 euros cada una a Rubén Alcaraz Marín, un exasesor de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia y representante de la formación naranja en la pedanía de Algezares. Alcaraz, tal como ha explicado a este diario, es autónomo y se dedica tanto al diseño de interiorismo y las reformas como a la consultoría en comunicación con la marca Icoedro.

En otro escrito, Salmerón adjunta una factura correspondiente al mes de octubre por los honorarios de otro asesor de comunicación, Adrià Gallego Freitas, domiciliado en Collado Villalba. La factura incluye la minuta de 1.400 euros por la “redacción de preguntas parlamentarias, PNL y otras iniciativas”, así como la redacción de documentos oficiales, elaboración de discursos y asesoría en gestión de marca personal y redes sociales. Gallego es un periodista formado en el Taller de Presentadores del Laboratorio de La Voz, según su currículum online. 

El diputado Jesús Salmerón ha explicado a elDiario.es que, como diputado no adscrito, puede contratar servicios externos. Rubén Alcaraz, su primer ayudante, era asesor de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. “Lo conocía de muchísimos años”, señala. “Conocí a Adrián y cambié de persona”, agrega en referencia al segundo asesor, que se ha trasladado a vivir a Valencia. Salmerón defiende que tiene “derecho a trabajar” con quien considera “idóneo”.

El tránsfuga de Ciudadanos critica que los diputados no adscritos se encuentran “hacinados” en un despacho y sin recursos para hacer frente a su labor parlamentaria, frente al equipo de asesores del presidente de la cámara Enric Morera. “Me encontraba sin técnicos ni nada”, critica Salmerón, quien reivindica que lleva presentadas 768 iniciativas.

En sus dos escritos, el tránsfuga que se autoinvitó a la convención del PP en Valencia, solicita a la presidencia de la cámara que le devuelvan los abonos a sus asesores, que ha pagado de sus ahorros. “Yo no paso las facturas antes porque, hasta que no resuelve la Mesa que tengo esa asignación, no podía pasarlas y siguiendo la recomendación de las Cortes las planteo de golpe”, explica. “Me toca adelantar el dinero de mi bolsillo”, agrega Salmerón.

El parlamentario también ha debido abonar gastos de aparcamiento por 600 euros desde el pasado mes de mayo. Los fondos destinados a los no adscritos, argumenta el tránsfuga, están consignados en las bases de ejecución del presupuesto de las Corts Valencianes, “incluidos los del diputado Morera”, agrega visiblemente molesto.

La batalla de Salmerón con la presidencia de la cámara se enmarca en el intento por parte de los tránsfugas de Ciudadanos de conservar el aparcamiento y un extra como portavoces. El parlamentario se ha negado a comentar si sus compañeros provenientes de Ciudadanos también facturan servicios de asesoría aunque ha asegurado que la exdiputada de Vox Rebeca Serna sí lo hace: “Tiene una persona contratada”, declara Salmerón. 

El exdiputado de Ciudadanos José Luis Martínez Ortega vio cómo la cámara autonómica bloqueó una factura que presentó a un abogado de Murcia especializado en seguridad vial por 900 euros, según publicó el diario Levante-EMV.

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