Transparencia en las entidades locales en tiempos de crisis

El sábado 14 de marzo de 2020, el BOE publicó el primero de una serie de Reales Decretos, Reales Decretos-Leyes, Resoluciones y Órdenes Ministeriales, que han hecho que el Boletín Oficial del Estado sea el libro de cabecera del confinamiento para todos los que nos dedicamos a esto de la Administración pública. Me refiero al RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que hasta la fecha se ha prorrogado cuatro.

El Estado de Alarma declarado en virtud de lo dispuesto en los apartados b) y d) del art. 4 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y sitio, implica que se limiten una serie de derechos como la libertad de circulación de personas, que estamos “sufriendo” todos los ciudadanos con la esperanza de que sirva para frenar esta pandemia.

Sin embargo, parece que, sin venir impuesto por la declaración del Estado de Alarma, hay un derecho de todos los ciudadanos que está siendo también limitado, de manera consciente o inconsciente, pero en definitiva, limitado. Me refiero al derecho de acceso a la información pública.

La Ley Orgánica 4/81 que regula en Estado de Alarma, nada dice en relación a la limitación del derecho a la información, y ello probablemente se deba a que en aquel momento, dicho principio no tuviese la importancia que ha adquirido en la actualidad, y que los escándalos de corrupción que hemos vivido en los últimos tiempos han convertido en un principio esencial sin el cual es muy difícil que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones y en el sistema democrático. Así se pone de relieve en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la información pública y buen Gobierno.

Por todo ello, vemos todos los días que los medios de comunicación están reclamando ese derecho esencial de acceso a la información, especialmente para conocer todos aquellos asuntos vinculados a la gestión de la pandemia. Con ello se pone de manifiesto que sólo si se es transparente se puede permitir a la ciudadanía realizar esa labor de control de las actuaciones públicas.

Esta legítima petición de transparencia se produce también en los demás niveles de Gobierno, tanto en el autonómico como en el local. Los que tenemos el honor de trabajar en pequeños municipios, ahora conocidos como “PYMEL” (pequeñas y medianas entidades locales), percibimos algo que desgraciadamente se echa de menos cuando la administración está más lejos del ciudadano y es precisamente esa proximidad, esa “exigencia” de rendición de cuentas que el vecino, de una manera natural, día tras día, dirige a la alcaldía.

Considero que el acceso a la información por parte del ciudadano y el comportamiento transparente en todo momento por parte de los poderes públicos es esencial para mantener la legitimidad de las instituciones y del sistema democrático en su conjunto. Por tanto, no sólo no debe limitarse en circunstancias excepcionales como puede ser la declaración del Estado de Alarma, sino que, más bien al contrario, es necesario reforzar la TRANSPARENCIA, comunicar de manera clara y directa al ciudadano las decisiones adoptadas, sólo así se puede transmitir confianza y seguridad a la población. Todo aquello que intencionadamente o no, se oculta, genera suspicacias y especulaciones y nada mejor para acabar con ello que ser transparente y veraz.

Desde las Administraciones Públicas se ha hecho un gran esfuerzo para hacer llegar a los ciudadanos a través de las páginas webs, redes sociales, bandos whatsapp, aplicaciones móviles, etc… todas las indicaciones que las autoridades sanitarias han ido comunicando a la población con el fin de velar por la Salud Pública y poner fin a esta pandemia lo antes posible. Los medios de comunicación nos recuerdan todos los días que nos quedemos en casa o las fases de la “desescalada”. Pero los ciudadanos reclaman más que eso, necesitan saber por qué se toma esa decisión y no otra, en qué se invierte el dinero público y cuál es la realidad de la situación. Quizá sea esta una oportunidad de reforzar no sólo la salud de la población sino también la higiene democrática.

*María Escamilla Faus, vicesecretaria COSITAL Valencia (Colegio Oficial de Secretarios Interventores y tesoreros de la Administración Local de Valencia)