La Guardia Civil registra la sede de Acciona, Acuamed y otras empresas relacionadas con el caso Azud

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra este martes las sedes de diversas empresas en Alicante, Valencia y Castellón. La incautación de documentación se enmarca en una de las piezas del caso Azud, que investiga una trama de sobornos en el equipo municipal de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València. Entre las empresas a la que se han trasladado los agentes de la UCO se encuentra Acciona y Acuamed.

Los agentes buscan documentación sobre el presunto pago de comisiones en la etapa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en los registros que está practicando de manera simultánea en Madrid y la Comunitat en el marco del caso Azud, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Esta operación de la UCO, denominada 'Zagreo', se habría originado con unos papeles hallados en el domicilio del exsecretario de finanzas del PSPV José María Cataluña -investigado en Azud- relacionados con presuntas comisiones en adjudicaciones de un tramo del trasvase del Júcar-Vinalopó, licitado por Aguas del Júscar, dependiente del ministerio que dirigía Cristina Narbona.

La titular del juzgado de instrucción número 13 de València acordó el lunes prorrogar treinta días más el secreto parcial de cinco piezas separadas del caso Azud y de varios folios de la causa principal.

La magistrada investiga una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilícitas a cambio de la adjudicación de grandes proyectos inmobiliarios y contratos públicos en la capital valenciana y tiene bajo el foco a empresarios, abogados y políticos del PP y PSPV, como el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP) o el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio (PSPV-PSOE) en su etapa como concejal.

Procedimiento secreto

Los registros tienen como objetivo de requerir diferente documentación a las empresas y, además, para tomar declaración a diferentes personas. Se trata de un procedimiento secreto relacionado con delitos de prevaricación, cohecho y malversación y que cuenta con el apoyo de la Europol.

En el mismo auto, la magistrada ha levantado el secreto referido a la documentación que fue intervenida en soporte informático, telemático y de telefonía móvil.

Según el texto, procede prorrogar el secreto de la parte de las actuaciones porque se están llevando a cabo en piezas separadas diligencias de investigación “esenciales cuya publicidad perjudicaría de forma muy grave el buen fin de la instrucción”, pues se podría producir “la destrucción de fuentes de prueba relevantes”.