La cara B de las universidades a distancia: la Inspección obliga a la VIU a contratar como laborales a decenas de profesores que trabajan como falsos autónomos

La Inspección de Trabajo de Valencia ha obligado a la Universidad Internacional de Valencia SL (VIU) a contratar como personal laboral a decenas de profesores que trabajaban para la entidad como falsos autónomos. Los inspectores han enviado varios requerimientos a la universidad a distancia del Grupo Planeta (70%) y la Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores (30%) de la Generalitat para que cambien este modo de contratación que consideran fraudulento, como pasó en el sector del transporte o más recientemente en la contratación de los riders por parte de Deliveroo o Glovo.

Tras el apercibimiento de los inspectores, la VIU lleva desde el pasado mes de octubre dando la opción a sus profesores de elegir entre ser autónomos o pasar a ser contratados, según fuentes de personal docente de la institución. La intención es, según las mismas fuentes, que todos los docentes  formen parte de la plantilla independientemente de las horas que impartan.

En su web, la universidad asegura tener más de 800 docentes para impartir sus grados y posgrados a distancia. El próximo paso será devolver las cuotas de la Seguridad Social no abonadas por el uso de falsos autónomos en los últimos cuatro años y se desconoce si también tendrá que hacer frente a una multa.

Fuentes de la VIU no han querido entrar a explicar el requerimiento de la Inspección de Trabajo y han respondido a preguntas de eldiario.es que en la actualidad se encuentran en un periodo de “laboralización” de sus docentes, que se está desarrollando “en función de las necesidades docentes, atendiendo al número de estudiantes matriculados y las materias impartidas”.

“Desde la Universidad Internacional de Valencia estamos inmersos en el desarrollo de un proceso de laboralización de nuestro claustro docente. Este proceso se desarrolla con el objetivo principal de cumplir con las expectativas de nuestros estudiantes, dentro del modelo de excelencia académica de nuestra Universidad”, han argumentado sin aclarar tampoco si tendrán que hacer frente a las cuotas de la Seguridad Social de sus ahora empleados cuando trabajaron como autónomos.

La denuncia inicial ante la Inspección de Trabajo sobre los falsos autónomos docentes partió de CCOO hace más de un año y medio y, tras una exhaustiva investigación, los inspectores de Valencia requirieron a la universidad para que cambiara esta práctica.

La actuación de la inspección de Valencia podría animar a otras inspecciones provinciales a actuar con las numerosas universidades privadas a distancia o academias que también utilizan a autónomos como profesores como si de una relación mercantil entre empresas se tratara.

Esta actuación de la inspección se ve reforzada, además, por la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 3511/2019 de 29 de octubre del pasado año que concluye que los profesores que trabajan a distancia con la plataforma de las academias deben ser contratados como personal y no pueden ser autónomos. Lo mismo pasaría con las universidades on line o los centros de formación que utilizan este tipo de enseñanza.

Tal y como explica el profesor experto en Derecho Laboral de la Universitat de València Adrián Todolí, el Supremo entiende que “los medios de producción son de la empresa”, por lo que los profesores que imparten la docencia deben ser empleados de la misma. “No puede haber una prestación de servicios entre empresas, que sería la utilización de la figura del autónomo”, remacha. Todolí desgrana el fallo que crea jurisprudencia en su blog.

La sentencia sustenta su argumentación para considerar que los profesores, impartan las horas que impartan y pese a no ser una colaboración continuada, deben formar parte de la plantilla como laborales. “Era la empresa la que ponía la organización académica necesaria para la prestación de servicios por los  profesores, quien ofertaba los cursos al público, quien organizaba los grupos de alumnos, quien fijaba los horarios del curso, salvo que fueran personalizados, con un único alumno, en cuyo caso, eran los profesores, junto al alumno quien organizaba los horarios”, sostiene Todolí en su post sobre la sentencia.

“No desvirtúa la calificación laboral el hecho de que los profesores decidieran el temario y evaluaran el contenido como quisieran dado que ello entra en la libertad de cátedra”, añade el profesor de la Universitat de València.

Respecto a la actuación de la Inspección de Trabajo con la VIU, entiende este experto que las pesquisas deberían acabar en multa. “La inspección debe enviar un mensaje a la sociedad de que quien no cumple acabará pagando y será sancionado”, afirma. 

La Universidad Internacional de Valencia (antes, Universidad Internacional Valenciana) fue creada en 2008 por el Gobierno de Francisco Camps. En un primer momento el capital fue cien por cien público hasta que la crisis económica provocó que el 70% de su propiedad fuera traspasada al Grupo Planeta Agostini en 2013, que pagó alrededor de cuatro millones de euros por su adquisición. Un dinero que sirvió para dar liquidez a la Generalitat dirigida por Alberto Fabra que estaba en quiebra técnica.

Entre los años 2006 y 2013 la Generalitat Valenciana destinó 34,5 millones de euros en sus presupuestos ordinarios para la creación del sistema informático y encargó al arquitecto Frank Gehry la construcción de una sede emblemática en Castelló que iba a costar 7,5 millones de euros pero que nunca se hizo. Con la entrada de Planeta en la universidad, la sede de la VIU pasó a la calle del Pintor Sorolla en Valencia. 

El centro a distancia con sello valenciano ha centrado sus esfuerzos en Latinoamérica y de 2016 a 2019 dobló su facturación hasta los 40 millones de euros. En 2017, la sociedad limitada obtuvo unos beneficios después de impuestos de 4,3 millones de euros. Exactamente el precio por la que fue adqurida.