La Audiencia Nacional amenaza con multar al Gobierno por la cesión de competencias ambientales al Puerto de València para la ampliación

Cuanto más avanza la tramitación de la polémica ampliación norte del Puerto de València más conflictos judiciales va dejando a su paso. El pasado 16 de diciembre se hizo pública la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional del recurso contra la resolución, de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que posibilita que la Autoridad Portuaria (APV) pueda decidir por sí sola acerca de si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental para la ampliación que la misma APV promueve.

La denuncia la presentó la Comissió Ciutat-Port, integrada por entidades vecinales y ecologistas, que recurrió este cambio legal inicialmente en vía administrativa ante el propio ministerio sin obtener respuesta, por lo que decidió acudir a los tribunales frente a una resolución que califica de “nula de pleno derecho” y dictada en fraude de ley.

Han pasado casi tres meses y aún siguen esperando a que el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, la socialista Teresa Ribera, les facilite la mencionada resolución con el objetivo de interponer una demanda.

Ante esta situación, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha requerido por segunda vez al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que remita a la plataforma ciudadana la documentación.

Según la diligencia de ordenación fechada el pasado 17 de febrero a la que ha tenido acceso elDiario.es, se advierte al ministerio que “ha transcurrido en exceso el plazo de remisión del expediente administrativo” y le concede un nuevo plazo de diez días para cumplir lo ordenado, con advertencia de multa en caso de nuevo incumplimiento, “apercibiéndole de que en otro caso se le impondrá la multa de 300 a 1.200 euros a la autoridad o empleado personalmente responsable”. Una diligencia contra la que cabe recurso de reposición.

La Comissió Ciutat-Port denuncia que la reiterada demora del ministerio en la remisión del expediente dificulta la posibilidad no solo de formalizar la demanda en el recurso contencioso administrativo ya abierto, sino también la posibilidad de pedir la paralización de las actuaciones que pretende acelerar la APV, como es la aprobación de un proyecto constructivo sin evaluación ambiental, al considerar que la de 2007 no ampara los cambios introducidos en el mismo.

“Se trata de un comportamiento inadmisible por parte de una administración pública que, no solo elude sus responsabilidades en cuanto a la tutela del medio ambiente y deja en manos de la Autoridad Portuaria la condición de ser juez y parte de la macroamplicación que promueve, sino que está jugando a ganar tiempo para posibilitar que Puertos del Estado y la misma Autoridad Portuaria puedan completar el proceso de aprobación de un proyecto constructivo sin evaluación ambiental y favorecer a la empresa interesada en la concesión de la ampliación”, denuncian los portavoces de la Comissió Ciutat-Port.

“Si llegase a adjudicarse la concesión y después los tribunales anulasen esta operación entraríamos en una situación similar a la del tristemente célebre caso Cástor, con indemnizaciones millonarias a favor de una empresa privada”, añaden las mimas fuentes. 

La Comissió Ciutat-Port reitera que la resolución ministerial, cuya impugnación admitió a trámite la Audiencia Nacional el pasado mes de diciembre, es “nula de pleno derecho” y fue dictada en fraude de ley, ya que contravenía lo dispuesto en la legislación básica en materia de revisión de actos administrativos, establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y supone un fraude de la legislación ambiental.

“Pretender operar un cambio de titularidad de competencias en materia de evaluación ambiental con efectos retroactivos y con absoluto desprecio de las normas que permiten a la administración volver sobre sus propios actos, solo puede calificarse como una decisión nula de pleno derecho”, afirman portavoces de la plataforma que integra a diversos colectivos ciudadanos.

La Comissió Ciutat-Port recuerda que las obras que pretende llevar a cabo la APV, y de las que Puertos del Estado y el ministerio pretenden desentenderse, son muy diferentes a las autorizadas en la DIA de 2007. “No solo por el volumen de materiales de relleno que se proyecta emplear y que supera en casi cuatro millones de metros cúbicos los contemplados en la solución autorizada en 2007 (de 19,05 millones de metros cúbicos a 23,3 millones de metros cúbicos); sino también por la demolición de un contradique y del muelle de cruceros (terminados en 2012, dentro de la que fue aquella primera fase de las obras), el incremento del consumo de recursos naturales, el incremento de dragados (de -18 metros a -18,5metros) y en zonas exteriores a la dársena actual con el consiguiente efecto negativo sobre las playas del sur, ya detectados durante estos años”, asegura.

La plataforma ciudadana ha confirmado que, una vez disponga del expediente administrativo que ha requerido nuevamente la Audiencia Nacional solicitará que ésta suspenda la eficacia de la resolución ministerial recurrida hasta tanto recaiga sentencia definitiva.

“La confirmación de las deliberadas dilaciones del ministerio nos hace pensar que existe una clara voluntad institucional de favorecer la concesión y el inicio de las obras de la macroampliación portuaria con la intención de colocar a la ciudadanía ante una situación de hechos consumados”, señala. Algo que portavoces de la Comissió afirman que no van a consentir porque supondría un abuso de poder intolerable en un estado de derecho.