Generalitat Valenciana y Gobierno acuerdan establecer un protocolo de emergencia que garantice el agua para la Albufera

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha anunciado que la Generalitat y el Gobierno han acordado trabajar conjuntamente para establecer un protocolo de emergencia que garantice el agua para la Albufera ante situaciones excepcionales y críticas como las vividas este otoño.

Pradas se ha pronunciado en estos términos tras la reunión mantenida este miércoles con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Un encuentro en el que, según ha explicado, “nuestro primer acuerdo ha sido colaborar de manera inmediata en la elaboración de este protocolo para dar estabilidad a la gestión del parque, ante situaciones como las vividas este otoño”.

La titular de Medio Ambiente ha subrayado que el Gobierno “ha trasladado su apoyo y colaboración para lograr que l’Albufera sea incluida en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la Unesco, dado sus grandes valores ecológicos y paisajísticos, además de los etnológicos y culturales”.

Sobre los aportes de agua para el parque natural, Salomé Pradas ha informado de que “hemos llegado a un principio de acuerdo para que l’Albufera reciba más aportes. Quedan 10 hectómetros por recibir, atendiendo al plan de cuenca, y se valorará con los regantes para que esa agua llegue con carácter inmediato”. 

Entre los asuntos abordados, la consellera ha trasladado al secretario de Estado la “urgencia” de que el Gobierno nombre a sus tres representantes -uno del Ministerio de Transición Ecológica y dos de las confederaciones del Júcar y del Segura- para la constitución de la Mesa del Agua de la Comunitat Valenciana. “Sin estos nombramientos, la Generalitat no puede poner en marcha este órgano necesario para propiciar las soluciones al problema de falta de garantías en el suministro del agua en nuestra tierra”, ha señalado.

Reivindicaciones en materia de agua 

En materia de Agua, la responsable de Medio Ambiente ha manifestado la “falta de sintonía del Ejecutivo con nuestras reivindicaciones para los regantes de la Vega Baja”. En este sentido, ha señalado que la Comunitat Valenciana “quiere un trato justo y que las aportaciones de caudales del trasvase Tajo-Segura no atiendan a criterios ideológicos ni políticos, sino a criterios técnicos”.

Pradas ha recordado que, frente a los recortes que ha venido imponiendo el Gobierno central, la Generalitat ya ha interpuesto cinco recursos contencioso-administrativos ante la Sala de la Audiencia Nacional que se encuentran en tramitación. “El aumento de caudales ecológicos sin informes técnicos que lo avalen no es sostenibilidad, es una injusticia que nos afecta a todos. Por ello, reclamamos el fin de esas decisiones arbitrarias que castigan a nuestra tierra. Por ello, nuestra estrategia será la misma, defender nuestros derechos por todas las vías necesarias”, ha manifestado.

Plan de regeneración de la costa y ley del litoral

Salomé Pradas ha trasladado al Ejecutivo los avances de la Generalitat en el anteproyecto de Ley del Litoral de la Comunitat Valenciana. “Hemos alcanzado un consenso para ir de la mano en este anteproyecto. Tan pronto tengamos la futura norma redactada trataremos de consensuar aquellas cuestiones que puedan separarnos o fundamentar algún recuro al Tribunal Constitucional”.

Por el contrario -ha añadido- “no hemos llegado a puntos de encuentro sobre los deslindes”. Pradas ha recordado que el Consell “comparte la indignación de los vecinos de los municipios costeros”. Por ello, ha agregado, “alegaremos todos aquellos expedientes que se planteen y reclamaremos cuantas veces sea necesario que el Gobierno aplique las necesarias medidas de regeneración”.

Entre los asuntos abordados en el encuentro de trabajos, la consellera ha subrayado la necesidad de ejecutar “con carácter de urgencia” las obras de regeneración de la costa valenciana. En este sentido, ha solicitado el desbloqueo del 97 % de las obras de regeneración de la costa previstas por el Gobierno y pendientes de ejecución. “Hay 60 proyectos en distinto grado de elaboración pendientes de ejecutar que podrían financiarse en su totalidad con fondos europeos y la posibilidad, sin embargo, tiene un plazo de ejecución, que es diciembre de 2025”, ha finalizado.