La inversión pública en la polémica ampliación del Puerto de València ascenderá a un mínimo de 397 millones de euros

La polémica ampliación norte del Puerto de València supondrá un coste inicial de las arcas públicas de 397 millones de euros. Así lo recoge el plan de empresa para el año 2022 que ha aprobado este viernes en consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

El presidente del organismo, Aurelio Martínez, ha explicado que este será el coste de los dragados y de los nuevos muelles que construirá el puerto sobre los que se asentaría la nueva terminal de contendores.

A esta cuantía hay que sumar una partida de 39,9 millones para la remodelación viaria que se debe acometer en el interior del recinto portuario para acondicionar los accesos a la nueva terminal, así como los estudios encargados para el acceso norte, cuyos resultados, según comentó Martínez hace un mes, se conocerán el próximo verano. El responsable de la APV ha afirmado que la ampliación se ejecutará independientemente de que se construya o no el acceso norte o de la solución que finalmente se plantee.

Martínez ha afirmado que ya se ha remitido a Puertos del Estado el proyecto definitivo de construcción de los nuevos muelles y que espera que le den el visto bueno en enero. Sin embargo, no ha aclarado si el documento incorpora la justificación de la negativa a realizar una nueva declaración de impacto ambiental, tal y como le exigió el Ministerio de Transición Ecológica.

Sobre la investigación de la Audiencia Nacional en relación a la resolución aprobada por este Ministerio por el que se otorga a la APV la condición de órgano sustantivo, lo que implica que aglutina las competencias para promover obras y al mismo tiempo para decidir si realiza informes ambientales, Martínez se ha mostrado tranquilo: “Lo único que cambiaría es que la condición de órgano sustantivo sería de Puertos del Estado que ya se ha pronunciado respecto a la vigencia de la declaración de impacto ambiental de 2007”.

Con motivo de la celebración del consejo de administración, la Comissió Ciutat-Port, integrada por entidades vecinales y ecologistas que ha puesto la denuncia ante la Audiencia que ya ha sido admitida a trámite, ha realizado una concentración de protesta contra la ampliación a las puertas del Edificio del Reloj.