Ximo Puig se acerca al nuevo arzobispo de Valencia tras el cambio de rumbo impuesto por el Vaticano

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se acerca a la Iglesia Católica tras el nombramiento del nuevo arzobispo de Valencia, Enrique Benavent Vidal, en sustitución del ultraconservador Antonio Cañizares. Apenas dos meses después del cambio dictado por el papa Francisco, el presidente del Ejecutivo autonómico ha creado una comisión mixta de cooperación entre la Generalitat y las cuatro diócesis valencianas que, dos veces al año, conversarán sobre materias como patrimonio histórico y artístico, educación (incluyendo la enseñanza de la religión católica en los centros públicos), asistencia religiosa en hospitales y asistencia social y justicia.

El novedoso órgano —que Puig ha justificado por la normalización de “lo que ya se ha venido desarrollando durante estos años de autogobierno”— soslaya el espinoso asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia, un asunto sobre el que la Conselleria de Transparencia, en manos de Rosa Pérez Garijo (de Unides Podem), trabaja con el objetivo de identificar presuntas irregularidades. Un gesto amable del líder socialista con una parte del electorado cristiano de base, a poco más de seis meses de las próximas elecciones autonómicas y municipales, tras un largo periodo de identificación a cara de perro de la Iglesia valenciana con la derecha política, que incluso llegó a abonar con fondos públicos los gastos de la visita del anterior papa, Benedicto XVI.

Un órgano, por lo demás sin demasiado papel efectivo, que acerca al Gobierno del Pacte del Botànic a la jerarquía eclesiástica valenciana, una vía ya explorada puntualmente por la ex vicepresidenta Mónica Oltra, que mantenía una aparente buena relación con el ultraconservador Cañizares. Los miembros de la comisión mixta que no tengan la condición de personal al servicio de la administración (es decir, los representantes eclesiásticos) tendrán derecho a percibir indemnizaciones por desplazamiento. La comisión se reunirá una vez cada seis meses con carácter ordinario.

El decreto, publicado este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, atribuye la presidencia del órgano colegiado a Ximo Puig, mientras que la vicepresidencia la ejercerá el arzobispo Enrique Benavent. Por debajo, de las diez vocalías la mitad corresponden a los consellers de Cultura, Raquel Tamarit; de Sanidad, Miguel Mínguez; de Igualdad, Aitana Mas, y de Justicia, Gabriela Bravo. Las otras cinco vocalías corresponden a la jerarquía católica en el territorio valenciano y recaen en los obispos de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla (de perfil ultraconservador); de Segorbe-Castelló, Casimiro López Llorente, y de Tortosa (con competencias en algunas parroquias de las comarcas valencianas del norte), así como en el vicario general-moderador de la curia de la archidiócesis de Valencia. El decreto también reserva una vocalía para un obispo, sacerdote o laico designado por los obispos valencianos.

“Hoja de ruta común”

Ximo Puig ha explicado que el Concordato alude a las relaciones entre el Estado español y la Iglesia, pero ha asegurado que en estos momentos “hay una capacidad de desarrollo competencial autonómico muy alta” y “algunos de los elementos que en su momento se diseñaron para que fuera una relación bilateral entre el Gobierno de España y la Santa Sede en estos momentos están residenciados en el ámbito autonómico”. Así, ha destacado que la finalidad del decreto es “establecer esa comunicación que la Constitución ya prevé” y “una hoja de ruta común en aquellos temas que son de interés general para toda la Comunitat Valenciana”.

El decreto reseña funciones de la comisión mixta de asesoría a la Administración en el establecimiento de protocolos, procedimientos, metodologías y criterios de actuación coordinada para garantizar la seguridad, protección, conservación, fomento y difusión del patrimonio cultural valenciano, en cuestiones que afecten exclusivamente a bienes de titularidad de la Iglesia católica que tengan valor cultural, así como el establecimiento de las bases para el uso de estos bienes con carácter científico o artístico, “que no puede suponer en ningún caso perjuicio alguno al uso primordial y principal de carácter cultural y pastoral por el cual fueron creados por la Iglesia católica”.

La comisión también debatirá y propondrá planes de intervención conjunta para la protección del patrimonio cultural valenciano y asesorará a la Administración en el establecimiento de las condiciones para la visita, conocimiento y contemplación de los bienes patrimoniales propiedad de la Iglesia.

Religión católica en centros públicos

En materia de educación y enseñanza, la comisión mixta asesorará a la Administración en el establecimiento de protocolos y criterios de actuación coordinada para garantizar el derecho de los progenitores y tutores, en coherencia con sus convicciones, a que sus hijos e hijas, tutelados o tuteladas, reciban la enseñanza de la religión católica, así como el derecho del alumnado a recibirla en aquellos casos que proceda. También propondrá medidas para garantizar la enseñanza de la religión católica en los centros docentes públicos que dependan de la Generalitat Valenciana, así como para dotarlos del profesorado de religión que sea necesario para ello.

En el ámbito sanitario, asesorará para establecer los protocolos y medidas que garanticen la asistencia religiosa de pacientes en los centros hospitalarios dependientes de la Generalitat. Sobre asistencia social, el objetivo de la comisión será proponer los protocolos y medidas para “garantizar, en el marco de lo dispuesto en la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, y de las competencias establecidas, la prestación de servicios sociales por las instituciones de la Iglesia católica que los presten”.

Respecto al ámbito de la justicia, la Comisión Mixta asesorará en la promoción del derecho a la libertad religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades.