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En el pecado, la penitencia

Torra anunciará elecciones tras aprobarse los Presupuestos, previsiblemente en abril

Javier Pérez Royo

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Con la presión a la Junta Electoral Central (JEC) para hacer efectiva la inhabilitación de Quim Torra, Pablo Casado ha provocado una aceleración del calendario electoral en las tres “nacionalidades” del que, previsiblemente, acabará arrepintiéndose.

¿No se le ha ocurrido a nadie en el PP que, tras las dos elecciones generales de 2019, lo que más le interesaba como partido de gobierno de España es que las elecciones en las “nacionalidades” se dilataran lo más posible en el tiempo? ¿Qué podía ganar el PP con la inhabilitación de Quim Torra y la convocatoria inmediata de elecciones parlamentarias en Catalunya? Hacer “lo que te pide el cuerpo” no suele ser la mejor estrategia en política. La cabeza, como decía Antonio Machado, debe servir para algo más que orar y embestir.

En cualquier caso, la respuesta a las preguntas que acabo de formular las están anticipando los resultados de todos los estudios de opinión que se van conociendo y no solamente por la intención de voto que reflejan, sino también por las respuestas que dan los ciudadanos a otras preguntas, que no expresan de manera directa intención de voto, pero que sí reflejan un clima político completamente opuesto al que el PP está promoviendo. La encuesta publicada en La Vanguardia hoy lunes no puede ser más expresiva. Las mayorías son aplastantes a favor de la negociación entre el Gobierno y el Govern y de que empiecen de manera inmediata sin esperar siquiera a que se convoquen las elecciones en Catalunya. No parece que los ciudadanos españoles estén muy receptivos a la política de agresividad sin pausa del PP.

Pero mover el tablero electoral en Catalunya, en que las elecciones tendrían que celebrarse en 2021 e imponer que se celebren en 2020, es decir, en el año en el que tenían que celebrarse obligatoriamente en País Vasco y Galicia, era jugar con fuego, ya que obligaba a los presidentes de estas dos “nacionalidades” a tomar en consideración la “variable” catalana a la hora de tomar la decisión de convocar elecciones en sus territorios.

Y en esas estamos. El Lehendakari ha decidido mover ficha y convocar elecciones de forma inmediata, desvinculando lo más posible las elecciones vascas de lo que pueda suceder con las elecciones catalanas. Unos meses de adelanto no son muchos meses, pero para el PP son muchísimos, ya que no tiene todavía decidido ni siquiera con qué candidato se va a presentar a las mismas, ni tampoco tiene cerrado el pacto al que, por lo visto, pretende llegar con Ciudadanos. De ir a las elecciones el 5 de abril a ir en octubre o noviembre hay una gran diferencia. Las prisas en este caso le perjudican. Le perjudicaban en Catalunya y le van a perjudicar ahora en el País Vasco.

Y de rebote, también en Galicia. En 2016 Núñez Feijóo convocó a rebufo de la victoria electoral de Mariano Rajoy en el mes de julio. El PP pasó de 123 escaños en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 a 137 en julio de 2016, afirmando su condición de único partido al que podía corresponder la presidencia del Gobierno. Con ese resultado forzó la abstención del PSOE, la renuncia de Pedro Sánchez a la secretaría general y a su escaño en el Congreso. Provocó un estado de confusión y desarraigo de una enorme envergadura en el PSOE. Fue con ese viento a favor con el que el PP consiguió la mayoría de 41 escaños.

Tras las elecciones generales del pasado 10 de noviembre el viento ya no sopla de la misma manera. No quiero decir que sople a favor del PSOE con la misma intensidad con que sopló a favor del PP en el otoño de 2016, pero seguro que sopla de manera mucho más equilibrada para ambos. Y en estas circunstancias, aunque parece claro que el PP va a ganar las elecciones en Galicia, no es en absoluto descartable que al PP le ocurra lo que le pasó al PSOE en Andalucía en las elecciones de diciembre de 2018. Porque, además de la “fatiga de los materiales”, las elecciones gallegas se van a celebrar en medio de una suerte de “espiral nacionalista” de la que no va a poder abstraerse.

Buscar ayuda electoral en los tribunales o en las instituciones de garantía del proceso electoral, además de contribuir a la pérdida de credibilidad de los mismos, no es garantía de éxito siempre. A veces, como dice el refrán, en el pecado se lleva la penitencia.

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