Prefiero una filtración a un Moix

La nueva propuesta del fiscal Manuel Moix no solo resulta sorprendente sino, además, inoportuna e impropia de quien tiene, como función constitucional, la defensa de la legalidad. Pretender que se sancione “al medio de comunicación que filtra” como forma de reducir las filtraciones es, a todas luces, un disparate.

Los medios de comunicación no filtran informaciones, las publican y, si realmente le preocupan las filtraciones, entonces debería dirigir su mirada hacia otro lado. Los medios sólo publican aquello que, con relevancia informativa, llega a sus manos.

Moix no está en condiciones éticas ni morales de dar lecciones de ningún tipo pero, al menos, podría intentar dar la apariencia de continuar defendiendo la legalidad que es lo mínimo que se espera de un fiscal y parece ser que a Moix se le ha olvidado que el artículo 20.1.d) de la Constitución establece que se reconoce y protege, entre otros, el Derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

También sería interesante que todo un fiscal jefe Anticorrupción, cuando fuese a realizar menciones al Derecho comparado, supiese, al menos, de lo que está hablando. No es cierto que en Alemania se sancione al medio que filtra porque ningún medio filtra, solo publican y el caso al cual, parece ser, se refería es muy distinto.

Las filtraciones, en causas que se encuentran secretas, solo pueden tener unos orígenes muy claros y determinables porque, tal cual establece la Ley, cuando una causa está secreta lo está para todas las partes menos para el Juez y el Fiscal; es más, sorprende que todo un fiscal jefe Anticorrupción desconozca que ya existen sanciones, incluso penales, para aquellos supuestos en que se “filtre” algún tipo de información procedente de una causa secreta.

Como no puedo creer que Moix no conozca la existencia de estos Derechos constitucionales y de estas normas punitivas, incluso penales, solo cabe pensar que sus manifestaciones apuntan en una dirección muy distinta: no se trata de prohibir las filtraciones sino de impedir su publicación y eso es tanto como volver a instaurar la censura previa que está, constitucionalmente, prohibida. Tal vez es a eso a lo que apunta Moix porque ese sería el escenario jurídico en el que parece que se sentiría cómodo.

Moix no ha cuestionado que la información que se viene publicando sobre la operación Lezo sea falsa. Sí está muy molesto porque se conozcan una serie de datos que ponen en evidencia, por una parte, una red de corrupción muy extendida y, de otra, una red de protección pendiente, parcialmente, de desvelar. Esta y no otra es su molestia.

El Derecho Constitucional a comunicar o recibir libremente información no tiene otros límites que los establecidos en la propia Constitución y en una serie de Leyes así como en la Doctrina del Tribunal Constitucional y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Lo que desconocíamos es que un fiscal jefe tuviese, siquiera, capacidad para intentar restringir un derecho que, cada día más, se nos antoja como absolutamente necesario y defendible para poder saber por quiénes y cómo venimos siendo gobernados.

Cosa muy distinta a lo planteado por Moix es lo regulado en la Directiva Europea 2016/343 y que entró en vigor el pasado 29 de marzo de 2016 que regula la vulneración del Derecho a la Presunción de Inocencia de los investigados por parte de los poderes públicos y que encaja muy bien en España, donde hemos tenido a ministros, como Fernández Díaz, que se han apresurado no ya a revelar datos de causas secretas sino a atribuir, como hecho cierto y definitivo, responsabilidad penal a personas a las que aún les amparaba el Derecho a la Presunción de Inocencia.

Garantizar el Derecho a la Presunción de Inocencia nada tiene que ver con restringir el Derecho y la obligación de informar; los problemas y sus soluciones son totalmente distintos y no puede dejar de sorprenderme que un fiscal jefe esté confundiéndolos. A Moix no se le ha “ido la cabeza”, como he leído en redes sociales, sino que sabe muy bien lo que está planteando, para qué y por ordenes de quién.

Moix no está a la altura del cargo que ocupa y, mucho menos, de encabezar la lucha contra la corrupción; su permanencia como fiscal jefe Anticorrupción es una falta de respeto a los ciudadanos, un descrédito para la carrera Fiscal y, también, un claro mensaje político de que aquí no se pretende acabar con la corrupción sino, simplemente, capear el temporal.

Nos encontramos ante una brutal descomposición de las instituciones y de la vida pública, producto de una corrupción sin parangón que, afortunadamente, no se encuentra socializada sino muy claramente limitada a unos grupos concretos de políticos y empresarios cuyo único afán es enriquecerse a costa de las arcas públicas. Sin embargo, si no se lucha frontalmente contra esta lacra, corremos el serio peligro de socializar la corrupción y arrastrarnos hacia un escenario inasumible desde la perspectiva de las democracias europeas.

El problema no son las noticias que se publican ni las filtraciones sobre las que se basan esas noticias; el auténtico problema para Moix es que esas noticias son reales, auténticas y veraces. En definitiva, el auténtico problema no es que se informe sobre casos de corrupción sino que exista la corrupción y que personas como Moix ocupen posiciones tan relevantes en lo que ha de ser la lucha contra la corrupción.

En cualquier caso, si lo que realmente le preocupa a Moix son las filtraciones lo mejor que puede hacer es combatir eficaz y contundentemente la corrupción para que deje de ser noticia, para que deje de preocuparnos y, sobre todo, para que volvamos a tener confianza en las instituciones a las cuales su propio comportamiento tanto daño le hace.

Moix debe dimitir y ese será el mejor servicio que le puede hacer al Ministerio Fiscal y a España.