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Grupos ecologistas y ciudadanos y el alcalde Ribó presionan para frenar la ampliación del puerto de Valencia

Asociaciones como Ecologistas en Acción y colectivos como El Litoral per al Poble, advierten de que la declaración de impacto ambiental que avaló el desarrollo de la obra en 2007 caduca en diciembre y coinciden con el primer edil en reclamar una nueva evaluación acorde a la legislación vigente

Las plataformas piden a Ximo Puig que apoye la paralización de la ampliación para abrir un proceso de reflexión sobre las consecuencias para el medio ambiente y la ciudad de Valencia de construir una dársena de más de 1,3 millones de metros cuadrados

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Vista aérea del Puerto de Valencia

Grupos ecologistas y colectivos ciudadanos han articulado un movimiento contra la ampliación norte del Puerto de Valencia que exige a las instituciones la paralización del proceso, una obra "faraónica" que pretende duplicar la capacidad de la infraestructura portuaria con la construcción de una dársena de más de 1,3 millones de metros cuadrados y un importante cambio de usos en las instalaciones.

Diversos colectivos, como Ecologistes en Acció y la plataforma El litoral per al Poble, han comenzado a reunirse con los actores políticos que participan en la administración del puerto para pedirles que frenen el proceso. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, que es miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, se ha sumado a los que reclaman un informe de evaluación ambiental previo a cualquier aprobación del proyecto.

El movimiento ecologista, cívico y político exige una nueva declaración de impacto ambiental para el proyecto del Puerto, que ha sido modificado para ampliar el dique de abrigo, derribar un contradique y un muelle y cambiar el punto de atraque de los cruceros sin volver a pasar por una nueva evaluación. La plataforma pide que se tenga en cuenta la legislación actual para hacer un informe de impacto ambiental, ya que las últimas normas tienen en cuenta los efectos del cambio climático y son más exigentes en este sentido. El Ministerio de Medio Ambiente aprobó el proyecto inicial en 2007 y las obras de construcción de los nuevos diques se ejecutaron en 2012.

Miembros de la plataforma El Litoral per al Poble se han reunido con el alcalde Joan Ribó, de Compromís, y también con el vicepresidente segundo de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, de Podemos, a quien compete la coordinación de políticas medioambientales del Consell, para trasladarles sus inquietudes sobre las consecuencias que tendría la ampliación de la infraestructura. "Haremos lo posible por que el Consell las entienda", ha expresado Dalmau sobre esas reivindicaciones."Valencia debe estar en la vanguardia de las ciudades sostenibles", ha considerado el vicepresidente segundo.

La principal reclamación es que los dirigentes políticos pidan una moratoria y una nueva declaración para "que se evalúen con tiempo todos los impactos que llevará implicados esta ampliación norte y una justificación económica a largo plazo", para decidir si la ampliación está justificada realmente. Las asociaciones ecologistas han enviado una carta al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, en la que advierten de que la obra "puede suponer un desastre ambiental imposible de mitigar, con graves impactos sobre la calidad del aire, las playas, el fondo marino, la fragmentación de los ecosistemas, la probable saturación de las infraestructuras de transporte y previsibles tensiones en los presupuestos públicos".

Las declaraciones de impacto ambiental, según estos colectivos, son anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 2013 y se rigen por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 21/2013, por lo que, deducen, la declaración perdería la validez si no comienzan las obras en los seis años posteriores a la publicación de la norma. Esto sería, según sus cálculos, el 13 de diciembre de este año. 

El presidente de la APV, Aurelio Martínez

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez (izquierda)

La única oferta para la construcción y explotación del nuevo espacio proyectado en el Puerto de Valencia corre a cargo de la naviera MSC, que prevé una inversión total de 1.200 millones de euros -de los cuales, un tercio los aportaría la Autoridad Portuaria de Valencia, según los pliegos- a cambio de una concesión de entre 35 y 50 años, en función del coste que asuma la naviera. Para esa compañía, con sede en Suiza, la ampliación implicaría una mejora de posición considerable, ya que actualmente trabaja desde otro enclave del puerto en el que no puede aumentar su capacidad. El terreno máximo de construcción de la nueva terminal que fijó la Autoridad Portuaria es de cerca de 1,4 millones de metros cuadrados.

Según el proyecto, la nueva terminal tendrá una linea de atraque de dos kilómetros, especialmente pensada para naves de gran eslora, que pueden llegar a transportar hasta 15.000 contenedores. La ampliación incrementaría el volumen de contenedores en cinco millones anuales, convirtiendo el puerto valenciano en el líder Mediterráneo y el tercero de Europa en tráfico de contenedores. De hecho, según un comunicado de la Autoridad Portuaria, que preside Aurelio Martínez, enviado este mismo martes, Estados Unidos, Italia y China son los principales socios comerciales que operan a través de las dársenas valencianas, aunque el tráfico asiático ha descendido en el primer semestre.

Por lo que respecta al tráfico total, en la primera mitad del año, los tres puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Valencia (Valencia, Sagunto y Gandia) han canalizado 41.003.511 toneladas, un 7,07% más que el ejercicio anterior. 

El aumento del número de contenedores previstos ha puesto en alerta a expertos como Joan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universitat de València, o a integrantes del colectivo Terra Crítica como Joan Olmos, doctor ingeniero de caminos y profesor de urbanismo en la Universitat Politécnica de Valencia. Estas voces han estudiado cómo el incremento de la capacidad del puerto conllevaría un aumento proporcional de camiones, lo que llevaría a su vez a aumentar la capacidad de las carreteras que llegan a las instalaciones para evitar el colapso. Según Romero, la capacidad aumentaría de 6.000 diarios a 12.000.

El proyecto para resolverlo es el conocido como acceso norte, al que siempre se ha manifestado contrario el alcalde Ribó . La alternativa que plantea el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, es un túnel que transitaría bajo tierra o bajo el mar para hacer llegar los vehículos de carga. El proyecto del túnel, estimado en otros 400 millones de euros. Ribó cree que es absurdo apostar por el transporte en camiones y aboga por la opción ferroviaria, mejorando el acceso por el túnel de Serrería.

Este viernes se celebrará el Consejo de Administración del Puerto, en el que se prevé que se valore evalúe la oferta de MSC para realizar la nueva terminal. Este diario se ha puesto en contacto con la Autoridad Portuaria, que ha remitido a una rueda de prensa anterior para responder a las quejas sobre la ampliación norte del puerto. Tampoco ha confirmado que en el orden del día se incluya este tema.

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