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La Audiencia Nacional procesa a Francisco Camps por los contratos del Gobierno valenciano con la trama Gürtel

El Juzgado Central número 5 imputa por prevaricación al expresidente valenciano e indica que estaba al corriente de la financiación ilegal del PP

El juez pide a las partes su calificación de cara a la apertura de juicio oral

Francisco Camps y Ricardo Costa durante el juicio de los 'trajes'

Francisco Camps y Ricardo Costa durante el juicio de los 'trajes'

La Audiencia Nacional ha decidido procesar por prevaricación al expresidente Francisco Camps por los contratos de la Generalitat Valenciana con las empresas de la trama Gürtel. Así, el juez ha solicitado a las partes su calificación de cara a la apertura de juicio oral.

El pasado mes de diciembre, el titular del Juzgado Central número 5, encargado del caso Gürtel, José de la Mata, imputaba, a petición de la Fiscalía, al expresidente valenciano en la pieza número 5 de la causa que investiga las contrataciones del Consell con sociedades vinculadas al grupo de Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta. Concretamente por un contrato de Fitur adjudicado en 2009 a Orange Market.

La resolución judicial rebate la afirmación de Camps de que no tenía "competencia directa para la adjudicación de contratos" y considera que desde 2005, año del inicio de las actividades de la trama Gürtel en Valencia a través de la empresa Orange Market, Camps "venía dando instrucciones para que el contrato para el diseño y  construcción de los stands de la Comunidad Valenciana en Fitur fuera adjudicado a Orange Market, y así fue sucediendo ininterrumpidamente desde entonces".

También señala que no pudo haber una "situación de confusión, error, o de interpretación normativa alternativa" al otorgar los contratos de los pabellones valencianos en la feria Fitur. "Estamos ante una situación de ilegalidad manifiesta que Camps Ortiz conocía, en cuanto fueron plenamente conscientes de la arbitariedad de todas las resoluciones, es decir, que estaba resolviéndose al margen de la ley, dando cobertura a una situación creada más allá de todo procedimiento legal y que provocaba un resultado injusto", concluye el juez.

“Es cierto, como indica Camps Ortiz en su declaración, que no existen documentos que acrediten fehacientemente tales instrucciones, ni tampoco conversaciones telefónicas, correos electrónicos o mensajes" con sus colaboradores, ni "debe buscarse su firma en resolución o documento adjudicador alguno puesto que es obvio que a Presidencia de la Generalitat no correspondían tales poderes legales que, en este caso concreto, estaban asignados a los órganos de contratación de cada una de las entidades o instituciones expositoras en el stand de Grandes Eventos de Fitur 2009", explica la resolución.

Sin embargo, añade: "Pero esto no significa, como pretende, que no haya quedado acreditado en la causa, a los únicos efectos y con la entidad que reclama esta concreta resolución en esta fase procesal, que Camps Ortiz no proporcionara tales instrucciones directas e interviniera en el direccionamiento de ese contrato a favor de Orange Market. Sobre el particular existe una declaración directa y contundente, de [Álvaro] Pérez Alonso, explicando las circunstancias, la forma, el tiempo y el modo en que tal influencia directa se produjo, y la participación que Camps Ortiz tuvo en la misma”.

Financiación del PP y fichaje de 'El Bigotes'

El juez relaciona los contratos de la trama Gürtel en Fitur con la financiación ilegal del PP al indicar que "existen elementos indiciarios que ponen de manifiesto, en primer lugar, que Orange Market SL se ocupó, aproximadament durante los años 2005 a 2009, de la ejecución de todos los actos del Partido Popular. Esta corriente de servicios generó una deuda muy voluminosa, que llegó a elevarse a unos ochocientos mil euros, entre Orange Market SL y el Partido Popular".

"El Partido Popular utilizó distintas estrategias para gestionar la situación: la primera, el pago de parte de estas deudas mediante pagos en metálico (cantidades obtenidas con donaciones ilegales de empresarios valencianos); la segunda, el giro de facturas falsas de Orange Market SL a empresarios valencianos, que las asumían y pagaban", describe la resolución, que apunta: "Camps Ortiz estaba plenamente al corriente de la existencia de la deuda, así como, también de los dos procedimientos que se implementaron para pagarla".

Según el juez, el expresidente valenciano "estuvo directamente relacionado con la contratación de Orange Market por el PPCV para todas las actividades relacionadas con la campaña electoral", ya que "de hecho fue él quien decidió que Pérez Alonso se trasladara a Valencia y que, desde ese momento, se ocupara de realizar todos los eventos del Partido Popular en esa comunidad autónoma".

Es decir, que Camps fue quien fichó al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, para que se hiciese cargo de todo el entramado supuestamente delictivo. También explica el auto judicial que es "muy relevante" la declaración de Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano y condenado por la financiación ilegal, en concreto, sobre dos hechos: "de un lado, la existencia de una gran deuda del Partido Popular con Orange Market SL por la ejecución de actos electorales; de otro, sobre los procedimientos de pago y el conocimiento de Camps Ortiz de estas circunstancias".

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