Un centenar de ONG denuncia “el uso de la ayuda humanitaria como arma” en Gaza por parte de Israel

Más de 100 organizaciones humanitarias han firmado un comunicado en el que exigen al Gobierno de Israel levantar las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y el “fin del uso de la ayuda como arma” de guerra, mientras se agrava la hambruna en la Franja.

El comunicado, suscrito por organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF), Save The Children, Caritas u Oxfam, denuncia las obstrucciones de las autoridades israelíes para permitir a las ONG internacionales entregar ayuda dentro de la Franja, después de que Tel Aviv cortara todos los suministros entre marzo y mayo de este año causando una grave crisis en el enclave palestino.

Las organizaciones afirman que las autoridades israelíes han rechazado las solicitudes de decenas de ONG para introducir suministros vitales en Gaza, lo cual ha dejado varados “millones de dólares en alimentos, medicamentos, agua y artículos de refugio en almacenes en Jordania y Egipto, mientras la población palestina de Gaza sufre hambre”.

Según las ONG, esto se debe a las nuevas normas de registro de ONG internacionales introducidas en marzo por Israel, que les exige el cumplimiento de medidas que incluyen “la presentación obligatoria de datos de donantes privados, listas completas del personal palestino y otra información sensible” (algo que las organizaciones consideran “ilegal, inseguro e incompatible con los principios humanitarios”).

“Bajo estas nuevas normas, el registro puede ser denegado basándose en criterios vagos y politizados, como la supuesta ‘deslegitimación’ del Estado de Israel”, recoge el comunicado, agregando que decenas de solicitudes para introducir en Gaza suministros vitales han sido rechazadas, 60 sólo en el pasado mes de julio.

Las ONG advierten de que “el proceso ha sido diseñado para controlar a las organizaciones independientes, silenciar la defensa de derechos humanos y censurar la información humanitaria”. Asimismo, las restricciones “buscan bloquear la ayuda imparcial, excluir a los actores palestinos y reemplazar a las organizaciones humanitarias de confianza por mecanismos que persiguen objetivos políticos y militares”, en referencia a la cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza, entidad gestionada por una empresa estadounidense y respaldada por el Ejército israelí.

“El programa militarizado de distribución de alimentos ha convertido la hambruna en un arma y ha incrementado el sufrimiento”, señala Aitor Zabalgogeazkoa, coordinador de emergencias de MSF en Gaza. En los puntos de reparto de ayuda militarizados de la Fundación Humanitaria de Gaza, han muerto más de 1.800 personas mientras intentaban conseguir alimentos desde finales de mayo, según datos del Ministerio de Sanidad palestino.

Las organizaciones afirman que todas las restricciones impuestas por Israel forman parte de “una estrategia más amplia” que busca “consolidar el control y eliminar la presencia palestina”. Por ello, instan a “presionar a Israel para que ponga fin al uso de la ayuda como arma”, así como poner fin al sistema de registro y “la apertura inmediata e incondicional de todos los cruces fronterizos” del enclave.

Por su parte, el organismo militar israelí encargado de supervisar el reparto de ayuda en Gaza, COGAT, ha respondido a las ONG y ha afirmado que no cumplen con los requisitos: “El supuesto retraso en la entrada de ayuda, según las organizaciones que firmaron el comunicado, solo ocurre cuando las organizaciones deciden no cumplir con los requisitos básicos de seguridad diseñados para evitar que Hamás se involucre”.

Las autoridades israelíes alegan que el grupo palestino ha estado desviando y requisando la ayuda humanitaria para su consumo y su venta en el mercado negro.

“La negativa de algunas organizaciones internacionales a proporcionar la información y cooperar con el proceso de registro genera serias dudas sobre sus verdaderas intenciones”, ha señalado COGAT en un comunicado en redes sociales.

Esta semana, COGAT también ha negado la muerte de al menos 235 personas por desnutrición, incluidos más de cien niños y niñas, rechazando los datos del Ministerio de Sanidad palestino.

El pasado 12 de agosto, un grupo de relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos denunciaron en una carta las trabas de Israel y afirmaron que menoscaban la “capacidad (de las ONG) para operar de forma independiente e imparcial y llevar a cabo su labor humanitaria y de derechos humanos sin interferencias ni temor a represalias”.